El Senado de Brasil convierte el delito de corrupción en “crimen atroz”
Los condenados tendrán penas mayores y más obstáculos para conseguir el indulto y la libertad con fianza
Juan Arias
Río de Janeiro
27 JUN 2013 - 02:04 CET94
Disturbios a las puertas del Brasil-Uruguay este miércoles. / S. Moreira (EFE)
Las protestas en las calles de Brasil
han conseguido este miércoles uno de sus mayores triunfos con la
aprobación por parte del Senado de la República del proyecto que
transforma el delito de corrupción en “crimen atroz” (tipificado como crimen hediondo). La decisión deberá ser ratificada por la Cámara de diputados donde ya han adelantado que no encontrará obstáculos.
Con la nueva ley, los condenados por corrupción tendrán penas mucho mayores que pueden llegar a los 12 años de cárcel. Pierden también el derecho a la amnistía, indulto y pago de fianza para dejar la cárcel y los condenados tendrán mayores dificultades para obtener la libertad condicional.
El proyecto ha sido aprobado 48 horas después de que la presidenta Dilma Rousseff manifestara su deseo de que el texto, que dormía en el Congreso desde 2011, fuera adoptado rápidamente. El Senado dio su visto bueno durante el partido entre Brasil-Uruguay y la aprobación tuvo lugar en una votación simbólica dado el grado de aceptación del proyecto.
El concepto de corrupción engloba la corrupción activa y pasiva; la extorsión llevada a cabo por servidores públicos, incluso fuera de su función; el peculado, es decir, la corrupción perpetrada por servidores públicos, así como el cobro de tributos indebidamente. Los homicidios comunes y no sólo los cualificados también entrarán en esa categoría gracias a una enmienda presentada en el último momento por el senador y expresidente de la República, José Sarney.
Lo que más ha llamado la atención de la opinión pública es que un proyecto que dormía en el Senado desde hace dos años fue aprobado a la velocidad de la luz. Los senadores han confesado que dicha aprobación relámpago supone “una respuesta a la principal reivindicación de las protestas en todo el país”, según afirmó el senador Àlvaro Dias, del PSDB, quien recordó que la palabra “corrupción” fue “la más pronunciada estos días en las calles y plazas por los jóvenes brasileños”. Incluso el presidente del Senado, Renán Calheiros, admitió sin rodeos que dicha votación fue una “consecuencia de los gritos de la calle”.
La decisión de convertir la corrupción en crimen atroz se une a la victoria del martes por parte de los manifestantes que consiguieron que el Congreso retirase la famosa y polémica P.7, que pretendía despojar de poderes de investigación a la Fiscalía de la República para dejarla en manos de la policía.
Dicho proyecto de ley tuvo su origen después de las condenas del mensalão, que nunca hubiesen llegado a término sin el trabajo de siete años de investigación del Fiscal General del Estado, Roberto Gurgel.
Con estas dos decisiones del Congreso, se puede decir que la protesta de la calle ha conseguido hasta ahora su mayor victoria contra la corrupción. Le seguirá la reforma política que será llevada a cabo a través de un plebiscito popular y que podrá suponer un paso decisivo en la modernización de los engranajes de una forma de ejercer la política partidaria que ha sido todos estos años, la mayor fuente de corrupción y de divorcio entre el palacio y la calle.
Con la nueva ley, los condenados por corrupción tendrán penas mucho mayores que pueden llegar a los 12 años de cárcel. Pierden también el derecho a la amnistía, indulto y pago de fianza para dejar la cárcel y los condenados tendrán mayores dificultades para obtener la libertad condicional.
El proyecto ha sido aprobado 48 horas después de que la presidenta Dilma Rousseff manifestara su deseo de que el texto, que dormía en el Congreso desde 2011, fuera adoptado rápidamente. El Senado dio su visto bueno durante el partido entre Brasil-Uruguay y la aprobación tuvo lugar en una votación simbólica dado el grado de aceptación del proyecto.
El concepto de corrupción engloba la corrupción activa y pasiva; la extorsión llevada a cabo por servidores públicos, incluso fuera de su función; el peculado, es decir, la corrupción perpetrada por servidores públicos, así como el cobro de tributos indebidamente. Los homicidios comunes y no sólo los cualificados también entrarán en esa categoría gracias a una enmienda presentada en el último momento por el senador y expresidente de la República, José Sarney.
Lo que más ha llamado la atención de la opinión pública es que un proyecto que dormía en el Senado desde hace dos años fue aprobado a la velocidad de la luz. Los senadores han confesado que dicha aprobación relámpago supone “una respuesta a la principal reivindicación de las protestas en todo el país”, según afirmó el senador Àlvaro Dias, del PSDB, quien recordó que la palabra “corrupción” fue “la más pronunciada estos días en las calles y plazas por los jóvenes brasileños”. Incluso el presidente del Senado, Renán Calheiros, admitió sin rodeos que dicha votación fue una “consecuencia de los gritos de la calle”.
La decisión de convertir la corrupción en crimen atroz se une a la victoria del martes por parte de los manifestantes que consiguieron que el Congreso retirase la famosa y polémica P.7, que pretendía despojar de poderes de investigación a la Fiscalía de la República para dejarla en manos de la policía.
Dicho proyecto de ley tuvo su origen después de las condenas del mensalão, que nunca hubiesen llegado a término sin el trabajo de siete años de investigación del Fiscal General del Estado, Roberto Gurgel.
Con estas dos decisiones del Congreso, se puede decir que la protesta de la calle ha conseguido hasta ahora su mayor victoria contra la corrupción. Le seguirá la reforma política que será llevada a cabo a través de un plebiscito popular y que podrá suponer un paso decisivo en la modernización de los engranajes de una forma de ejercer la política partidaria que ha sido todos estos años, la mayor fuente de corrupción y de divorcio entre el palacio y la calle.
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