Berlusconi, el cinismo del político.

El Tribunal Constitucional italiano, reunido en sesión secreta desde las 09.30 de hoy, decidirá en unas horas sobre la Ley 51 / 2010, conocida como Ley del Legítimo Impedimento, el escudo inmunitario que ha permitido al primer ministro, Silvio Berlusconi, escapar de los tres procesos judiciales que tiene pendientes en Milán.

Berlusconi aseguró ayer que le es "totalmente indiferente" la decisión que tomen hoy los 15 jueces del Constitucional, ya que, según afirmó, la estabilidad del Gobierno no se verá afectada y, en cualquier caso, las acusaciones que pesan sobre él (corrupción, fraude fiscal y apropiación indebida) son "ridículas". "Los jueces son una patología, una enfermedad, y ya he jurado en el pasado por mis hijos y nietos que soy inocente", agregó.

Según las filtraciones publicadas hoy por los medios italianos, la hipótesis más probable es que el Constitucional derribe la ley total o parcialmente. En cualquier caso, la decisión parece en efecto menos determinante que otras veces, pero no por esas razones. Si el Tribunal concluyese que la enésima ley 'ad personam' diseñada por los abogados de Berlusconi es inconstitucional, sería casi imposible que los tres juicios que el magnate debe afrontar en Milán (casos Mediatrade, Mills y Mediaset) cumplan los plazos previstos por la ley: en los tres casos, los magistrados que instruyeron las causas han cambiado de puesto, y los procesos deberían recomenzar de cero, con lo que, muy probablemente, prescribirían en los próximos meses.

Si, por el contrario, el Alto Tribunal declarase hoy constitucional la ley 51 / 2010, los ciudadanos italianos podrán pronunciarse sobre la norma en un referéndum, impulsado por el partido de la oposición Italia de los Valores, que se celebraría en los próximos meses, según aprobó ayer el propio Tribunal Constitucional, que también dio luz verde a consultas populares sobre la privatización del agua y la construcción de centrales nucleares.

En el proceso más grave, los jueces tendrían un año de tiempo para demostrar que Berlusconi corrompió al abogado inglés David Mills con 600 mil dólares para que testificara a su favor en dos juicios (celebrados en 1997 y 1998) en los que el político y empresario acabó siendo absuelto. El letrado británico, creador y administrador del grupo de 64 sociedades off shore de Fininvest, fue juzgado en solitario y condenado en segundo grado a cuatro años y medio de cárcel, aunque el Supremo anuló finalmente la sentencia por considerar el delito prescrito.

Según el Supremo, Mills cometió el delito, es decir mintió en sus declaraciones ante los jueces y por ello cobró después un soborno de Berlusconi, pero el crimen se consumó el 11 de noviembre de 1999 y no en febrero de 2000, como sostenían las sentencias previas, con lo cual habían pasado ya los diez años que fija la ley y se consideró extinguido el delito. Irónicamente, el Supremo castigó a Mills a indemnizar a la presidencia del consejo de ministros (en manos de Berlusconi) "por haber perjudicado la imagen de la Justicia italiana" al testimoniar de forma reticente en aquellos juicios. La indemnización se fijó en 250 mil euros.