Estandarte de Europa
Los 27 jefes de Gobierno deben ordenar a sus ministros que eviten la caída de Chipre y del euro
El euro nació como un proyecto político, como estandarte de una
Europa que renegaba de su división en bloques, como herramienta para
acelerar la unión continental. Claro que su virtud derivaba de la
necesidad de completar el mercado interior, hacerlo visible y
verificable mediante una unidad de cuenta y un medio de pago común. En
este momento crucial a que nos aboca la crisis de Chipre, conviene no
olvidar el paradigma original de la Unión Europea (UE): acercarse a la
unión política por medios inicialmente económicos.
Conviene no olvidarlo, pues renunciar al instrumento clave o mellarlo implicaría anular u oscurecer el objetivo último: la unión política. En esta senda, es hora de que los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) den una sola, y tajante, instrucción a sus ministros y que las instituciones comunes la compartan y la impulsen. Hay que evitar a toda costa cualquier solución a la crisis de Chipre que suponga su salida del euro o que ponga en cuestión el carácter irreversible de este. Por motivos económicos, porque esas derivas debilitarían mortalmente a la unión monetaria, pero sobre todo políticos, porque Europa no es sin su moneda.
Desde que se inició la múltiple crisis económica europea en otoño de 2008 se han resquebrajado dos fundamentos de la unión monetaria: la atribución a la deuda pública de un carácter de activo al 100% garantizado, que quedó erosionado con la quita parcial de los bonos griegos, y, ahora, el imperativo legal de la protección de los depósitos bancarios, hasta los 100.000 euros. Sería harto difícil que el proyecto resistiese, incólume, una tercera agresión, la defección de uno de sus miembros. Cancelaría su presunción de irreversibilidad.
En los comportamientos de Chipre ha habido actos inadecuados y hasta perversos. Se coqueteó con capitales irregulares y ha habido una cerrada negativa a la unificación de la isla impulsada por un plan de Naciones Unidas y auspiciada por la UE para facilitar el ingreso de Nicosia. Incluso ha habido ciertos residuos de una acción exterior obsoleta, menos comprometida con el continente. Pero, ¿qué es una crisis, sino la afloración de las miserias de una sociedad que adquiere relieve al suscitarse un gran revés económico? Y además, ¿acaso todo ello no era cosa sabida?
Los Veintisiete transitan ahora por un periodo refundador de su unión. Con altibajos, lentitudes y retrocesos, de dos años a esta parte vienen haciendo los deberes institucionales que quedaron pendientes en Maastricht: a saber, toda la nueva estructura de la unión económica, con sus nuevas autoridades, el nuevo papel del BCE, los fondos de rescate, la incesante regulación financiera...
Todo eso es economía, por supuesto. Pero también política, porque la creación de un nuevo polo de poder económico federal será insostenible para los ciudadanos si no se acompaña de su correspondiente poder de control democrático. Y todo eso ¿se dejará caer por la dificultad de hallar 5.800 millones de euros? ¿Es esa cantidad un argumento suficiente para paralizar los proyectos del proyecto Europa?
No es imprescindible rememorar las innumerables torpezas cometidas estos días por todos los protagonistas del drama, ni sus detalles cuantitativos, ni su endeblez jurídica, para concluir que la Unión debe rectificar de inmediato. Debe agarrar el toro por los cuernos, debe exigir responsabilidad, por supuesto, a los chipriotas. Pero debe sobre todo impedir que caigan en el abismo: por ellos y porque arrastrarían a muchos, si no a todos. O se encuentran en la isla los recursos adecuados para resolver el entuerto o la eurozona debiera pensar en una operación de salvamento a gran escala, quizá adelantando la entrada en vigor de la recapitalización bancaria directa. Eso requiere, sí, fortaleza política, pues el dinero de los contribuyentes es mercancía electoral por antonomasia.
Conviene no olvidarlo, pues renunciar al instrumento clave o mellarlo implicaría anular u oscurecer el objetivo último: la unión política. En esta senda, es hora de que los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) den una sola, y tajante, instrucción a sus ministros y que las instituciones comunes la compartan y la impulsen. Hay que evitar a toda costa cualquier solución a la crisis de Chipre que suponga su salida del euro o que ponga en cuestión el carácter irreversible de este. Por motivos económicos, porque esas derivas debilitarían mortalmente a la unión monetaria, pero sobre todo políticos, porque Europa no es sin su moneda.
Desde que se inició la múltiple crisis económica europea en otoño de 2008 se han resquebrajado dos fundamentos de la unión monetaria: la atribución a la deuda pública de un carácter de activo al 100% garantizado, que quedó erosionado con la quita parcial de los bonos griegos, y, ahora, el imperativo legal de la protección de los depósitos bancarios, hasta los 100.000 euros. Sería harto difícil que el proyecto resistiese, incólume, una tercera agresión, la defección de uno de sus miembros. Cancelaría su presunción de irreversibilidad.
En los comportamientos de Chipre ha habido actos inadecuados y hasta perversos. Se coqueteó con capitales irregulares y ha habido una cerrada negativa a la unificación de la isla impulsada por un plan de Naciones Unidas y auspiciada por la UE para facilitar el ingreso de Nicosia. Incluso ha habido ciertos residuos de una acción exterior obsoleta, menos comprometida con el continente. Pero, ¿qué es una crisis, sino la afloración de las miserias de una sociedad que adquiere relieve al suscitarse un gran revés económico? Y además, ¿acaso todo ello no era cosa sabida?
Los Veintisiete transitan ahora por un periodo refundador de su unión. Con altibajos, lentitudes y retrocesos, de dos años a esta parte vienen haciendo los deberes institucionales que quedaron pendientes en Maastricht: a saber, toda la nueva estructura de la unión económica, con sus nuevas autoridades, el nuevo papel del BCE, los fondos de rescate, la incesante regulación financiera...
Todo eso es economía, por supuesto. Pero también política, porque la creación de un nuevo polo de poder económico federal será insostenible para los ciudadanos si no se acompaña de su correspondiente poder de control democrático. Y todo eso ¿se dejará caer por la dificultad de hallar 5.800 millones de euros? ¿Es esa cantidad un argumento suficiente para paralizar los proyectos del proyecto Europa?
No es imprescindible rememorar las innumerables torpezas cometidas estos días por todos los protagonistas del drama, ni sus detalles cuantitativos, ni su endeblez jurídica, para concluir que la Unión debe rectificar de inmediato. Debe agarrar el toro por los cuernos, debe exigir responsabilidad, por supuesto, a los chipriotas. Pero debe sobre todo impedir que caigan en el abismo: por ellos y porque arrastrarían a muchos, si no a todos. O se encuentran en la isla los recursos adecuados para resolver el entuerto o la eurozona debiera pensar en una operación de salvamento a gran escala, quizá adelantando la entrada en vigor de la recapitalización bancaria directa. Eso requiere, sí, fortaleza política, pues el dinero de los contribuyentes es mercancía electoral por antonomasia.
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