Los desaparecidos emergen en México
El Gobierno de Peña Nieto promete hacer justicia y buscar a miles de personas que quedaron en paradero desconocido durante la presidencia de Calderón
Imágenes de las detenciones por la Marina en junio de 2011 de seis hombres que nunca han vuelto a aparecer. / HRW
Hombres armados irrumpieron en la casa de la familia Vega en octubre de 2008 en el Estado de Tamaulipas.
La mujer se escondió en el baño con sus hijos y llamó al teléfono de
emergencias 066 para dar la voz de alerta. “Si ya están, no podemos
hacer nada por ustedes”, le dijeron. Nunca volvió a ver a su padre ni a
su marido.
Policías locales detuvieron ilegalmente en Zacatecas en diciembre de 2011 a ocho amigos que volvían de caza. Dos lograron escapar. Horas después las cámaras de seguridad de una gasolinera captaron a los agentes entregando a los cazadores a otros hombres. Siete policías fueron acusados por colaborar con la delincuencia organizada. Aún no ha empezado el juicio y nada se sabe de los seis amigos.
La mujer de José Fortino Martínez salió disparada en su coche para seguir al convoy de 14 vehículos, algunos con insignias de la Marina, al que minutos antes habían subido a su marido tras allanar la casa sin orden judicial. El dispositivo hizo varias paradas en los alrededores de Nuevo Laredo (Tamaulipas, al norte del país). En una gasolinera la mujer preguntó a uno de los uniformados qué le sucedería a su esposo. El agente la amenazó con disparar si continuaba siguiéndolos. Esa noche de junio de 2011 se llevaron a seis hombres. Fotos de los familiares prueban la presencia de militares. La Marina reconoció haberlos trasladado al poblado de Miguel Alemán, en el mismo Estado, “por su seguridad”. Aún hoy se desconoce su paradero.
Los desaparecidos, los grandes ignorados durante el anterior sexenio en México, acechan ahora a Felipe Calderón —en la actualidad becado en Harvard como investigador—, en cuyo mandato se contabilizan al menos 60.000 muertos en la guerra contra el narcotráfico. 35.000 firmas recolectadas en la web Change.org pidieron a finales de enero a la Universidad estadounidense que denegase la estancia al expresidente, calificado como “un hombre cubierto de sangre”.
Todos los casos anteriores están documentados en el informe de Human Rights Watch (HRW) Los desaparecidos de México, que recoge 249 desapariciones desde 2006, de las cuales 149 habrían contado con la intervención de las fuerzas de seguridad. En el informe se detalla la participación en 20 casos de agentes de la Marina, en 13 de la policía federal y en 95, de los agentes locales. En el caso de la Marina, el documento acredita que hay un patrón que se repite en todas las intervenciones, un modus operandi que deja entrever que las autoridades superiores estaban al tanto de la situación (el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República).
El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dice que estos son solo algunos entre “miles de casos”. El informe, que, además de las desapariciones forzadas, denuncia el maltrato a las familias de los desaparecidos y el escaso o nulo interés de las autoridades locales y federales por resolver los casos, pone en el punto de mira a la anterior Administración, pero reta al nuevo Gobierno de Enrique Peña a Nieto a meterse en un pozo que esconde miles de nombres. “El Gobierno de Calderón ignoró el caso durante cinco años con gran arrogancia. Este Gobierno, que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo sucedido, sí ha mostrado sensibilidad hacia el tema”, dice Vivanco por teléfono antes de viajar a EE UU, desde donde asegura seguirá de cerca la actuación del Gobierno.
Por lo pronto, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional, Lía Limón, declaró el miércoles la existencia de una base de datos con los nombres de 27.523 personas no localizadas entre 2006 y 2012. El titular de la Procuraduría General de la República, Murillo Karam, explicó el jueves que se ha encontrado una Procuraduría General de la República (PGR) “muy pulverizada” que hay que “rearmar”, pero se comprometió a buscar a los desaparecidos. “No me puedo comprometer a encontrarlos ni vivos o muertos, en lo que sí me puedo comprometer es que haremos todo lo que esté en nuestras manos”. En el mismo sentido, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, anunció el viernes la creación de una comisión especial para la búsqueda de personas desaparecidas, en la que participarán varias instituciones.
“El Gobierno de Peña Nieto puede estar tentado a no investigar las desapariciones, porque es la tradición, México es el país de la impunidad. Pero hay varios factores que pueden cambiar las cosas: un movimiento de víctimas fuerte, la atención internacional y la existencia en México de una corriente de opinión en contra de la impunidad”, dice Sergio Aguayo, profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. “Estamos ante un gravísimo caso de violación de los derechos humanos. Creo que hay elementos para abrir una investigación judicial sobre Calderón y sus altos funcionarios”, añade. En noviembre de 2011, un documento con más de 20.000 firmas denunció ante la Corte Penal Internacional de La Haya al Gobierno de entonces y a los narcotraficantes “por crímenes de guerra y lesa humanidad”. Aguayo, que en su día no firmó la demanda, asegura que desde que supo que había una lista oficial con miles de nombres, sí lo haría.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, dice que en los últimos años la Comisión ha constatado 30 casos de desapariciones forzadas con intervención de las fuerzas de seguridad y opina que cada una de estas debe resolverse de manera independiente. “Parece que existe la responsabilidad directa de algunos servidores públicos, pero no me atrevería a hacer señalamientos más generales".
El inicio de una investigación para resolver las desapariciones paliaría en parte la frustración de la que han sido víctimas muchos familiares, los principales damnificados de la inacción oficial. En junio de 2011 diez hombres armados y encapuchados que vestían uniformes de la Marina se llevaron de su casa a René Azael Jasso, un taxista de 26 años. Fue la última vez que su familia lo vio. Oziel, hermano de la víctima, señala ahora: “Hemos tratado de ser fuertes. Muy fuertes. Se siente muy feo llegar a casa del trabajo y mirar que mi mamá está llorando. Llegar a casa y mirar que mi papá está sentado en la mecedora, no más, sin decir una palabra”.
Policías locales detuvieron ilegalmente en Zacatecas en diciembre de 2011 a ocho amigos que volvían de caza. Dos lograron escapar. Horas después las cámaras de seguridad de una gasolinera captaron a los agentes entregando a los cazadores a otros hombres. Siete policías fueron acusados por colaborar con la delincuencia organizada. Aún no ha empezado el juicio y nada se sabe de los seis amigos.
La mujer de José Fortino Martínez salió disparada en su coche para seguir al convoy de 14 vehículos, algunos con insignias de la Marina, al que minutos antes habían subido a su marido tras allanar la casa sin orden judicial. El dispositivo hizo varias paradas en los alrededores de Nuevo Laredo (Tamaulipas, al norte del país). En una gasolinera la mujer preguntó a uno de los uniformados qué le sucedería a su esposo. El agente la amenazó con disparar si continuaba siguiéndolos. Esa noche de junio de 2011 se llevaron a seis hombres. Fotos de los familiares prueban la presencia de militares. La Marina reconoció haberlos trasladado al poblado de Miguel Alemán, en el mismo Estado, “por su seguridad”. Aún hoy se desconoce su paradero.
Los desaparecidos, los grandes ignorados durante el anterior sexenio en México, acechan ahora a Felipe Calderón —en la actualidad becado en Harvard como investigador—, en cuyo mandato se contabilizan al menos 60.000 muertos en la guerra contra el narcotráfico. 35.000 firmas recolectadas en la web Change.org pidieron a finales de enero a la Universidad estadounidense que denegase la estancia al expresidente, calificado como “un hombre cubierto de sangre”.
Todos los casos anteriores están documentados en el informe de Human Rights Watch (HRW) Los desaparecidos de México, que recoge 249 desapariciones desde 2006, de las cuales 149 habrían contado con la intervención de las fuerzas de seguridad. En el informe se detalla la participación en 20 casos de agentes de la Marina, en 13 de la policía federal y en 95, de los agentes locales. En el caso de la Marina, el documento acredita que hay un patrón que se repite en todas las intervenciones, un modus operandi que deja entrever que las autoridades superiores estaban al tanto de la situación (el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República).
El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dice que estos son solo algunos entre “miles de casos”. El informe, que, además de las desapariciones forzadas, denuncia el maltrato a las familias de los desaparecidos y el escaso o nulo interés de las autoridades locales y federales por resolver los casos, pone en el punto de mira a la anterior Administración, pero reta al nuevo Gobierno de Enrique Peña a Nieto a meterse en un pozo que esconde miles de nombres. “El Gobierno de Calderón ignoró el caso durante cinco años con gran arrogancia. Este Gobierno, que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo sucedido, sí ha mostrado sensibilidad hacia el tema”, dice Vivanco por teléfono antes de viajar a EE UU, desde donde asegura seguirá de cerca la actuación del Gobierno.
Por lo pronto, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional, Lía Limón, declaró el miércoles la existencia de una base de datos con los nombres de 27.523 personas no localizadas entre 2006 y 2012. El titular de la Procuraduría General de la República, Murillo Karam, explicó el jueves que se ha encontrado una Procuraduría General de la República (PGR) “muy pulverizada” que hay que “rearmar”, pero se comprometió a buscar a los desaparecidos. “No me puedo comprometer a encontrarlos ni vivos o muertos, en lo que sí me puedo comprometer es que haremos todo lo que esté en nuestras manos”. En el mismo sentido, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, anunció el viernes la creación de una comisión especial para la búsqueda de personas desaparecidas, en la que participarán varias instituciones.
“El Gobierno de Peña Nieto puede estar tentado a no investigar las desapariciones, porque es la tradición, México es el país de la impunidad. Pero hay varios factores que pueden cambiar las cosas: un movimiento de víctimas fuerte, la atención internacional y la existencia en México de una corriente de opinión en contra de la impunidad”, dice Sergio Aguayo, profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. “Estamos ante un gravísimo caso de violación de los derechos humanos. Creo que hay elementos para abrir una investigación judicial sobre Calderón y sus altos funcionarios”, añade. En noviembre de 2011, un documento con más de 20.000 firmas denunció ante la Corte Penal Internacional de La Haya al Gobierno de entonces y a los narcotraficantes “por crímenes de guerra y lesa humanidad”. Aguayo, que en su día no firmó la demanda, asegura que desde que supo que había una lista oficial con miles de nombres, sí lo haría.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, dice que en los últimos años la Comisión ha constatado 30 casos de desapariciones forzadas con intervención de las fuerzas de seguridad y opina que cada una de estas debe resolverse de manera independiente. “Parece que existe la responsabilidad directa de algunos servidores públicos, pero no me atrevería a hacer señalamientos más generales".
El inicio de una investigación para resolver las desapariciones paliaría en parte la frustración de la que han sido víctimas muchos familiares, los principales damnificados de la inacción oficial. En junio de 2011 diez hombres armados y encapuchados que vestían uniformes de la Marina se llevaron de su casa a René Azael Jasso, un taxista de 26 años. Fue la última vez que su familia lo vio. Oziel, hermano de la víctima, señala ahora: “Hemos tratado de ser fuertes. Muy fuertes. Se siente muy feo llegar a casa del trabajo y mirar que mi mamá está llorando. Llegar a casa y mirar que mi papá está sentado en la mecedora, no más, sin decir una palabra”.
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