Venezuela efectúa una devaluación encubierta del bolívar en plena campaña
Caracas mantiene en secreto el tipo de cambio aplicado en la puja por 200 millones de dólares
Maduro, en un acto este jueves en la localidad de Margarita. / EFE
Un bien público -200 millones de dólares provenientes de la renta
petrolera- fue subastado este miércoles por el gobierno venezolano entre
agentes privados sin informar el precio ganador en la puja. La medida,
poco saludable para la transparencia en la gestión pública, la adoptó el
ejecutivo nacional para evitar un costo político que pudiera afectar la
marcha de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril, en las que se da por descontado un triunfo del candidato oficial y actual presidente encargado, Nicolás Maduro.
Se trató de la primera actuación del nuevo Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), creado por el gobierno venezolano tras el anuncio, el pasado 8 de febrero, de una devaluación del 32% de la moneda local, el bolívar, cuya tasa de cambio pasó de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar. El Sicad consiste en un complejo sistema de subasta de divisas que se rige por el llamado método Vickrey. Al sistema sólo pueden acceder empresas que demanden divisas para la importación y cumplan determinadas condiciones y requisitos administrativos. Del promedio de los máximos y mínimos ofrecidos durante la puja, resulta un precio marcador del volumen total de divisas a la venta.
A la salida del primer proceso de subasta, regido por el también en estreno Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, el ministerio de Planificación, responsable del área, se limitó a informar que se habían adjudicado diversos montos de divisas a 383 empresas participantes, menos de 1% del universo total de empresas importadoras inscritas en el registro correspondiente. Pero no dio a conocer el precio resultante de las transacciones. Según trascendió a través de oficinas de asesoría económica, el promedio de las transacciones rondó los 14 bolívares, un precio que más que duplica la tasa de cambio oficial establecida por el gobierno al devaluar en febrero pasado. En otros términos, equivaldría a una segunda devaluación para la administración interina de Nicolás Maduro.
Hugo Chávez evitó la devaluación como la peste; ahora su proyectado sucesor, Maduro, ha consentido dos -quizás inevitables, según especialistas- para sincerar el valor del bolívar, pero tratando de que el ciudadano común no se percate de las consecuencias que tendrán -en términos de desabastecimiento y carestía- en su nivel de vida. En caso contrario, podría perder respaldo en las cruciales elecciones del 14 de abril.
El Sicad fue creado como sustituto de un mecanismo anterior, el Sitme, otra instancia alternativa de obtención de divisas tras cuyas siglas se hallaba un mercado controlado de títulos de deuda pública denominados en dólares. El Gobierno decidió eliminarlo tras denuncias de corrupción. Tanto el Sitme como el Sicad actual buscan, por una parte, aliviar el efecto de los cuellos de botella que se presentan con regularidad en el organismo administrador de divisas, Cadivi. En Venezuela rigen desde 2003 un régimen de control de cambios por el que el Estado se reserva toda transacción cambiaria y la adjudicación por cupos de divisas a empresas y ciudadanos a través de Cadivi. Pero la engorrosa burocracia del ente ha dejado sin surtir con frecuencia las necesidades de importación del país que, según cifras oficiales, en 2012 ascendieron a más de 56.000 millones de dólares. Ese déficit crónico dio lugar a un próspero mercado negro de divisas y a los mecanismos alternativos que el gobierno ensaya.
En boca de los ministros del área y del propio presidente encargado, el Gobierno ha dejado saber que el Sicad tiene por propósito el de refrenar el precio del dólar negro, que este jueves -de escasa actividad económica por tratarse de un asueto de la Semana Santa- se cotizaba en páginas de Internet por 25 bolívares, todavía muy lejos de los 14 determinados ayer en la subasta.
El combate al dólar negro –cuyo simple nombre está prohibido publicar en medios venezolanos por una ley penal- se ha convertido en una prioridad oficial. Esta misma semana, el propio presidente encargado Maduro pidió sanciones contra un sitio de internet, lechugaverde.com, donde se informaba sobre la cotización de la divisa. “Yo pido más celeridad para que vayan presos los que están detrás del sabotaje económico a través del dólar paralelo”, reclamó.
Las expectativas del gobierno son que el precio de las subastas –previstas para ocurrir hasta el 29 de marzo en una primera ronda- se convierta paulatinamente en el marcador para el dólar paralelo. Mientras tanto, confía en que las devaluaciones técnicas que las subastas generen no harán sentir sus efectos alcistas en los precios de la calle antes del 14 de abril, día de las elecciones.
Se trató de la primera actuación del nuevo Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), creado por el gobierno venezolano tras el anuncio, el pasado 8 de febrero, de una devaluación del 32% de la moneda local, el bolívar, cuya tasa de cambio pasó de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar. El Sicad consiste en un complejo sistema de subasta de divisas que se rige por el llamado método Vickrey. Al sistema sólo pueden acceder empresas que demanden divisas para la importación y cumplan determinadas condiciones y requisitos administrativos. Del promedio de los máximos y mínimos ofrecidos durante la puja, resulta un precio marcador del volumen total de divisas a la venta.
A la salida del primer proceso de subasta, regido por el también en estreno Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, el ministerio de Planificación, responsable del área, se limitó a informar que se habían adjudicado diversos montos de divisas a 383 empresas participantes, menos de 1% del universo total de empresas importadoras inscritas en el registro correspondiente. Pero no dio a conocer el precio resultante de las transacciones. Según trascendió a través de oficinas de asesoría económica, el promedio de las transacciones rondó los 14 bolívares, un precio que más que duplica la tasa de cambio oficial establecida por el gobierno al devaluar en febrero pasado. En otros términos, equivaldría a una segunda devaluación para la administración interina de Nicolás Maduro.
Hugo Chávez evitó la devaluación como la peste; ahora su proyectado sucesor, Maduro, ha consentido dos -quizás inevitables, según especialistas- para sincerar el valor del bolívar, pero tratando de que el ciudadano común no se percate de las consecuencias que tendrán -en términos de desabastecimiento y carestía- en su nivel de vida. En caso contrario, podría perder respaldo en las cruciales elecciones del 14 de abril.
El Sicad fue creado como sustituto de un mecanismo anterior, el Sitme, otra instancia alternativa de obtención de divisas tras cuyas siglas se hallaba un mercado controlado de títulos de deuda pública denominados en dólares. El Gobierno decidió eliminarlo tras denuncias de corrupción. Tanto el Sitme como el Sicad actual buscan, por una parte, aliviar el efecto de los cuellos de botella que se presentan con regularidad en el organismo administrador de divisas, Cadivi. En Venezuela rigen desde 2003 un régimen de control de cambios por el que el Estado se reserva toda transacción cambiaria y la adjudicación por cupos de divisas a empresas y ciudadanos a través de Cadivi. Pero la engorrosa burocracia del ente ha dejado sin surtir con frecuencia las necesidades de importación del país que, según cifras oficiales, en 2012 ascendieron a más de 56.000 millones de dólares. Ese déficit crónico dio lugar a un próspero mercado negro de divisas y a los mecanismos alternativos que el gobierno ensaya.
En boca de los ministros del área y del propio presidente encargado, el Gobierno ha dejado saber que el Sicad tiene por propósito el de refrenar el precio del dólar negro, que este jueves -de escasa actividad económica por tratarse de un asueto de la Semana Santa- se cotizaba en páginas de Internet por 25 bolívares, todavía muy lejos de los 14 determinados ayer en la subasta.
El combate al dólar negro –cuyo simple nombre está prohibido publicar en medios venezolanos por una ley penal- se ha convertido en una prioridad oficial. Esta misma semana, el propio presidente encargado Maduro pidió sanciones contra un sitio de internet, lechugaverde.com, donde se informaba sobre la cotización de la divisa. “Yo pido más celeridad para que vayan presos los que están detrás del sabotaje económico a través del dólar paralelo”, reclamó.
Las expectativas del gobierno son que el precio de las subastas –previstas para ocurrir hasta el 29 de marzo en una primera ronda- se convierta paulatinamente en el marcador para el dólar paralelo. Mientras tanto, confía en que las devaluaciones técnicas que las subastas generen no harán sentir sus efectos alcistas en los precios de la calle antes del 14 de abril, día de las elecciones.
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