Los dos intelectuales y el periodista amenazados huyen de Colombia
El Gobierno de Santos destapó un plan para atentar contra los investigadores hace 15 días
Hasta el momento no se ha producido ninguna detención
El politólogo León Valencia. / CORPORACIÓN ARCO IRIS
La voz del destierro es hoy la voz del politólogo colombiano León
Valencia, de 58 años. “Estoy desconcertado, asustado. Me siento un poco
miserable porque uno termina involucrando en el riesgo a las personas
que ama”, dice al teléfono desde su refugio en Europa. Su delito es el
haber publicado en 2011 una investigación que relacionaba a 127
políticos colombianos con grupos armados ilegales. Su condena es una amenaza de muerte que destapó el Gobierno de Colombia
hace dos semanas y que pretendía acabar con su vida, con la de su
compañero de investigación Ariel Ávila y con la del periodista Gonzalo
Guillén. Su única salida hasta el momento es poner tierra de por medio.
Las investigaciones del Gobierno para detener a los responsables del macabro plan no han dado resultados pese a que fueron las propias autoridades quienes alertaron a los tres profesionales de que un sicario se había trasladado desde el norte del país a Bogotá para coordinar un “inminente ataque” contra ellos. Los pocos avances solo han ayudado a aumentar el miedo de los investigadores. “El Gobierno dice que planeaban usar unas pistolas que traspasan blindajes altos. Suena fantasioso, pero uno tiende a creer y a asustarse mucho”, dice Valencia.
Las amenazas no son algo nuevo para los dos intelectuales del think tank Corporación Arco Iris. Valencia, padre de dos hijos, vive desde hace 18 años con medidas de protección: escoltas y vehículo blindado. Pero esta vez la advertencia ha llegado más lejos que nunca. “A nosotros nos han amenazado mucho, pero uno nunca está preparado para esto”, dice. En conversación con EL PAÍS desde Bogotá, al poco de conocerse las averiguaciones del Gobierno, ambos aseguraron que detrás de todo el asunto estaba la reacción de políticos locales a la investigación que realizaron en 2011, que se publicó en el diario El Espectador con el sobrenombre de La lista negra de Arco Iris.
El trabajo de documentación, que supuso un gran escándalo en pleno periodo electoral local, ha vuelto a los titulares dos años después porque el fiscal general colombiano ha abierto una investigación sobre algunos de los políticos señalados, muchos de ellos aún en el poder. “Nos acusan de ponerlos en la picota pública”, apunta León.
El Gobierno sigue la misma línea que manejan los profesionales, que sin dar nombres señalan a gobernantes del norte del país como autores intelectuales de la organización criminal. “Este cuasiatentado no es de la guerrilla ni de los narcos, lo iba a hacer una estructura organizada por un gobernante ahora en ejercicio”, dijo Ávila desde Bogotá antes de huir a Estados Unidos.
Hace dos semanas los dos investigadores tenían la intención de quedarse en Colombia. Con las autoridades tan encima del caso se esperaba una rápida resolución. “La decisión es no salir, yo ya salí varias veces, pero no más”, dijo entonces Ávila, de 29 años. Pero la determinación no fue suficiente. Tras varios días de encierro en sus domicilios, el propio Gobierno les recomendó que se fueran durante un tiempo mientras avanzaba la investigación. “Uno no tiene ninguna opción más que confiar en el Estado, que descubra quiénes son y que pueda protegernos”, dice León, que abandonó Colombia el domingo pasado y ahora está con unos amigos en Europa, alejado de su mujer y sus dos hijos. Tiene miedo, está preocupado por los suyos pero ansioso de retomar su trabajo. “No me gusta salir del país porque estamos en medio de nuestros trabajos de investigación en este momento del proceso de paz. Queremos estar allá, aspiramos a estar lejos solo un tiempo corto”, añade.
Muchos políticos locales colombianos están en contra de las negociaciones de paz que mantiene el Gobierno con la guerrilla de las FARC desde noviembre de 2012 en La Habana, pero aunque los investigadores son firmes defensores del proceso, creen que el plan criminal no tiene nada que ver con eso. “Tiene una naturaleza política”, dicen. El periodista Gonzalo Guillén, que no ha hablado con los medios y que ahora está refugiado en EE UU, no formó parte de la investigación sobre la política y las mafias pero sí ha trabajado el norte de país. Hace poco estuvo investigando el contrabando de armas y gasolina en la región norteña de La Guajira, cuyo gobernador también está incluido en la Lista de Arco Iris.
Las amenazas por la labor de periodistas e investigadores no son un hecho aislado en Colombia, donde 90 reporteros viven bajo protección, según informó el presidente Juan Manuel Santos hace un par de semanas. El último caso de agresión a un periodista fue el pasado 1 de mayo contra el director de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón. El reportero sufrió un tiroteo en su coche cuando volvía de hacer una entrevista pero pudo salir ileso.
Esta vez, las armas dirigidas contra Valencia, Ávila y Guillén estaban preparadas para no fallar.
Las investigaciones del Gobierno para detener a los responsables del macabro plan no han dado resultados pese a que fueron las propias autoridades quienes alertaron a los tres profesionales de que un sicario se había trasladado desde el norte del país a Bogotá para coordinar un “inminente ataque” contra ellos. Los pocos avances solo han ayudado a aumentar el miedo de los investigadores. “El Gobierno dice que planeaban usar unas pistolas que traspasan blindajes altos. Suena fantasioso, pero uno tiende a creer y a asustarse mucho”, dice Valencia.
Las amenazas no son algo nuevo para los dos intelectuales del think tank Corporación Arco Iris. Valencia, padre de dos hijos, vive desde hace 18 años con medidas de protección: escoltas y vehículo blindado. Pero esta vez la advertencia ha llegado más lejos que nunca. “A nosotros nos han amenazado mucho, pero uno nunca está preparado para esto”, dice. En conversación con EL PAÍS desde Bogotá, al poco de conocerse las averiguaciones del Gobierno, ambos aseguraron que detrás de todo el asunto estaba la reacción de políticos locales a la investigación que realizaron en 2011, que se publicó en el diario El Espectador con el sobrenombre de La lista negra de Arco Iris.
El trabajo de documentación, que supuso un gran escándalo en pleno periodo electoral local, ha vuelto a los titulares dos años después porque el fiscal general colombiano ha abierto una investigación sobre algunos de los políticos señalados, muchos de ellos aún en el poder. “Nos acusan de ponerlos en la picota pública”, apunta León.
El Gobierno sigue la misma línea que manejan los profesionales, que sin dar nombres señalan a gobernantes del norte del país como autores intelectuales de la organización criminal. “Este cuasiatentado no es de la guerrilla ni de los narcos, lo iba a hacer una estructura organizada por un gobernante ahora en ejercicio”, dijo Ávila desde Bogotá antes de huir a Estados Unidos.
Hace dos semanas los dos investigadores tenían la intención de quedarse en Colombia. Con las autoridades tan encima del caso se esperaba una rápida resolución. “La decisión es no salir, yo ya salí varias veces, pero no más”, dijo entonces Ávila, de 29 años. Pero la determinación no fue suficiente. Tras varios días de encierro en sus domicilios, el propio Gobierno les recomendó que se fueran durante un tiempo mientras avanzaba la investigación. “Uno no tiene ninguna opción más que confiar en el Estado, que descubra quiénes son y que pueda protegernos”, dice León, que abandonó Colombia el domingo pasado y ahora está con unos amigos en Europa, alejado de su mujer y sus dos hijos. Tiene miedo, está preocupado por los suyos pero ansioso de retomar su trabajo. “No me gusta salir del país porque estamos en medio de nuestros trabajos de investigación en este momento del proceso de paz. Queremos estar allá, aspiramos a estar lejos solo un tiempo corto”, añade.
Muchos políticos locales colombianos están en contra de las negociaciones de paz que mantiene el Gobierno con la guerrilla de las FARC desde noviembre de 2012 en La Habana, pero aunque los investigadores son firmes defensores del proceso, creen que el plan criminal no tiene nada que ver con eso. “Tiene una naturaleza política”, dicen. El periodista Gonzalo Guillén, que no ha hablado con los medios y que ahora está refugiado en EE UU, no formó parte de la investigación sobre la política y las mafias pero sí ha trabajado el norte de país. Hace poco estuvo investigando el contrabando de armas y gasolina en la región norteña de La Guajira, cuyo gobernador también está incluido en la Lista de Arco Iris.
Las amenazas por la labor de periodistas e investigadores no son un hecho aislado en Colombia, donde 90 reporteros viven bajo protección, según informó el presidente Juan Manuel Santos hace un par de semanas. El último caso de agresión a un periodista fue el pasado 1 de mayo contra el director de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón. El reportero sufrió un tiroteo en su coche cuando volvía de hacer una entrevista pero pudo salir ileso.
Esta vez, las armas dirigidas contra Valencia, Ávila y Guillén estaban preparadas para no fallar.
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