Los ciberataques se han centrado en las instituciones de Washington
Son tantos los datos obtenidos, que los asaltantes chinos tienen dificultad para procesarlos, según 'The Washington Post'
Un cibercafé en Pekín. / EFE
Casi todas las instituciones basadas en Washington, desde organismos
del Gobierno a centros de estudio o embajadas extranjeras, han sido
penetradas en los últimos años por piratas de Internet contratados por
China, según ha concluido el diario The Washington Post, uno de los blancos de esos ataques, tras consultar a diversas agencias de seguridad en el ciberespacio.
La amplitud de esta nueva guerra, que el Gobierno chino niega pero cuya existencia ha sido corroborada esta semana por investigaciones públicas y privadas, parece hacer realidad el peligro anticipado hace pocos meses por el propio secretario de Defensa norteamericano, Leon Panetta, sobre lo que llamó “un ciber Pearl Harbor”, en alusión al ataque japonés de 1941 que destruyó la flota de Estados Unidos en el Pacífico y provocó la entrada de este país en la Segunda Guerra Mundial.
Según la información elaborada por The Washington Post, son
tantos los datos obtenidos por los asaltantes chinos en este tiempo que
actualmente tienen dificultades para su organización y procesamiento.
“Puede decirse que ya no existe un red segura de información clasificada
como secreto”, afirma en el citado periódico James Lewis, un experto
del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.
El miércoles, la Casa Blanca anunció un nuevo plan para actuar de forma más agresiva contra el robo de secretos comerciales en Internet, que ha provocado, según datos oficiales, una pérdida para la economía norteamericana de más de 300.000 millones de dólares. Pero ese esfuerzo se antoja muy leve en comparación con la dimensión que este asunto parece habar alcanzado.
Las empresas privadas se ven impotentes para proteger sus actividades, y el Gobierno ha empezado muy recientemente a dotarse de mecanismos adecuados de defensa. En algunos casos, los ataques no consiguen su propósito porque son detectados rápidamente, pero igualmente obligan a las empresas a gastos adicionales y las distraen de su actividad esencial.
Hasta ahora, la mayoría de las compañías atacadas optaban por no revelar esas incursiones, por miedo, tanto a perder credibilidad entre sus clientes y accionistas, como a dar pistas a los piratas. Los técnicos son conscientes de que, en cuanto los hackers saben que su actividad ha sido detectada, desarrollan nuevas vías de penetración.
Eso ha hecho que, hasta ahora, cada firma atacada intente defenderse
por su cuenta y de la manera más discreta posible. Esto empezó a cambiar
recientemente, cuando Google denunció las incursiones chinas en sus
productos y cuando The New York Times, que ha revelado casos de corrupción de autoridades chinas, confesó que sus sistemas de Internet habían sido atacados por ese país. Inmediatamente después, tanto The Wall Street Journal como The Washington Post admitieron que ellos también había sido objeto de ataques. En el caso del Post, desde 2009.
El conocimiento de tan masivo desafío cibernético ha incrementado considerablemente la presión sobre Gobierno para que actúe. El plan anunciado esta semana pretende, precisamente, coordinar esfuerzos públicos y privados para defender a EE UU de esta amenaza. Pero, seguramente, va a ser necesario mucho más.
El presidente del comité de Asuntos de Espionaje de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, que esta semana ha insistido en destacar la gravedad de la situación, considera que “es crucial que el Gobierno abra negociaciones bilaterales para asegurarse que China entiende que el espionaje económico tiene consecuencias”.
La Administración insiste en que ha planteado el asunto en cada reunión con dirigentes chinos en los últimos años, aunque no ha obtenido todavía la respuesta adecuada. Para China no va a ser fácil satisfacer a Washington en este terreno. Admitir el patrocinio oficial a los ciberataques sería tanto como declararse un estado que viola la ley. EE UU tampoco ha admitido nunca su participación en la ciberguerra conocida con Irán. Abandonar por completo esa actividad significaría, por otra parte, renunciar a un instrumento que ha sido hasta ahora importante para su desarrollo económico.
La amplitud de esta nueva guerra, que el Gobierno chino niega pero cuya existencia ha sido corroborada esta semana por investigaciones públicas y privadas, parece hacer realidad el peligro anticipado hace pocos meses por el propio secretario de Defensa norteamericano, Leon Panetta, sobre lo que llamó “un ciber Pearl Harbor”, en alusión al ataque japonés de 1941 que destruyó la flota de Estados Unidos en el Pacífico y provocó la entrada de este país en la Segunda Guerra Mundial.
Las empresas privadas se ven impotentes para
proteger sus actividades, y el Gobierno ha empezado muy recientemente a
dotarse de mecanismos adecuados de defensa
El miércoles, la Casa Blanca anunció un nuevo plan para actuar de forma más agresiva contra el robo de secretos comerciales en Internet, que ha provocado, según datos oficiales, una pérdida para la economía norteamericana de más de 300.000 millones de dólares. Pero ese esfuerzo se antoja muy leve en comparación con la dimensión que este asunto parece habar alcanzado.
Las empresas privadas se ven impotentes para proteger sus actividades, y el Gobierno ha empezado muy recientemente a dotarse de mecanismos adecuados de defensa. En algunos casos, los ataques no consiguen su propósito porque son detectados rápidamente, pero igualmente obligan a las empresas a gastos adicionales y las distraen de su actividad esencial.
Hasta ahora, la mayoría de las compañías atacadas optaban por no revelar esas incursiones, por miedo, tanto a perder credibilidad entre sus clientes y accionistas, como a dar pistas a los piratas. Los técnicos son conscientes de que, en cuanto los hackers saben que su actividad ha sido detectada, desarrollan nuevas vías de penetración.
Hasta ahora, la mayoría de las compañías
atacadas optaban por no revelar esas incursiones, por miedo, tanto a
perder credibilidad entre sus clientes y accionistas, como a dar pistas a
los piratas
El conocimiento de tan masivo desafío cibernético ha incrementado considerablemente la presión sobre Gobierno para que actúe. El plan anunciado esta semana pretende, precisamente, coordinar esfuerzos públicos y privados para defender a EE UU de esta amenaza. Pero, seguramente, va a ser necesario mucho más.
El presidente del comité de Asuntos de Espionaje de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, que esta semana ha insistido en destacar la gravedad de la situación, considera que “es crucial que el Gobierno abra negociaciones bilaterales para asegurarse que China entiende que el espionaje económico tiene consecuencias”.
La Administración insiste en que ha planteado el asunto en cada reunión con dirigentes chinos en los últimos años, aunque no ha obtenido todavía la respuesta adecuada. Para China no va a ser fácil satisfacer a Washington en este terreno. Admitir el patrocinio oficial a los ciberataques sería tanto como declararse un estado que viola la ley. EE UU tampoco ha admitido nunca su participación en la ciberguerra conocida con Irán. Abandonar por completo esa actividad significaría, por otra parte, renunciar a un instrumento que ha sido hasta ahora importante para su desarrollo económico.
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