El turno de las víctimas de Ríos Montt: “Cuando volví, la aldea estaba quemada”
Supervivientes de las masacres contra los mayas relatan en el juicio contra el dictador los horrores de la represión militar en Guatemala en los ochenta
José Elías
Guatemala
20 MAR 2013 - 21:24 CET30
Una mujer indígena se cubre el rostro mientras escucha los testimonios. / SAÚL MARTÍNEZ (EFE)
“Era solo un niño”, dijo al inicio de su testimonio Diego Soto
Santiago, uno de los supervivientes de un ataque del Ejército de
Guatemala en el área Ixil (Quiché, norte), en 1982. “Cuando regresé,
toda la aldea estaba quemada”. Con la voz quebrada añadió que quienes se
le adelantaron en el retorno, “enterraban a sus muertos”.
En el histórico juicio por genocidio iniciado el martes en Guatemala contra el exdictador Efraín Ríos Montt, un anciano de 86 años, los testimonios de los testigos propuestos por la Fiscalía se repiten como las letanías del rosario. Tres décadas después, sus relatos estremecedores confirman uno tras otro los horrores documentados en los informes de Esclarecimiento Histórico, patrocinado por la ONU, o el de Recuperación de la Memoria Histórica, del malogrado obispo Juan Gerardi, en los que se documentan barbaridades como que muchos niños eran asesinados a golpes contra las rocas. Están documentados casos de canibalismo en los que los asaltantes se comieron los sesos del pequeño. O que algunos de los soldados abrían con las bayonetas los vientres de las embarazadas, como parte de la orgía de sangre que protagonizaban en lo profundo de la selva.
“Yo era campesino y me dedicaba a cuidar la milpa [plantaciones de maíz] cuando llegaron los soldados”, declaró ayer Nicolás Brito. “Unos logramos huir. Los demás fueron capturados”. La acción de la que huyó Brito tuvo lugar el 25 de marzo de 1982, dos días después de que Ríos fuera aupado al poder por un golpe de Estado. Allí murieron 35 personas. Los hombres que salvaron la vida, continuó Brito, fueron obligados por el Ejército a integrase en las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), utilizadas como delatoras de vecinos sospechosos de ayudar a la guerrilla. Las PAC llegaron a operar con tal autonomía, que muchos de sus crímenes obedecían a rivalidades personales o para apropiarse de los bienes de sus víctimas. Sólo en unos pocos casos sus líderes han llegado a los tribunales.
Otro testigo, Bernardo Gusal, señaló que incorporarse a las PAC era obligatorio, al igual que cultivar alimentos destinados a la tropa. Quien osara negarse, era encarcelado y golpeado salvajemente. “Llegaban todos los días y nos arrebataban los alimentos. Y nos recordaban que en la región, ellos ‘eran la ley”.
El segundo día del juicio a Ríos Montt empezó con un nuevo incidente
legal. El acusado se quedó sin defensor. El problema fue resuelto una
hora después. Junto al ex dictador se sienta en el banquillo uno de sus
colaboradores más cercanos, el entonces jefe de Inteligencia militar
(G-2), el también general Mauricio Rodríguez Sánchez.
Ambos militares deben responder por los delitos de genocidio (intento de exterminio de la etnia Ixil); la ejecución de los planes militares Victoria 82 y Sofía 83, donde se define la estrategia de la campaña contrainsurgente y en los que se identifica a los ixiles como colaboradores de la guerrilla. También se les acusa de los desplazamientos en condiciones infrahumanas de los sobrevivientes, que buscaron refugio en las montañas donde algunos murieron de hambre o enfermedades propias de la selva tropical.
La existencia de estos planes fue negada sistemáticamente por el Ejército, hasta que las pruebas fueron desclasificadas por el Gobierno estadounidense. De acuerdo a la Fiscalía, un tercio de la población Ixil fue exterminada.
La tipificación como genocidio de las acciones militares es el tema que mayor controversia provoca. Personalidades como el actual presidente, Otto Pérez Molina, quien ganó sus galones de general en las trincheras y quien pudiera, a la larga, verse salpicado por los resultados del juicio, niegan el intento de exterminio de los indios ixiles. En tal sentido se pronunció el Defensor del Pueblo, Jorge de León Duque, quien señaló que es importante esclarecer si la represión puede calificarse como genocidio, “algo que corresponde a los tribunales”. Añadió que “no se pueden negar las masacres”, para puntualizar que tanto guerrilleros como militares son responsables de tales barbaridades.
El juicio continuará con testimonios favorables a los militares, entre ellos el del general José Luis Quilo Ayuso, uno de los oficiales duros de la ultraconservadora Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avenilgua) y otros uniformados y peritos propuestos por la defensa de Ríos Montt.
En el histórico juicio por genocidio iniciado el martes en Guatemala contra el exdictador Efraín Ríos Montt, un anciano de 86 años, los testimonios de los testigos propuestos por la Fiscalía se repiten como las letanías del rosario. Tres décadas después, sus relatos estremecedores confirman uno tras otro los horrores documentados en los informes de Esclarecimiento Histórico, patrocinado por la ONU, o el de Recuperación de la Memoria Histórica, del malogrado obispo Juan Gerardi, en los que se documentan barbaridades como que muchos niños eran asesinados a golpes contra las rocas. Están documentados casos de canibalismo en los que los asaltantes se comieron los sesos del pequeño. O que algunos de los soldados abrían con las bayonetas los vientres de las embarazadas, como parte de la orgía de sangre que protagonizaban en lo profundo de la selva.
“Yo era campesino y me dedicaba a cuidar la milpa [plantaciones de maíz] cuando llegaron los soldados”, declaró ayer Nicolás Brito. “Unos logramos huir. Los demás fueron capturados”. La acción de la que huyó Brito tuvo lugar el 25 de marzo de 1982, dos días después de que Ríos fuera aupado al poder por un golpe de Estado. Allí murieron 35 personas. Los hombres que salvaron la vida, continuó Brito, fueron obligados por el Ejército a integrase en las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), utilizadas como delatoras de vecinos sospechosos de ayudar a la guerrilla. Las PAC llegaron a operar con tal autonomía, que muchos de sus crímenes obedecían a rivalidades personales o para apropiarse de los bienes de sus víctimas. Sólo en unos pocos casos sus líderes han llegado a los tribunales.
Otro testigo, Bernardo Gusal, señaló que incorporarse a las PAC era obligatorio, al igual que cultivar alimentos destinados a la tropa. Quien osara negarse, era encarcelado y golpeado salvajemente. “Llegaban todos los días y nos arrebataban los alimentos. Y nos recordaban que en la región, ellos ‘eran la ley”.
Llegaban todos los días y nos arrebataban los alimentos. Y nos recordaban que en la región, ellos ‘eran la ley
Bernardo Gusal, testigo
Ambos militares deben responder por los delitos de genocidio (intento de exterminio de la etnia Ixil); la ejecución de los planes militares Victoria 82 y Sofía 83, donde se define la estrategia de la campaña contrainsurgente y en los que se identifica a los ixiles como colaboradores de la guerrilla. También se les acusa de los desplazamientos en condiciones infrahumanas de los sobrevivientes, que buscaron refugio en las montañas donde algunos murieron de hambre o enfermedades propias de la selva tropical.
La existencia de estos planes fue negada sistemáticamente por el Ejército, hasta que las pruebas fueron desclasificadas por el Gobierno estadounidense. De acuerdo a la Fiscalía, un tercio de la población Ixil fue exterminada.
La tipificación como genocidio de las acciones militares es el tema que mayor controversia provoca. Personalidades como el actual presidente, Otto Pérez Molina, quien ganó sus galones de general en las trincheras y quien pudiera, a la larga, verse salpicado por los resultados del juicio, niegan el intento de exterminio de los indios ixiles. En tal sentido se pronunció el Defensor del Pueblo, Jorge de León Duque, quien señaló que es importante esclarecer si la represión puede calificarse como genocidio, “algo que corresponde a los tribunales”. Añadió que “no se pueden negar las masacres”, para puntualizar que tanto guerrilleros como militares son responsables de tales barbaridades.
El juicio continuará con testimonios favorables a los militares, entre ellos el del general José Luis Quilo Ayuso, uno de los oficiales duros de la ultraconservadora Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avenilgua) y otros uniformados y peritos propuestos por la defensa de Ríos Montt.
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