Uruguay conmemora el 40 aniversario de la dictadura
Organizaciones de expresos políticos piden justicia para las víctimas y sus familiares, en medio del debate por la Ley de Caducidad
Elvira Palomo
Montevideo
28 JUN 2013 - 00:48 CET
Un grupo de activistas, frente al Supremo en Montevideo. / Iván Franco (EFE)
Cuarenta años pueden ser mucho tiempo pero no el suficiente para cerrar heridas. Uruguay conmemora el 40 aniversario de la dictadura (1973-1985) con el reclamo pendiente de justicia por parte de las víctimas y sus familiares, y el debate sobre el legado de la Ley de Caducidad con la que se intentó pasar página.
“La sociedad tiene derecho a saber qué pasó con el terrorismo de Estado y quiénes son los responsables porque la impunidad provoca repetición” señaló Baldemar Taroco, vicepresidente de la organización de expresos políticos Crysol, en un foro conmemorativo celebrado en la Intendencia de Montevideo.
El 27 de julio de 1973 el presidente Juan María Bordaberry, elegido de forma democrática en 1971, disolvió las Cámaras, anunció la limitación de los derechos individuales, estableció censura de prensa y comenzó una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1985. El golpe se dio en el marco de las dictaduras que vivió América Latina en ese periodo de la Guerra Fría en el que la comunidad internacional hizo oídos sordos ante la temida perspectiva del avance del comunismo.
Uruguay, un país de tradición democrática, se vio envuelto en las redes del Plan Cóndor, que idearon de manera coordinada las dictaduras del Cono Sur para detener, torturar o eliminar a personas consideradas “subversivas” por sus ideas políticas. En el caso de Uruguay, la Comisión para la Paz que se creó en 2000, recogió más de 200 denuncias de desaparecidos uruguayos.
Taroco reconoce que ha habido avances desde que en 2005 subió al poder el Frente Amplio, una coalición de grupos de izquierda que cuenta con varios representantes que fueron presos políticos, entre ellos el presidente José Mujica, pero considera que el Gobierno no está haciendo lo suficiente.
“El estado debe asumir su responsabilidad para que ponga en plena vigencia los derechos humanos. Los derechos humanos deben ser una política de Estado, no de un grupo de familiares y de ONGs” reclama Taroco, cuya organización aboga porque el 27 de junio sea declarado Día Nacional de la Memoria.
La dictadura acabó con una solución negociada y la convocatoria de unas elecciones libres que ganó el líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, quien promovió una Ley de Caducidad, una amnistía para los militares, que fue ratificada en referéndum en 1989 y en 2009, para disgusto de las organizaciones de derechos humanos. En 2009 la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional para algunos casos, aunque sigue siendo una traba para avanzar en las investigaciones de los desaparecidos.
No obstante, en este largo camino la justicia uruguaya ha procesado a algunas figuras de la dictadura como el propio Bordaberry, su sucesor Gregorio Álvarez, el excanciller Juan Carlos Blanco y algunos de los militares y policías implicados en las desapariciones.
El abogado Juan Errandonea, que lleva cuatro causas de la época, destacó el esfuerzo para llevar estas causas adelante y lamentó la falta de colaboración de algunas oficinas administrativas del Estado, además de otros obstáculos como la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que anuló una ley de 2011 que impedía la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El abogado, que también fue preso político, considera que “hay integrantes del Gobierno que no querrían avanzar mucho más porque quieren evitar tener enfrentamientos con determinados sectores de las Fuerzas Armadas”. Siente que “de repente (hay) un avance, luego sacan otra ley que no se entiende mucho, parece que quieren un equilibrio político. Pero no se puede decir que el Gobierno no apoya el avance”.
Por parte del Gobierno, Graciela Jorge, de la Secretaría para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República y expresa política, reconoce que no se ha hecho lo suficiente pero ha habido avances que la sociedad no conoce como un banco de datos genético; los trabajos con los países vecinos que sufrieron el Pan Cóndor como Argentina, Chile y Brasil; y las continuas excavaciones antropológicas en recintos militares en busca de restos de desaparecidos.
“Estamos en la búsqueda, avanzando en el tema de la verdad. Tratamos de ir lo más rápido posible porque sabemos que el tiempo juega en nuestra contra”.
En respuesta al golpe la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) comenzó una huelga general que duró 15 días, la más larga en la historia del país, que se recordará esta tarde con una marcha que culminará en las inmediaciones de la Presidencia.
“La sociedad tiene derecho a saber qué pasó con el terrorismo de Estado y quiénes son los responsables porque la impunidad provoca repetición” señaló Baldemar Taroco, vicepresidente de la organización de expresos políticos Crysol, en un foro conmemorativo celebrado en la Intendencia de Montevideo.
El 27 de julio de 1973 el presidente Juan María Bordaberry, elegido de forma democrática en 1971, disolvió las Cámaras, anunció la limitación de los derechos individuales, estableció censura de prensa y comenzó una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1985. El golpe se dio en el marco de las dictaduras que vivió América Latina en ese periodo de la Guerra Fría en el que la comunidad internacional hizo oídos sordos ante la temida perspectiva del avance del comunismo.
Uruguay, un país de tradición democrática, se vio envuelto en las redes del Plan Cóndor, que idearon de manera coordinada las dictaduras del Cono Sur para detener, torturar o eliminar a personas consideradas “subversivas” por sus ideas políticas. En el caso de Uruguay, la Comisión para la Paz que se creó en 2000, recogió más de 200 denuncias de desaparecidos uruguayos.
Taroco reconoce que ha habido avances desde que en 2005 subió al poder el Frente Amplio, una coalición de grupos de izquierda que cuenta con varios representantes que fueron presos políticos, entre ellos el presidente José Mujica, pero considera que el Gobierno no está haciendo lo suficiente.
“El estado debe asumir su responsabilidad para que ponga en plena vigencia los derechos humanos. Los derechos humanos deben ser una política de Estado, no de un grupo de familiares y de ONGs” reclama Taroco, cuya organización aboga porque el 27 de junio sea declarado Día Nacional de la Memoria.
La dictadura acabó con una solución negociada y la convocatoria de unas elecciones libres que ganó el líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, quien promovió una Ley de Caducidad, una amnistía para los militares, que fue ratificada en referéndum en 1989 y en 2009, para disgusto de las organizaciones de derechos humanos. En 2009 la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional para algunos casos, aunque sigue siendo una traba para avanzar en las investigaciones de los desaparecidos.
No obstante, en este largo camino la justicia uruguaya ha procesado a algunas figuras de la dictadura como el propio Bordaberry, su sucesor Gregorio Álvarez, el excanciller Juan Carlos Blanco y algunos de los militares y policías implicados en las desapariciones.
El abogado Juan Errandonea, que lleva cuatro causas de la época, destacó el esfuerzo para llevar estas causas adelante y lamentó la falta de colaboración de algunas oficinas administrativas del Estado, además de otros obstáculos como la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que anuló una ley de 2011 que impedía la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El abogado, que también fue preso político, considera que “hay integrantes del Gobierno que no querrían avanzar mucho más porque quieren evitar tener enfrentamientos con determinados sectores de las Fuerzas Armadas”. Siente que “de repente (hay) un avance, luego sacan otra ley que no se entiende mucho, parece que quieren un equilibrio político. Pero no se puede decir que el Gobierno no apoya el avance”.
Por parte del Gobierno, Graciela Jorge, de la Secretaría para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República y expresa política, reconoce que no se ha hecho lo suficiente pero ha habido avances que la sociedad no conoce como un banco de datos genético; los trabajos con los países vecinos que sufrieron el Pan Cóndor como Argentina, Chile y Brasil; y las continuas excavaciones antropológicas en recintos militares en busca de restos de desaparecidos.
“Estamos en la búsqueda, avanzando en el tema de la verdad. Tratamos de ir lo más rápido posible porque sabemos que el tiempo juega en nuestra contra”.
En respuesta al golpe la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) comenzó una huelga general que duró 15 días, la más larga en la historia del país, que se recordará esta tarde con una marcha que culminará en las inmediaciones de la Presidencia.
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