sábado, 29 de junio de 2013

Un exmagistrado, siniestro

La increíble historia del exmagistrado desalmado

El caso de Genaro Góngora Pimentel, denunciado por incumplimiento de pensión alimenticia, se ha convertido en una telenovela

La de Genaro Góngora Pimentel (Chihuahua, 1937), expresidente de la Suprema Corte de Justicia de México, supera cualquiera historia del realismo mágico. En un par de meses, la imagen pública del también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sufrido una gran transformación. De ser considerado un profesional con una trayectoria intachable, referente incluso para los sectores más progresistas -defendió en 2007 la constitucionalidad de la ley que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en el Distrito Federal-, el exministro (magistrado) ha sufrido la condena de buena parte de la sociedad al revelarse como un padre capaz de usar su red de influencias para meter en la cárcel a la madre de dos de sus hijos, regatearles dinero alegando que no lo necesitarán porque tienen autismo y, cuando se supo evidenciado, declarar ante la prensa que se desistiría de su intento punitivo contra su expareja, hasta que unas horas después dejó sentir de nuevo su inquina contra ella en los tribunales de los que alguna vez fue la máxima autoridad.
Todo el derrumbe de esta figura pública comenzó en mayo, cuando una investigación periodística informó de que Ana María Orozco, expareja de Góngora Pimentel, llevaba encerrada en una cárcel para mujeres del Distrito Federal desde junio de 2012, poco después de que ella lo denunciara a él por incumplimiento de pensión alimenticia a sus hijos, dos pequeños con autismo de 9 y 7 años de edad. La mujer fue enviada a prisión afrontando un proceso por delito de fraude genérico al haber puesto a su nombre, y no al de los pequeños, una modesta casa en Xochimilco, al sureste de la capital, para cuya compra el exmagistrado le habría dado dos millones de pesos (154.220 dólares). Tras hacerse pública la noticia y con ella el escándalo que dejaba entrever el proceder de un sistema judicial nada justo, el propio Góngora –cuyos ingresos mensuales superan los 28.900 dólares-- envió una carta de disculpa al programa de radio Noticias MVS, de la periodista Carmen Aristegui, en la que reconocía que se había dejado llevar por sus “emociones de desconcierto” e indicaba que apoyaría a la autoridad ministerial “para que en el momento procesal oportuno”, Ana María se reincorporase al hogar con los niños, a fin de “brindarles toda la atención, el amor, el cariño y comprensión que ellos se merecen”.
Apenas dos semanas después del anuncio, y justo al cumplirse un año de su reclusión, Orozco fue puesta en libertad y absuelta de cargos al considerar el Tribunal Superior de Justicia del DF que no se demostró “de forma plena” el delito.
“Es momento de parar ya”, sentenció ella el lunes siguiente en el espacio informativo radiofónico que dio a conocer su caso. Con esta frase, la expareja de Góngora descartaba promover cualquier tipo de acción contra él, aludiendo que quería dedicarse a sus hijos. “Hay mucho daño de por medio y sé que iniciar otro proceso también sería más daño. No es para mí un fin económico”, explicó. Poco después de que ella ingresara en la cárcel, Góngora había solicitado la custodia de los niños acusándola de maltrato, algo que ella negó de forma reiterada en sus declaraciones públicas y que peritos determinaron que era inexistente.
Cuando todo parecía haber concluido, el exministro volvió a darle un nuevo giro al caso, recurriendo la sentencia que decretó la liberación de su expareja. “La apelación tiene dos finalidades: que se revoque la libertad de Ana María y que se repare el daño económico que presuntamente él o el patrimonio de sus dos hijos hayan sufrido”, aseguró a los medios el abogado Jesús Mora, quien hizo hincapié en la actitud contradictoria del juez, quien ya le había pedido perdón de forma pública mediante la misiva enviada a la radio. En otra entrevista concedida estos últimos días la señora Orozco aseguró que el recurso de Góngora había llegado como consecuencia de una reunión en la que no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto de la pensión que mensualmente debía pasar a los niños. “Ulises –el menor de los dos- lleva un año sin recibir tratamiento por su autismo”, reveló ella.
El pasado jueves, 27 de junio, el Tribunal Superior de Justicia del DF otorgó la custodia de los niños a Ana María Orozco, lo que supuso una nueva victoria para la madre de los pequeños y parecía augurar el fin de una batalla que ya dura más de un año.
Sin embargo, ese mismo día, la cadena Televisa dio a conocer la existencia de otra demanda contra Góngora Pimentel, interpuesta por la exmagistrada del Poder Judicial Federal Rosalba Becerril por supuesto incumplimiento de pensión alimenticia. Según Becerril, ambos habrían concebido dos hijos en 1996 y 2006. En la denuncia, del 10 de junio de 2013, se puede leer: “El demandado se ha abstenido de cubrir los alimentos a su cargo, por lo que durante todo ese lapso, nunca ha contribuido en la manutención de dichos menores, solicitando ayuda a mi señora madre y a mis hermanos, quienes me han auxiliado al sostenimiento de la suscrita y de los menores, contrayendo con ellos diversas deudas de dinero; razón por la cual promuevo en forma y términos que lo hago, además de que nunca nos ha pagado una renta de vivienda ni nos ha otorgado una vivienda digna y decorosa, ni mucho menos ha proporcionado ningún tipo de servicio médico para nuestros menores hijos, no obstante que se lo he requerido de manera extrajudicial desde el año de 1996…”
En el año 2008 Becerril fue investigada por la Procuraduría General de la República por la presunta alteración de sentencias de 477 expedientes judiciales y como resultado, quedó apartada del cargo.
Pese a las características del caso Góngora, un escándalo judicial convertido en una de las historias más rocambolescas de la actualidad mexicana y cada día que pasa un poco más cerca de un mal guión de telenovela, el drama de las pensiones afecta a tres de cada cuatro hijos de padres separados, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A raíz de la publicación de este caso, un grupo de periodistas ha creado la campaña Basta de Góngoras en México, promovida a través de las redes sociales con el objetivo de hacer visible una problemática que toca a muchas otras familias, en su mayor parte encabezadas por mujeres que a pesar de ganar los juicios nunca pueden hacer que el padre pague la pensión debidamente. El intercambio de experiencias vía Twitter o Facebook busca finalmente que los procesos judiciales y las leyes que los rigen, resulten algo más efectivos de lo que lo son ahora. Si Góngora sigue en su intento por aplastar a su ex pareja, será el mejor recordatorio de que algo está muy mal en los juicios de divorcio en este país. Al menos eso se habrá ganado después de que Orozco haya pasado un año en la cárcel por mérito de quien hace apenas unos meses llegara a ser uno de los mejores ministros de la historia moderna del Supremo mexicano. Ver para creer.

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