Cameron endurecerá el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales
David Cameron pretende dificultar el acceso de los extranjeros a la sanidad y los subsidios
VÍDEO: REUTERS-LIVE
En un tono populista que podría suscribir cualquier líder de la ultraderecha europea, el primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha anunciado este lunes una serie de medidas destinadas a hacer más difícil el acceso de los extranjeros,
—incluidos los procedentes de otros países de la UE— a beneficios
sociales como la atención sanitaria, la vivienda pública o las ayudas a
los parados.
Aunque las propias estadísticas de su Gobierno confirman que la naturaleza de esas restricciones afectará sólo a una pequeña proporción de los europeos instalados en el Reino Unido, el principal objetivo de Cameron es disuadir a potenciales nuevos inmigrantes, con excepción de “los mejores y más brillantes” que puedan contribuir a la economía del país.
El anuncio del premier entronca con el endurecimiento de su discurso sobre la inmigración a lo largo de los últimos meses, en gran medida forzado por el auge del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), que viene explotando con éxito y a costa de las perspectivas electorales de los conservadores la percepción de que los extranjeros abusan de la generosidad del sistema. En tiempos de crisis económica y de drásticos recortes de las prestaciones del Estado, la cuestión de la inmigración acapara el debate político en el Reino Unido, donde un importante sector de la sociedad contempla con aprensión el inminente levantamiento de las restricciones de la Unión Europea (en enero de 2014) para que rumanos y búlgaros accedan al mercado laboral de cualquiera de los países miembros.
“No podemos revertir el fin de esos controles transitorios, pero sí podemos asegurarnos de que aquellos que vengan de la UE —o desde afuera— lo hagan por los motivos correctos: porque quieren contribuir a la nación y no por el atractivo de los beneficios de nuestro sistema”, ha subrayado el primer ministro en un discurso en el campus universitario de Ipswich. La alusión expresa a los ciudadanos comunitarios apunta a dos pequeños países que pasaron a formar parte de la Unión en 2007, Bulgaria y Rumanía. Sus nacionales pueden desde entonces recalar libremente en el Reino Unido, pero precisan de un permiso especial para poder trabajar. El vencimiento de esa limitación cuando comience el próximo año se traducirá, según la organización Migration Watch, promotora de un coto a la inmigración, en la llegada a suelo británico de 250.000 búlgaros y rumanos en los próximos cinco años. El gobierno de Cameron no ha querido hacer estimaciones oficiales, y las únicas cifras publicadas por el Departamento de Comunidades y Gobiernos Locales (13.000 nuevos emigrantes de aquellos países) son consideradas poco realistas.
El primer ministro ha aprovechado su diatriba para cargar contra los últimos gobiernos laboristas, a los que ha atribuido políticas muy “blandas” que dispararon la inmigración en el Reino Unido hasta acabar “fuera de control”. Las palabras de Cameron precisan de una matización: fue el Labour instalado en el poder quien inauguró una ruptura con la tradicional generosidad del país en materia de asilo e inmigración, imponiendo una figura legal que permite a las autoridades asegurarse de que los extranjeros que llegan al país tienen medios económicos suficientes. Pero también es cierto que su Administración infravaloró en 2005 el impacto migratorio de la ampliación de la UE con otros diez miembros, a los que Londres eximió desde el principio de toda traba para sus trabajadores. Cientos de miles de emigrantes del este de Europa, mayoritariamente polacos, se incorporaron a resultas en el mercado laboral británico.
La noción de que esos y otros inmigrantes procedentes de la UE
explotan más que aportan al sistema viene rebatida por organismos tan
solventes como el Instituto Nacional de Investigación Económica y
Social, cuyos datos revelan que su recurso a los beneficios sociales, o
la carga que suponen para la red de sanidad pública, es netamente
inferior a la de los propios británicos. Y que se trata de un vector que
trabaja duro y exige el mínimo a cambio. A pesar de que el propio
portavoz oficial de Cameron se vio obligado a admitir la veracidad de
esa radiografía tan sólo horas antes de que su jefe saliera a la
palestra pública, el primer ministro ha presentado en su discurso como
gran avance las modificaciones en el sistema de salud británico (NHS)
para que la factura de los usuarios europeos que no paguen impuestos en
el Reino Unido recaiga en los países de los que proceden.
La introducción de una prueba de residencia para los inmigrantes, que demorará la posibilidad de acceder a una vivienda de protección pública durante al menos dos años, así como la exigencia de que demuestren el dominio de la lengua inglesa y “la genuina voluntad de que buscan un empleo”, son las medidas destacadas por un Cameron en su deriva electoralista y agresiva hacia la derecha: “Como inmigrante sólo vamos a concederte seis meses para buscar trabajo. A partir de entonces, te excluiremos de los beneficios sociales a no ser que demuestres que verdaderamente estás buscando un trabajo, pero también que tienes posibilidades de conseguirlo”.
Aunque las propias estadísticas de su Gobierno confirman que la naturaleza de esas restricciones afectará sólo a una pequeña proporción de los europeos instalados en el Reino Unido, el principal objetivo de Cameron es disuadir a potenciales nuevos inmigrantes, con excepción de “los mejores y más brillantes” que puedan contribuir a la economía del país.
El anuncio del premier entronca con el endurecimiento de su discurso sobre la inmigración a lo largo de los últimos meses, en gran medida forzado por el auge del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), que viene explotando con éxito y a costa de las perspectivas electorales de los conservadores la percepción de que los extranjeros abusan de la generosidad del sistema. En tiempos de crisis económica y de drásticos recortes de las prestaciones del Estado, la cuestión de la inmigración acapara el debate político en el Reino Unido, donde un importante sector de la sociedad contempla con aprensión el inminente levantamiento de las restricciones de la Unión Europea (en enero de 2014) para que rumanos y búlgaros accedan al mercado laboral de cualquiera de los países miembros.
“No podemos revertir el fin de esos controles transitorios, pero sí podemos asegurarnos de que aquellos que vengan de la UE —o desde afuera— lo hagan por los motivos correctos: porque quieren contribuir a la nación y no por el atractivo de los beneficios de nuestro sistema”, ha subrayado el primer ministro en un discurso en el campus universitario de Ipswich. La alusión expresa a los ciudadanos comunitarios apunta a dos pequeños países que pasaron a formar parte de la Unión en 2007, Bulgaria y Rumanía. Sus nacionales pueden desde entonces recalar libremente en el Reino Unido, pero precisan de un permiso especial para poder trabajar. El vencimiento de esa limitación cuando comience el próximo año se traducirá, según la organización Migration Watch, promotora de un coto a la inmigración, en la llegada a suelo británico de 250.000 búlgaros y rumanos en los próximos cinco años. El gobierno de Cameron no ha querido hacer estimaciones oficiales, y las únicas cifras publicadas por el Departamento de Comunidades y Gobiernos Locales (13.000 nuevos emigrantes de aquellos países) son consideradas poco realistas.
El primer ministro ha aprovechado su diatriba para cargar contra los últimos gobiernos laboristas, a los que ha atribuido políticas muy “blandas” que dispararon la inmigración en el Reino Unido hasta acabar “fuera de control”. Las palabras de Cameron precisan de una matización: fue el Labour instalado en el poder quien inauguró una ruptura con la tradicional generosidad del país en materia de asilo e inmigración, imponiendo una figura legal que permite a las autoridades asegurarse de que los extranjeros que llegan al país tienen medios económicos suficientes. Pero también es cierto que su Administración infravaloró en 2005 el impacto migratorio de la ampliación de la UE con otros diez miembros, a los que Londres eximió desde el principio de toda traba para sus trabajadores. Cientos de miles de emigrantes del este de Europa, mayoritariamente polacos, se incorporaron a resultas en el mercado laboral británico.
“No podemos revertir el fin de los controles, pero sí asegurarnos de que los que vienen lo hacen por motivos correctos
David Cameron
La introducción de una prueba de residencia para los inmigrantes, que demorará la posibilidad de acceder a una vivienda de protección pública durante al menos dos años, así como la exigencia de que demuestren el dominio de la lengua inglesa y “la genuina voluntad de que buscan un empleo”, son las medidas destacadas por un Cameron en su deriva electoralista y agresiva hacia la derecha: “Como inmigrante sólo vamos a concederte seis meses para buscar trabajo. A partir de entonces, te excluiremos de los beneficios sociales a no ser que demuestres que verdaderamente estás buscando un trabajo, pero también que tienes posibilidades de conseguirlo”.
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