Comienza el juicio contra Ríos Montt en Guatemala
Los abogados del exgeneral intentan, sin éxito, retrasar la vista con recursos. Cientos de personas protestan a la entrada del tribunal donde se juzga por genocidio al dictador, de 86 años
José Elías
Ciudad de Guatemala
19 MAR 2013 - 18:21 CET10
José Efraín Ríos Montt hoy en la Corte Suprema de Guatemala. / Saúl Martínez (EFE)
El inicio del juicio en contra del general Efraín Ríos Montt,
el primero por genocidio en contra de un ex jefe de Estado en la
historia de Guatemala, ha monopolizado la atención de la prensa nacional
y extranjera y ha reunido en la Plaza de los Derechos del Hombre, donde
se ubica el Tribunal que lo juzga, a una 1.500 personas, entre
familiares de las víctimas, ex patrulleros de autodefensa civil (civiles
movilizados para las labores de exterminio), que llegaron para apoyar a
su líder, y simples curiosos que quieren ser protagonistas de un hecho
calificado como “histórico” por la premio Nobel de la Paz 1992,
Rigoberta Menchú.
Pese al dramatismo de los hechos que se juzgan, el ambiente en la plaza presentaba ribetes festivos, con banderas y globos de colores. Un altar mestizo maya-cristiano destacaba en la plaza. En cada una de las esquinas, representando los puntos cardinales, había velas rojas, que recuerdan la sangre derramada; verdes, que identifican a la Madre Tierra, sagrada en la cosmogonía maya, y una azul, que simboliza el universo.
Durante las primeras horas, el antagonismo entre los grupos se desarrollaba en un ambiente de mutuo respeto. Entre los familiares de las víctimas se oían argumentos que apuntaban al hecho de que sentar a Ríos en el banquillo, “permitirá conocer la verdad”, algo que se traducirá en “el fortalecimiento de la justicia y el fin de la impunidad en Guatemala”.
En tanto, Zury Ríos, hija del viejo general, mostró su confianza en que su padre sea sujeto a “un juicio justo” y con respeto absoluto al debido proceso. En el mismo sentido se pronunció el coronel retirado Mario López Serrano, dirigente de la ultraconservadora Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). “Esperamos que haya justicia y equidad. No se puede cargar sobre los hombros de dos generales la responsabilidad de 36 años de guerra civil”, dijo López.
Junto a Ríos Montt se sienta en el banquillo el también general retirado José Mauricio Rodríguez, quien fuera jefe de la inteligencia militar, la temida G-2, durante el mandato de Ríos Montt entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983. Rodríguez, en prisión domiciliar como Ríos, fue le primero en llegar al tribunal, al filo de las 7:56 (14:56, hora peninsular española). Al descender de la ambulancia que lo llevó, el militar declinó dar declaraciones. “Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en mi contra”, argumentó.
Ríos Montt llegó poco después, en un coche de su propiedad, escoltado por una patrulla de la policía. Lo acompañaba su hija Zury. El semblante del general era de tranquilidad.
Al filo de las 9:30, las autoridades cerraron las puertas de la sala, por encontrarse completamente llena. Centenares de personas se quedaron sin poder entrar.
Entre tanto, en la sala, los abogados de Ríos Montt agotaban cuanto recurso estaba al alcance de su mano, para que la audiencia se suspendiera. Solo en la primera hora, la jueza Jazmín Barrios declaró “improcedentes” cuatro de estas acciones.
Los abogados de Ríos insisten en que no se puede probar que las órdenes de disparar contra la población emanaran del entonces jefe del Estado. Uno de los abogados de las víctimas, Edgar Pérez, en declaraciones al matutino local Prensa Libre, señaló que contra el ex jefe del Estado “hay una enorme cantidad de evidencias. Obviamente, en el mundo no hay un solo caso donde un genocida haya autorizado ni la muerte ni la tortura de nadie. Ni el mismo Adolfo Hitler lo hizo”.
Pese al dramatismo de los hechos que se juzgan, el ambiente en la plaza presentaba ribetes festivos, con banderas y globos de colores. Un altar mestizo maya-cristiano destacaba en la plaza. En cada una de las esquinas, representando los puntos cardinales, había velas rojas, que recuerdan la sangre derramada; verdes, que identifican a la Madre Tierra, sagrada en la cosmogonía maya, y una azul, que simboliza el universo.
Durante las primeras horas, el antagonismo entre los grupos se desarrollaba en un ambiente de mutuo respeto. Entre los familiares de las víctimas se oían argumentos que apuntaban al hecho de que sentar a Ríos en el banquillo, “permitirá conocer la verdad”, algo que se traducirá en “el fortalecimiento de la justicia y el fin de la impunidad en Guatemala”.
En tanto, Zury Ríos, hija del viejo general, mostró su confianza en que su padre sea sujeto a “un juicio justo” y con respeto absoluto al debido proceso. En el mismo sentido se pronunció el coronel retirado Mario López Serrano, dirigente de la ultraconservadora Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). “Esperamos que haya justicia y equidad. No se puede cargar sobre los hombros de dos generales la responsabilidad de 36 años de guerra civil”, dijo López.
Junto a Ríos Montt se sienta en el banquillo el también general retirado José Mauricio Rodríguez, quien fuera jefe de la inteligencia militar, la temida G-2, durante el mandato de Ríos Montt entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983. Rodríguez, en prisión domiciliar como Ríos, fue le primero en llegar al tribunal, al filo de las 7:56 (14:56, hora peninsular española). Al descender de la ambulancia que lo llevó, el militar declinó dar declaraciones. “Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en mi contra”, argumentó.
Ríos Montt llegó poco después, en un coche de su propiedad, escoltado por una patrulla de la policía. Lo acompañaba su hija Zury. El semblante del general era de tranquilidad.
Al filo de las 9:30, las autoridades cerraron las puertas de la sala, por encontrarse completamente llena. Centenares de personas se quedaron sin poder entrar.
Entre tanto, en la sala, los abogados de Ríos Montt agotaban cuanto recurso estaba al alcance de su mano, para que la audiencia se suspendiera. Solo en la primera hora, la jueza Jazmín Barrios declaró “improcedentes” cuatro de estas acciones.
Los abogados de Ríos insisten en que no se puede probar que las órdenes de disparar contra la población emanaran del entonces jefe del Estado. Uno de los abogados de las víctimas, Edgar Pérez, en declaraciones al matutino local Prensa Libre, señaló que contra el ex jefe del Estado “hay una enorme cantidad de evidencias. Obviamente, en el mundo no hay un solo caso donde un genocida haya autorizado ni la muerte ni la tortura de nadie. Ni el mismo Adolfo Hitler lo hizo”.
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