El Congreso de Estados Unidos acelera los plazos para la reforma migratoria
Aumenta el apoyo a la reforma por parte de los políticos más conservadores
Cristina F. Pereda
Washington
21 MAR 2013 - 21:27 CET8
Casi dos de cada tres estadounidenses apoyan la creación de
una vía para que los 11 millones de indocumentados que se estima
residen en Estados Unidos tengan la oportunidad de convertirse en
ciudadanos, según una encuesta realizada por la Institución Brookings.
El apoyo de los ciudadanos a uno de los principales aspectos de la
reforma migratoria coincide con la cada vez menor resistencia entre los
políticos conservadores del Partido Republicano, lo que podría facilitar
que la nueva ley salga adelante antes del verano.
En los últimos días, los republicanos han demostrado que cada vez apoyan con más firmeza los cambios en el sistema migratorio.
Este lunes, el presidente del Comité Nacional del Partido, Reince
Priebus, anunció los resultados de un análisis sobre el papel
desempeñado por los republicanos durante las elecciones y en el que
aseguraba que debían apoyar la reforma como vía de regreso a la Casa
Blanca. Un día después era Rand Paul, senador afiliado al Tea Party,
quien prometía “encontrar un lugar” para los indocumentados que quieran
vivir y trabajar en EE UU.
Este jueves, el líder de la mayoría demócrata en el Senado,
Harry Reid, anunció que la Cámara Alta podría aprobar la reforma
migratoria el próximo mes de abril, mucho antes de lo previsto. El
respaldo político y ciudadano a la reforma coincide con el trabajo en el
Senado de ocho legisladores, cuatro demócratas y cuatro republicanos,
que colaboran en la redacción de la nueva ley.
El conocido como “grupo de los ocho”,
que presentó las bases para la reforma migratoria el pasado mes de
enero y cuenta con el respaldo del presidente Obama, cuenta con la
participación de un gran veterano del último intento de aprobar la
reforma, John McCain, y el senador hispano Marco Rubio, encargado de
acercar las posturas más conservadoras a las condiciones de los
demócratas. De momento, las negociaciones han logrado grandes avances como el acuerdo en torno a la regularización de los indocumentados o los plazos de acceso a la ciudadanía.
Según el informe de Brookings, este último aspecto es el
que cuenta con mayor apoyo entre los ciudadanos. Un 71% de los
demócratas y un 53% de los republicanos consideran que se debe
regularizar la situación de aquellos que entraron ilegalmente en el país
o no lo abandonaron tras caducar sus visados. Se trata de un giro
importante ante un requisito que todavía es calificado despectivamente
entre los más conservadores como “amnistía”.
Los ocho senadores aseguraron hace varias semanas que
también se habían puesto de acuerdo en cuanto a la regularización, como
también pide la Casa Blanca, a pesar de que en el primer borrador
condicionaron el acceso a la ciudadanía con la seguridad de la frontera.
Ese primer requisito exigía la creación de un organismo que certificara
que la frontera estaba blindada de las amenazas de la violencia
relacionada con el narcotráfico, sin embargo, la falta de
especificaciones sobre quién lo formaría ni qué parámetros demuestran
tal seguridad, ha dado paso al consenso en torno a la regularización de
los indocumentados.
Sin embargo, y tal y como han demostrado algunas audiencias
celebradas en el Congreso acerca de la reforma, diversas voces
conservadoras todavía abogan por que se otorgue un permiso de residencia
y de trabajo a los indocumentados, sin que lleguen a convertirse en
ciudadanos de pleno derecho. Esta opción es la que cuenta también con
menos apoyo entre los ciudadanos, apenas un 14% de los encuestados
quieren que se legalice a los indocumentados sin ir más allá.
Numerosas organizaciones a favor de la reforma, así como
algunos legisladores demócratas, argumentan que esta opción provocaría
la existencia de ciudadanos de “segunda clase” sin plenitud de derechos.
De momento, todo indica que la nueva legislación no contará con este
aspecto, que siempre ha quedado fuera de las bases planteadas tanto por
el “grupo de los ocho” como del presidente Obama. Tanto los republicanos
como los demócratas podrían arriesgarse a perder el voto de millones de
hispanos que se estima pueden tener un impacto aún mayor en las
elecciones de 2016.
En ese sentido, la encuesta también muestra que el 45% de los
estadounidenses consideran que el Partido Republicano resultó
perjudicado en las últimas elecciones precisamente por las ideas
defendidas en materia de inmigración. Entonces, el candidato Mitt Romney
propuso las “autodeportaciones” como medida de lucha contra la
inmigración ilegal y nunca ratificó su rechazo a la ley de inmigración
de Arizona, una de las más restrictivas del país. Solo un tercio de los
ciudadanos asegura que esta era la estrategia correcta y un quinto
todavía opina que los indocumentados deberían ser identificados y
deportados.
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