Wert achaca el auge del independentismo a la descentralización educativa
El ministro dice que el principio de solidaridad no está bien atendido en algunas comunidades
J. A. Aunión /
Ivanna Vallespín
Madrid
/
Barcelona
2 OCT 2012 - 19:57 CET1157
Wert, la semana pasada en el Congreso. / J.J. Guillén (EFE)
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, volvió ayer a encender
la polémica al asegurar en una entrevista en Telemadrid “que hay algunas
evidencias” que relacionan el crecimiento del sentimiento
independentista en algunas comunidades “con la dirección que ha llevado
el sentido educativo”. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs,
calificó de “grave” la asociación de auge del sentimiento
independentista con la descentralización de las competencias educativas e
instó a Wert a aclarar cuáles son esas “evidencias” a las que ha hecho
referencia.
En estos días de tensión creciente entre el Gobierno central y la Generalitat —que está impulsando una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña—, el Ministerio de Educación ha abierto la batalla escolar por lo que el ministro Wert llamó recientemente una “dispersión inmanejable” entre las comunidades a la que achacó, al menos en parte, los males de la enseñanza en España.
Así, el de ayer en la entrevista de Telemadrid (recogida por Europa Press) hay que leerlo como un nuevo capítulo de ese frente abierto con la reforma educativa que está tramitando el ministerio. Esta establece que el Gobierno central aumentará el porcentaje de contenidos que imponga a las autonomías: fijará el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para las que no la tengan; actualmente, es el 55% y el 65%, respectivamente.
Aunque Wert insistió ayer que la reforma “no pretende ser una recentralización” —sino “eliminar el desenfoque que ha tenido el proceso educativo en España”—, así es exactamente como lo han interpretado algunas comunidades como Cataluña o País Vasco, cuya consejera de Educación, Isabel Celáa, ha llegado a reclamar la dimisión del ministro.
La reforma, insistió ayer sin embargo el aludido, “no es ideológica, sino que está inspirada en dos objetivos muy claros: eliminar la existencia de 17 sistemas autonómicos con diferentes rendimientos e inversión” y, por otro, mejorar el rendimiento educativo: “España tiene más del doble de tasa de abandono educativo temprano respecto a los países en los que los jóvenes van a tener que competir”.
Wert ha llegado a poner en duda en varias ocasiones (también lo hizo ayer) que los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y equidad estén bien atendidos cuando, por ejemplo, “en el País Vasco el gasto en educación por alumno es el doble que en Andalucía”. Entre esas dos comunidades, lo cierto es que hay un 77% de diferencia de renta per cápita a favor de Euskadi, donde los menores de 16 años son el 14,9% de la población (en Andalucía, con una población más dispersa, son el 18,4%). En esfuerzo medido como porcentaje del PIB destinado a enseñanza, en 2010 estaba Andalucía algo por encima: un 4,89% frente a un 4%.
En todo caso, en ese contexto de transferencias educativas en el que cada comunidad decide sus propias prioridades de gasto, poco puede hacer una ley sobre contenidos educativos si no establece un fondo de compensación o exige una cartera de servicios mínimos para todas las comunidades como existe en Sanidad. El ministro anunció en el Senado el pasado mes de marzo la elaboración de “una carta de derechos educativos básicos que asegure que todos los alumnos españoles accedan a un sistema educativo de calidad, independientemente de la comunidad autónoma en la que resida”, pero no la ha vuelto a mencionar. De hecho, fue la número dos del PSOE, Elena Valenciano, la que reclamó algo muy parecido el mes pasado.
Preguntado por si el Gobierno es “incapaz” de hacer que se cumpla la Constitución y de que en Cataluña y en Baleares un niño pueda estudiar en castellano, Wert respondió que está “firmemente dispuesto” a resolver este asunto. “No debe quedar la menor duda respecto a que en esta legislatura este tema va a tener una solución práctica, porque el problema no es lo que diga la ley, que lo dice claramente, y es que todo el mundo tiene derecho a que el castellano sea la lengua vehicular en que reciba la educación. No basta con la llamada atención individualizada para entender ese derecho, sino que hay que hacerlo efectivo. Y yo garantizo que eso lo vamos a hacer”, dijo.
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, sugirió al titular estatal de Educación “que se mire los datos del ministerio que preside y que reflejan que cuando los estudiantes acaban la etapa obligatoria, el grado de conocimiento del castellano [de los estudiantes catalanes] está por encima de la media española”.
En estos días de tensión creciente entre el Gobierno central y la Generalitat —que está impulsando una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña—, el Ministerio de Educación ha abierto la batalla escolar por lo que el ministro Wert llamó recientemente una “dispersión inmanejable” entre las comunidades a la que achacó, al menos en parte, los males de la enseñanza en España.
Así, el de ayer en la entrevista de Telemadrid (recogida por Europa Press) hay que leerlo como un nuevo capítulo de ese frente abierto con la reforma educativa que está tramitando el ministerio. Esta establece que el Gobierno central aumentará el porcentaje de contenidos que imponga a las autonomías: fijará el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para las que no la tengan; actualmente, es el 55% y el 65%, respectivamente.
Aunque Wert insistió ayer que la reforma “no pretende ser una recentralización” —sino “eliminar el desenfoque que ha tenido el proceso educativo en España”—, así es exactamente como lo han interpretado algunas comunidades como Cataluña o País Vasco, cuya consejera de Educación, Isabel Celáa, ha llegado a reclamar la dimisión del ministro.
La reforma, insistió ayer sin embargo el aludido, “no es ideológica, sino que está inspirada en dos objetivos muy claros: eliminar la existencia de 17 sistemas autonómicos con diferentes rendimientos e inversión” y, por otro, mejorar el rendimiento educativo: “España tiene más del doble de tasa de abandono educativo temprano respecto a los países en los que los jóvenes van a tener que competir”.
Wert ha llegado a poner en duda en varias ocasiones (también lo hizo ayer) que los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y equidad estén bien atendidos cuando, por ejemplo, “en el País Vasco el gasto en educación por alumno es el doble que en Andalucía”. Entre esas dos comunidades, lo cierto es que hay un 77% de diferencia de renta per cápita a favor de Euskadi, donde los menores de 16 años son el 14,9% de la población (en Andalucía, con una población más dispersa, son el 18,4%). En esfuerzo medido como porcentaje del PIB destinado a enseñanza, en 2010 estaba Andalucía algo por encima: un 4,89% frente a un 4%.
En todo caso, en ese contexto de transferencias educativas en el que cada comunidad decide sus propias prioridades de gasto, poco puede hacer una ley sobre contenidos educativos si no establece un fondo de compensación o exige una cartera de servicios mínimos para todas las comunidades como existe en Sanidad. El ministro anunció en el Senado el pasado mes de marzo la elaboración de “una carta de derechos educativos básicos que asegure que todos los alumnos españoles accedan a un sistema educativo de calidad, independientemente de la comunidad autónoma en la que resida”, pero no la ha vuelto a mencionar. De hecho, fue la número dos del PSOE, Elena Valenciano, la que reclamó algo muy parecido el mes pasado.
Preguntado por si el Gobierno es “incapaz” de hacer que se cumpla la Constitución y de que en Cataluña y en Baleares un niño pueda estudiar en castellano, Wert respondió que está “firmemente dispuesto” a resolver este asunto. “No debe quedar la menor duda respecto a que en esta legislatura este tema va a tener una solución práctica, porque el problema no es lo que diga la ley, que lo dice claramente, y es que todo el mundo tiene derecho a que el castellano sea la lengua vehicular en que reciba la educación. No basta con la llamada atención individualizada para entender ese derecho, sino que hay que hacerlo efectivo. Y yo garantizo que eso lo vamos a hacer”, dijo.
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, sugirió al titular estatal de Educación “que se mire los datos del ministerio que preside y que reflejan que cuando los estudiantes acaban la etapa obligatoria, el grado de conocimiento del castellano [de los estudiantes catalanes] está por encima de la media española”.
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