La cama de Gerardo, boliviano de 27 años, está en el comedor de una minúscula casa, en Usera, el barrio chinatown de Madrid. El chico comparte el piso con otros ocho compatriotas. Sólo uno del grupo, José Waldo, de 31 años, tiene los papeles en regla.
Un noveno, Wilder, de 24 años, está encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid desde que la Policía lo detuvo hace cuatro semanas en plena calle por no tener documentación. El Gobierno tiene 60 días para organizar su repatriación a Bolivia. Si no lo logra, deberá dejarle en libertad.
El miedo a la Policía supera a la preocupación por la falta de trabajo
En la casa han quedado su mujer, Paola, de 25 años, y el bebé que tuvieron hace 14 meses, Patrick. La pareja llegó a España hace casi cuatro años. "Si expulsan a Wilder y me cogen a mí también ¿Qué vamos a hacer con el niño? ¡No se puede quedar solo en España! Tengo mucho miedo a la Policía. Del metro vengo directa a casa. No me atrevo a ir a los bares", relata la chica, mientras da el pecho al niño, madrileño.
Fiestas sin familia
"Van a ser unas fiestas especialmente tristes. Somos católicos, pero, con mi marido encerrado y el resto de mi familia en Bolivia, me siento muy sola", añade. Embarazada, Paola trabajó limpiando casas hasta el séptimo mes de gestación. Ahora está empleada media jornada diaria como asistenta doméstica, por 500 euros al mes. En una parroquia le ayudan con el alquiler y una organización del centro de Madrid le da una bolsa de alimentos mensual.
La pareja vive en una habitación de seis metros cuadrados. El armario, la tabla de planchar, la ropa, las maletas, los biberones y los escasos juguetes dejan poco espacio libre. De la pared, cuelga una pequeña televisión de plasma sobre un lector de DVD, recuerdos de los años en los que los dos padres tenían trabajo. Pagan 300 euros mensuales de alquiler.
"Hemos pasado del sueño europeo a la pesadilla", afirma Gerardo, boliviano
En cada una de las cuatro habitaciones vive una familia, y a todos los cuartos llega el sonido y el ritmo de las villeiras bolivianas que suenan en el salón. En la mesa del comedor, separados del lecho de Gerardo por una fina tela blanca con flores bordadas, cuatro compañeros de piso dan cuenta de un sabroso fricasé paceño (estofado boliviano de cerdo con patatas).
Conversan sobre sus dos grandes preocupaciones: la falta de trabajo y el acoso de la Policía. "En España ya no hay trabajo para los extranjeros, pero nos las arreglamos. Los españoles que nos conocen saben que somos buena gente y, de vez en cuando, nos encargan tareas en la construcción", explica Gerardo.
"Lo que nos preocupa es la Policía. Los agentes se esconden en el metro, o entran en los locutorios y los restaurantes en busca de gente que no tenga papeles. Antes salíamos a pasear por la zona, pero ya no podemos", señala Laura, esposa de Gerardo. "Invaden cualquier espacio privado. Cualquier día se nos meterán en casa".
"Miedo permanente"
A pesar de tener documentación en regla, José lamenta no poder andar por la calle con un amigo que no tenga papeles. "Sigo sin estar seguro. Por la calle, vamos mirando a todos lados, en tensión, para no cruzarnos con policías.
No somos delincuentes pero nos tratan como tales", denuncia. "Han creado un estado de miedo permanente entre los inmigrantes con el que no se puede vivir". José partió de Bolivia en 2002 hacia Argentina, donde vivió un aperitivo de la situación económica mundial actual con la crisis que sufrió el país suramericano a partir de 2001.
Es imposible conocer el número de irregulares que viven en España
Durante la comida, el castellano se mezcla con el quechua, lengua indígena del altiplano con la que se comunica el grupo en casa, aunque todos hablan español. A diferencia de otros países europeos como Italia, Francia o Alemania, la directora general de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez, valora que los extranjeros que llegan a España hablan mayoritariamente el idioma oficial.
"Los rumanos, por la raíz latina de su lengua, tienen gran facilidad para aprenderlo; y el otro gran colectivo, el marroquí, ha hecho un gran esfuerzo por estudiarlo", asegura Rodríguez.
La cantidad de sin papeles que viven en el país es un dato imposible de conocer. El motivo es simple: no están registrados como tales en ningún lugar. Sólo el padrón municipal da cuenta de cuántas personas viven en cada localidad, pero sin especificar si su documentación está en regla. "Somos fantasmas", lamenta Laura.
El Ministerio del Interior niega que haya dado órdenes a la Policía para detener a inmigrantes, que los agentes hagan controles de identidad en función de los rasgos físicos de las personas y que practiquen redadas encaminadas a la detención de extranjeros.
No obstante, dos filtraciones realizadas a los medios de comunicación en 2009 y 2010 dieron cuenta de la existencia de objetivos y cupos mínimos de inmigrantes detenidos por comisaría. En la primera de estas órdenes, se marcó un mínimo de 35 sin papeles apresados por semana. En la segunda, se instó a los agentes a detener a marroquíes, explicando que su expulsión resultaba más fácil que la de los extranjeros de otros países.
60 días de internamiento
El marido de Paola, sin papeles, lleva un mes encerrado en un CIE
Otros dos compañeros de piso de Paola han pasado también por el CIE, pero siguen en Madrid por las dificultades diplomáticas que tuvo el Ministerio del Interior para expulsarles. Estos problemas son los que llevaron al Gobierno, el año pasado, a aumentar el internamiento en los CIE de 40 a 60 días.
Las ONG denuncian que una falta administrativa, como es la situación irregular (judicialmente es equiparable a una multa de tráfico), no debería de penarse con el encierro de la persona durante dos meses. Además, las garantías legales en estos centros son menores que en una prisión, al carecer de un reglamento interno específico.
El Defensor del Pueblo ha denunciado en numerosas ocasiones las condiciones de internamiento y el hacinamiento que se dan en varios de los nueve CIE que hay en España. En el de Málaga, incluso, se llegaron a producir abusos sexuales por parte de policías a internas.
La dueña del piso, Irene, boliviana de 31 años, es una de las que pasó por el CIE de Madrid. No tiene papeles y, para evitar problemas, registró el apartamento a nombre de su marido. "En el CIE te tratan muy mal. Fue una experiencia muy dura. Si llego a saber que la vida es así, no habría venido a España".
En los últimos meses, la vida social del grupo se ha reducido a esporádicas parrilladas en un parque cercano, habilitado para hacer barbacoas. Asarán un lechón al horno con choclos (maíz), costumbre boliviana para celebrar la Navidad.
"El día 25 acudiremos a las seis de la mañana para coger sitio, porque seguro que habrá mucha gente esperando. El frío no nos asusta, lo único que nos preocupa es que la Policía nos pueda dar un susto desagradable en plena Navidad", teme Gerardo. "Del sueño europeo hemos pasado a la pesadilla".
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