sábado, 29 de junio de 2013

Guatemala: La impunidad va y viene.

Guatemala anula la suspensión de la orden de captura al expresidente Serrano

El Supremo anula la suspensión del proceso que había sido dictaminada el pasado martes por una Sala de Apelaciones

Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala. / A. Bolivar (EFE)

La cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia reactivó en la tarde del jueves la orden de captura contra el expresidente Jorge Serrano Elías, que había sido anulada el pasado 25 de junio por una Sala de Apelaciones. Fue la Procuraduría General de la Nación (Fiscalía) la que actuó contra el fallo y consiguió un amparo provisional que confirma la persecución en contra del exgobernante.
La decisión fue rechazada por el defensor de Serrano, Hiram Sosa, quien señaló que “todo el proceso está viciado y es de índole política”, pues la Fiscalía “no tiene pruebas y está fundamentado en mentiras”. La víspera, en declaraciones a EL PAÍS, Serrano Elías afirmaba que “a lo largo de 20 años, la Fiscalía guatemalteca fue incapaz de presentar un solo documento incriminatorio en mi contra”.
Para Sosa, el amparo no es válido “porque la Fiscalía no es parte del proceso y, en consecuencia, adolece de legitimidad para tomar acciones en este caso”, y anunció que procederá legalmente contra el jefe de la Fiscalía, Vladimir Aguilar, a quien acusa de “usurpación de funciones”.
La Fiscalía argumenta que la decisión de la Sala de Amparos es ilegal puesto que los hechos denunciados contra Serrano Elías son conocidos y fueron detectados en flagrancia. “Los acontecimientos son del conocimiento de casi toda la ciudadanía”, se lee en la resolución, que concede un plazo de 48 horas a la Sala de Amparos para que emita un informe sobre su resolución.
El 25 de mayo de 1993, el entonces presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, promulgó un decreto por el cual disolvía el Congreso (legislativo y unicameral) y suspendía la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos con el argumento de que estaban compuestos por funcionarios corruptos. Una acción de los entonces presidentes del Constitucional, Epaminondas González, y del Tribunal Electoral, Arturo Herbruger, sumados al rechazo popular, terminaron por derrocar a Serrano, quien huyó hacia Panamá, donde permanece desde junio de ese año.

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