El G-8 apoya medidas de transparencia financiera y contra la evasión fiscal
Las grandes potencias también condenan la austeridad indiscriminada
Antonio Caño
Enniskillen (Irlanda del Norte)
18 JUN 2013 - 18:22 CET33
Los líderes del G-8
se comprometieron a aplicar medidas para combatir las empresas
fantasma, los paraísos fiscales y otros recursos que las grandes
compañías utilizan para oscurecer su actividad y evadir impuestos. Las
principales potencias mundiales apostaron, igualmente, por políticas
fiscales y estrategias que permitan sacar a Europa de la recesión,
acelerar el crecimiento económico mundial y crear empleos de calidad,
especialmente para los jóvenes.
“Las autoridades de impuestos de todo el mundo deberían
automáticamente compartir información para luchar contra la evasión
fiscal”, reconocen los presidentes de Estados Unidos, Rusia, Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia y Canadá en la declaración final de una
reunión que, por primera vez, señala prioridad de combatir prácticas
empresariales que están acentuando las diferencias económicas y
debilitando la capacidad de los estados para responder a los reclamos
sociales. “Los países deberían cambiar las normas que permiten a las
compañías pasar sus beneficios a través de las fronteras para evitar
impuestos, y las multinacionales deberían informar a las autoridades de
qué impuestos pagan y dónde”, añade el texto acordado.
El primer ministro británico, David Cameron, anfitrión de
la reunión, aseguró que, pese al escepticismo habitual sobre este
asunto, las grandes potencias están ahora unidas en su determinación de
conseguir el objetivo de transparencia financiera.
La cumbre, celebrada en Lough Erne, en Irlanda del Norte,
estuvo concentrada prioritariamente durante los dos últimos días en la
búsqueda de una posición común para frenar el derramamiento de sangre en Siria. Aunque la negativa del presidente ruso, Vladimir Putin,
hizo imposible un compromiso más ambicioso para que la comunidad
internacional intervenga en el conflicto, finalmente se consiguió un
acuerdo de mínimos que aboga por la celebración de la conferencia de paz
en Ginebra pactada por Rusia y Estados Unidos, y establece mecanismos
para facilitar nueva ayuda humanitaria a ese país.
El acuerdo sobre Siria propone la creación de un
órgano de gobierno de transición, pero no que El Asad quede fuera del
futuro político del país
El acuerdo sobre Siria propone dar pasos para la creación
de un órgano de gobierno de transición con todos los poderes ejecutivos,
pero no menciona la petición de Barack Obama
de que el presidente Bachir El Asad, que sigue teniendo el apoyo de
Rusia, quede fuera del futuro político del país. Alude a la necesidad de
investigar el uso de armas químicas, pero no condena su utilización por
parte del régimen, ya comprobada por EE UU, el Reino Unido y Francia.
Aprueba, por último, contribuciones de 1.500 millones de dólares de
ayuda humanitaria, que se sumarán a los 300 millones que EE UU ya ha
otorgado. Esa ayuda irá en gran parte destinada a atender a los
refugiados que huyen hacia las fronteras del país.
Un portavoz norteamericano comentó que, pese a las diferencias reconocidas en el encuentro del lunes entre Barack Obama y Vladimir Putin
–en el que cada uno persistió en su posición de entregar armas a los
bandos enfrentados en la guerra-, el consenso obtenido en Irlanda del
Norte “refleja la voluntad del presidente de resolver el conflicto
mediante un proceso político”. El acuerdo no establece la fecha de la
conferencia de paz de Ginebra, que había sido ya decidida hace más de un
mes, ni el formato o el objetivo preciso de esa reunión.
Putin, por su parte, insistió ayer en que la única forma de
acabar con la catástrofe de Siria es la negociación política, y aseguró
que la entrega de armas a los rebeldes, recientemente anunciada por la
Administración estadounidense, no contribuye en nada a ese propósito.
A falta de una actuación más contundente sobre Siria, la
cumbre destaca por los progresos hechos en la difícil misión de
conseguir mayor transparencia financiera y corporativa, algo que se
lleva intentando si éxito durante muchos años.
La declaración del G-8 es solo un primer paso hacia un
acuerdo con pasos más concretos que se negociará el próximo mes de
septiembre en la cumbre del G-20, y constituye sobre todo, una primera
luz verde para la acción individual de los gobiernos, puesto que son los
gobiernos de cada país los que permiten actualmente que sus empresas
tengan sedes formales en paraísos fiscales o pasan de largo ante la
práctica reiterada de creación de empresas tapadera con dueños
invisibles.
Una de las medidas que se contempla es la de la creación de
un impuesto internacional, para impedir que las empresas crucen
fronteras buscando ventajas fiscales, así como una nueva legislación que
obligue a las compañías a revelar, no solo los nombres de su
propietarios formales, sino de las personas que reciben los beneficios
que éstas obtienen.
Hoy la transparencia es un reclamo universal. Lo es en
política, donde las protestas ciudadanas se extienden de continente a
continente contra la corrupción y el elitismo de la clase dirigente. Y
lo es también en la economía, donde se han hecho comunes prácticas
inmorales de sortear el fisco y el control de las autoridades.
No será, sin embargo, una labor fácil la de disciplinar la
actuación de las grandes compañías, en tiempos de difícil situación
económica ante la que lo último que los gobiernos quieren hacer es
dificultar la generación de beneficios de parte de sus empresas, y en la
que cada país compite con todos los recursos a su alcance por la
captación de capital.
Estados Unidos, uno de los principales países en el que
algunos de sus empresas más relevantes se benefician de paraísos
fiscales y prácticas secretistas, se ha comprometido ante sus colegas
del G-8, según una declaración de la Casa Blanca, a “asistir a los
agentes de la ley y a las autoridades recaudatorias a saber quién
realmente posee y controla las entidades legales, así como sus
beneficiarios, y asistir a las investigaciones que cruzan las
fronteras”.
El G-8 coincidió también en llamar la atención sobre el
daño que la persistencia de políticas de ajuste en Europa,
independientemente de la situación del país en que se aplican, está
causando a la economía mundial. “La sostenibilidad fiscal y la
restauración de la estabilidad financiera”, afirma el comunicado final,
“necesitan ir de la mano de estrategias de crecimiento bien diseñadas,
incluyendo reformas estructurales orientadas a aumentar el crecimiento”.
“La política fiscal”, afirma el texto firmado, entre otros,
por la canciller alemana, Angela Merkel, “debería permitir flexibilidad
a corto plazo para acomodar las respectivas condiciones económicas,
incluyendo la reducción de los déficits estructurales de forma
apropiada. El ritmo de acomodación fiscal debería ser diferente, de
acuerdo a nuestras circunstancias económicas nacionales”.
El G-8 toma nota de que, aunque algunos de los problemas del 2012 se
han corregido, sigue habiendo “puntos vulnerables” en este 2013, y
reclama a sus miembros “medidas urgentes y específicas para crear
empleos de calidad, especialmente para los jóvenes y los desempleados de
larga duración”.Declaración de Lough Erne
El sector privado lidera el crecimiento, reduce la pobreza y crea empleos y prosperidad para ciudadanos de todo el mundo. Los gobiernos tienen una responsabilidad especial para crear las reglas adecuadas y promover las políticas adecuadas. Impuestos justos, un aumento de la transparencia y comercio abierto son impulsores vitales. Lograremos marcar una diferencia real al hacer lo siguiente:- Las autoridades impositivas de todo el mundo deberían compartir información de manera automática para luchar contra los efectos de la evasión de impuestos.
- Los países deberían cambiar las normas que permiten a las empresas trasladar sus beneficios a través de las fronteras para evitar impuestos, y las multinacionales deberían informar a las autoridades de las tasas que pagan y dónde.
- Las empresas deberían saber a quién pertenecen realmente y los organismos recaudadores y reguladores de impuestos deberían poder recabar esta información fácilmente.
- Los países en vías de desarrollo deberían contar con la información y la capacidad para recaudar los impuestos que se les deben - y otros países tienen la obligación de ayudarles.
- Las compañías deben informar de sus pagos a todos los gobiernos y éstos deben hacer públicos los ingresos de estas empresas.
- Los minerales deberían extraerse de manera legítima, no saqueados en zonas de conflicto.
- Las transacciones de terrenos deberían ser transparentes, respetando los derechos de la propiedad de las comunidades locales.
- Los gobiernos deberían reducir el proteccionismo y acordar nuevos tratados comerciales que impulsen la creación de empleo y el crecimiento en todo el mundo.
- Los gobiernos deberían reducir la burocracia en las fronteras y hacer que sea más sencillo y rápido el intercambio de bienes entre países en desarrollo.
- Los gobiernos deberían publicar información sobre leyes, presupuestos, inversiones, estadísticas nacionales, elecciones y contratos gubernamentales de manera que sean fáciles de consultar y reutilizar, para que los ciudadanos puedan exigirles responsabilidades.
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