El Gobierno alienta el informe contra Mas
Santamaría pide investigar y da por bueno el texto el día del cierre de la campaña
Mas acusa al Ejecutivo de querer manipular las elecciones y Rajoy evita el asunto
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. / ÁLVARO GARCÍA
El Gobierno de Mariano Rajoy se juega mucho dentro de 24 horas. Casi tanto como el de Artur Mas.
Una victoria aplastante con mayoría absoluta de CiU, admiten en privado
fuentes del Ejecutivo, daría una señal de inestabilidad política de
España. Así la analizaría la prensa internacional. Rajoy ha decidido
echar toda la carne en el asador, incluida su propia presencia cuatro
veces en la campaña, para intentar evitarlo. En medio de esa batalla a
todo o nada entre Rajoy y Mas, surgió el polémico informe policial publicado por El Mundo,
del que nadie se hace responsable, que apunta contra el presidente de
la Generalitat. Y el Gobierno, sobre todo en los últimos días, ha
decidido hinchar todo lo posible la polémica del informe, dejar caer
todo tipo de insinuaciones, eso sí sin acusaciones concretas.
Cristóbal Montoro, el máximo responsable de la Agencia Tributaria, ya apuntó está vía. Soraya Sáenz de Santamaría apuntaló ayer esa posición del Gobierno, que consiste en tirar la piedra y esconder la mano. Hasta en cinco ocasiones se le preguntó por el informe, y la vicepresidenta, a pocas horas de cerrarse la campaña, no solo no puso en duda en ningún momento el informe o su elaboración —el juez dice que él no lo ha pedido, la policía no sabe quién lo ha hecho, no lleva firma— sino que lo dio por bueno, ya que pidió expresamente a la Justicia que lo investigue.
“Cuando se pone encima de la mesa un informe como el que ha hecho público el SUP, hay que investigar dos circunstancias: la filtración de este informe, y el Ministerio del Interior se ha puesto a ello, y después las acusaciones que de ahí surgen. Y corresponde a los jueces, yo espero que lo hagan, dilucidar los posibles delitos que ahí se contienen, y dictaminar sobre los mismos”, aseguró la vicepresidenta, que repitió esta idea varias veces.
Pero no solo alentó así que crezca la bola del informe y la sospecha sobre Mas. También lanzó esa piedra en otras respuestas, siempre con la habilidad suficiente como para asegurar al final de la rueda de prensa que ella no estaba insinuando nada. Le preguntaron abiertamente si el Gobierno tenía algún indicio de que Mas tiene cuentas en el extranjero, como apunta el informe y el presidente desmiente. Y ella, lejos de decir que no tenía ninguna evidencia, contestó: “Estamos en medio de un proceso de regularización fiscal, que acaba la semana que viene, corresponde a los que tengan cuentas fuera declararlas. Los que no lo hagan saben que podrán ser investigados”. “Si yo le diera lo que me está pidiendo probablemente incumpliría alguna norma tributaria; están muy limitados los derechos de acceso a documentación”, añadió sobre esos posibles indicios contra Mas, lo que alentó aún más la sospecha. Sin embargo, cuando se le preguntó si estaba insinuando que el Gobierno tiene esos datos, se defendió: “No ponga en mi boca conclusiones que yo no he hecho. Ustedes me preguntan por personas y yo les cuento el procedimiento, la conexión va entre sus preguntas y mi respuesta, pero no dentro de mi respuesta”.
Por si aún había dudas de la posición del Gobierno, que consiste en seguir alimentando la polémica, Sáenz de Santamaría también se pronunció sobre el choque entre el fiscal jefe de Cataluña, que cree que son “radicalmente falsas” las noticias elaboradas con el informe. La vicepresidenta defendió la independencia de los fiscales pero señaló: “Los fiscales están sometidos a los principios de unidad y dependencia jerárquica, por lo que corresponde al fiscal general fijar la posición de lo que es adecuado hacer”. Esto es, el Gobierno da su apoyo rotundo a Eduardo Torres Dulce, que cuestionó a su subordinado catalán.
Todas las respuestas iban en ese sentido e incluso llegó a hurgar un poco más en la herida: “A lo largo de estos años son múltiples los procesos que afectan a CiU, a ellos les corresponderá dar explicaciones”.
Mientras, desde Bruselas, el presidente Mariano Rajoy fue mucho más cauto y esquivó el asunto: “No me lo tome como una descortesía porque no lo es, pero permítame que no contribuya más a este espectáculo”.
La campaña se cierra así en un ambiente de enorme tensión entre el PP y CiU, hasta hace pocos meses socios en todo: el PP catalán apoyaba todos los recortes de Mas en el Parlament mientras CiU votó a favor incluso de las más duras subidas de impuestos de Rajoy.
La anormal dureza de esta campaña catalana, más frecuente en las generales, llega a tal nivel que Mas, en tono durísimo, acusó ayer al Ejecutivo de “maquinar” con este informe policial “para alterar el resultado de las elecciones”. El Gobierno lo niega, pero lo cierto es que pase lo que pase mañana, el informe será muy tenido en cuenta en el análisis del resultado.
Cristóbal Montoro, el máximo responsable de la Agencia Tributaria, ya apuntó está vía. Soraya Sáenz de Santamaría apuntaló ayer esa posición del Gobierno, que consiste en tirar la piedra y esconder la mano. Hasta en cinco ocasiones se le preguntó por el informe, y la vicepresidenta, a pocas horas de cerrarse la campaña, no solo no puso en duda en ningún momento el informe o su elaboración —el juez dice que él no lo ha pedido, la policía no sabe quién lo ha hecho, no lleva firma— sino que lo dio por bueno, ya que pidió expresamente a la Justicia que lo investigue.
“Cuando se pone encima de la mesa un informe como el que ha hecho público el SUP, hay que investigar dos circunstancias: la filtración de este informe, y el Ministerio del Interior se ha puesto a ello, y después las acusaciones que de ahí surgen. Y corresponde a los jueces, yo espero que lo hagan, dilucidar los posibles delitos que ahí se contienen, y dictaminar sobre los mismos”, aseguró la vicepresidenta, que repitió esta idea varias veces.
Pero no solo alentó así que crezca la bola del informe y la sospecha sobre Mas. También lanzó esa piedra en otras respuestas, siempre con la habilidad suficiente como para asegurar al final de la rueda de prensa que ella no estaba insinuando nada. Le preguntaron abiertamente si el Gobierno tenía algún indicio de que Mas tiene cuentas en el extranjero, como apunta el informe y el presidente desmiente. Y ella, lejos de decir que no tenía ninguna evidencia, contestó: “Estamos en medio de un proceso de regularización fiscal, que acaba la semana que viene, corresponde a los que tengan cuentas fuera declararlas. Los que no lo hagan saben que podrán ser investigados”. “Si yo le diera lo que me está pidiendo probablemente incumpliría alguna norma tributaria; están muy limitados los derechos de acceso a documentación”, añadió sobre esos posibles indicios contra Mas, lo que alentó aún más la sospecha. Sin embargo, cuando se le preguntó si estaba insinuando que el Gobierno tiene esos datos, se defendió: “No ponga en mi boca conclusiones que yo no he hecho. Ustedes me preguntan por personas y yo les cuento el procedimiento, la conexión va entre sus preguntas y mi respuesta, pero no dentro de mi respuesta”.
Por si aún había dudas de la posición del Gobierno, que consiste en seguir alimentando la polémica, Sáenz de Santamaría también se pronunció sobre el choque entre el fiscal jefe de Cataluña, que cree que son “radicalmente falsas” las noticias elaboradas con el informe. La vicepresidenta defendió la independencia de los fiscales pero señaló: “Los fiscales están sometidos a los principios de unidad y dependencia jerárquica, por lo que corresponde al fiscal general fijar la posición de lo que es adecuado hacer”. Esto es, el Gobierno da su apoyo rotundo a Eduardo Torres Dulce, que cuestionó a su subordinado catalán.
Todas las respuestas iban en ese sentido e incluso llegó a hurgar un poco más en la herida: “A lo largo de estos años son múltiples los procesos que afectan a CiU, a ellos les corresponderá dar explicaciones”.
Mientras, desde Bruselas, el presidente Mariano Rajoy fue mucho más cauto y esquivó el asunto: “No me lo tome como una descortesía porque no lo es, pero permítame que no contribuya más a este espectáculo”.
La campaña se cierra así en un ambiente de enorme tensión entre el PP y CiU, hasta hace pocos meses socios en todo: el PP catalán apoyaba todos los recortes de Mas en el Parlament mientras CiU votó a favor incluso de las más duras subidas de impuestos de Rajoy.
La anormal dureza de esta campaña catalana, más frecuente en las generales, llega a tal nivel que Mas, en tono durísimo, acusó ayer al Ejecutivo de “maquinar” con este informe policial “para alterar el resultado de las elecciones”. El Gobierno lo niega, pero lo cierto es que pase lo que pase mañana, el informe será muy tenido en cuenta en el análisis del resultado.
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