lunes, 17 de junio de 2013

Maras centroamericanos.

Tregua de maras, la ‘revolución lumpen’

El pacto con los grupos criminales no debe ser la estrategia de seguridad pública

La confrontación entre los sicarios de Pablo Escobar y el Estado colombiano fue calificada por algunos como una “insurrección plebeya” o como la lucha de una clase social de carácter criminal que buscaba ser reconocida. Los recursos y la base social que poseían los carteles no dejan duda de que aquello fue mucho más que un problema de ley y orden. El Estado colombiano se vio obligado a crecer y transformar profundamente sus instituciones para poder derrotar la amenaza criminal. Las maras en Guatemala, Honduras y El Salvador son igualmente un potente engendro social que podría calificarse como una rebelión lumpen que puede obligar a la transformación positiva de esos Estados o destruirlos.
La tregua de las maras en El Salvador es el experimento más avanzado de administración del delito en el continente. El drástico descenso de los homicidios en un 52% dio crédito intelectual a la tregua. Este resultado convirtió la rehabilitación de delincuentes en el componente fundamental de la política de seguridad del Gobierno y dejó la protección de los ciudadanos en segundo plano. El control de la violencia ya no dependió de las capacidades del Estado, sino de la voluntad de los pandilleros.
Las maras son grupos de características tribales que surgieron de la fusión de la cultura estadounidense de pandillas con la cultura salvadoreña de violencia. El fenómeno creció a consecuencia de migraciones masivas que han destrozado el tejido social, acabando con familia, escuela y comunidad, pilares del control social y de la formación en los valores que permiten la convivencia.
Cuando se reconoce socialmente al pandillero se premia el delito y se desprecia la honestidad
Funcionarios del actual Gobierno de izquierda asumieron la idea de que las maras eran “víctimas de la injusticia social” y ese camino llevó a la “tregua”. Carlos Marx usó la palabra “putrefacción” para referirse al lumpen como el nivel más bajo de la escala social y lo señaló como no confiable. A diferencia de los trabajadores, que poseen valores como la solidaridad y la laboriosidad, el lumpen es esencialmente egoísta y vividor. Al asumir la tregua entre grupos criminales como política de seguridad, se le dio reconocimiento social y político a los lumpen que mantienen aterrorizada a la clase trabajadora en los barrios pobres. Con la tregua, estos sectores de izquierda se compadecieron de los lumpen y olvidaron a los proletarios, dándole carácter “revolucionario” a las maras.
Esto derivó en que asesinos en serie, violadores y descuartizadores aparecieran en entrevistas televisadas y en reportajes de periódicos, ofrecieran conferencias de prensa, emitieran comunicados, recibieran delegaciones internacionales, tuvieran columnistas y voceros de apoyo y polemizaran con quienes se les oponían. Queriendo o sin querer, los defensores de la tregua han estado reproduciendo con criminales el acuerdo de paz que en el pasado hizo El Salvador con insurgentes. Cuando se reconoce socialmente al marero, se premia el delito y se desprecia la honestidad. La promoción de la tregua está trastocando valores fundamentales y borrando la línea que separa el bien del mal. Ahora, en los barrios pobres los ciudadanos ejemplares no son los buenos estudiantes, ni los emprendedores exitosos, ni los abnegados líderes comunales, ni los trabajadores laboriosos: son los mareros criminales.
El descenso de homicidios es la principal defensa de la tregua; sin embargo, los muertos también se reducen cuando alguien va ganando un conflicto. Los homicidios de las maras responden a dos razones: a la guerra entre pandillas para controlar territorios y a la necesidad que tienen las maras de mantener atemorizados a quienes viven en esos territorios. Luchan por territorios para aumentar la capacidad de extorsionar y matan gente en esos territorios para asegurarse el pago de las extorsiones. Por tanto, el homicidio está subordinado a la extorsión, y este último es el delito principal. La esencia de la extorsión es el miedo al criminal y la desconfianza hacia la capacidad del Estado de proteger.
El pacto en El Salvador bajó los homicidios porque los mareros se dividieron los territorios con anuencia de Estado
La tregua de maras logró bajar los homicidios porque las pandillas se dividieron los territorios bajo intermediación de terceros con anuencia del Estado, con ello ya no necesitaron matarse. En segundo orden, porque cuando el Gobierno les reconoce públicamente y sin ambages su poder, los ciudadanos quedan sometidos a ese poder criminal. Es decir, la tregua ha institucionalizado el miedo en los ciudadanos, profundizado la desconfianza en el Estado y legitimado la extorsión como un impuesto criminal. Las pandillas han preservado organización, comando y control; reclutamiento, control territorial, capacidad de financiarse, y se están transformando en crimen organizado. Toda tregua, cuando no está resolviendo un conflicto lo está acrecentando, porque permite acumular fuerzas. En este caso, dado que el Estado inició la tregua sin un plan para fortalecerse, serían las pandillas las están acumulando fuerzas.
La baja de homicidios ha favorecido la imagen externa del Gobierno, pero la tregua es altamente impopular en el país, porque el problema principal de los ciudadanos no es que los pandilleros se maten entre ellos, sino el terror que sufren por los asaltos, las violaciones sistemáticas de sus hijas, el reclutamiento de niños, las desapariciones y las extorsiones a que las maras los someten. Las encuestas señalan claramente que los salvadoreños consideran que la situación de seguridad ha empeorado, a pesar de la enorme disminución de los homicidios. ¿Cómo algo supuestamente tan positivo puede ser tan impopular? En realidad, aunque los homicidios han bajado, el poder criminal ha crecido y esto lo entienden perfectamente quienes viven en barrios pobres y usan el transporte público.
El argumento principal para justificar la tregua es que existen 70.000 pandilleros y 500.000 personas en su entorno cercano. Un funcionario dijo que bien podían ser un “partido político”. Esos datos supondrían que son siete veces lo que fue la guerrilla del FMLN, y que el 8% de los salvadoreños apoya a quienes los matan, asaltan y extorsionan. Esos números serían muy graves para un país como México o Colombia, y si fueran ciertos para El Salvador el problema sería irresoluble. La situación es muy delicada, pero hay más miedo que criminales; ni estos son 70.000, ni tienen 500.000 simpatizantes. Se trata de una minoría con gran poder de intimidación debido a la enorme debilidad del Estado. La solución entonces es fortalecer al Estado para que la seguridad de los ciudadanos no dependa de la voluntad de los mareros. La tregua pudo haber sido un instrumento táctico, discreto y secundario de la rehabilitación, pero nunca debió ser la estrategia de seguridad pública.
Los mareros se han multiplicado porque las élites económicas son insensibles al desastre social que deja su modelo de exportación de personas y recepción de remesas. La gente pobre y trabajadora no tiene por qué pagar las consecuencias de esa injusticia y aguantar a las maras: protegerlos es una obligación. El principal obstáculo para solucionar la cuestión es el mito de Estado débil, pequeño y barato que dejaron los ajustes estructurales. Este problema no lo resolverá ni la mano invisible del mercado, ni la caridad internacional, ni la reconversión milagrosa de los pandilleros. Si no se fortalecen las capacidades policiales y sociales del Estado, podría triunfar la revolución de las maras y El Salvador acabar convertido en un Estado lumpen.
Joaquín Villalobos fue guerrillero salvadoreño y es consultor para la resolución de conflictos internacionales.

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