Veinte años después de su nacimiento, en la cumbre de 1991 en Guadalajara (México), la comunidad iberoamericana dio ayer el primer paso para convertirse en un agente político al aprobar por unanimidad los cancilleres de los 22 países reunidos en Mar del Plata (Argentina) una "cláusula democrática" que excluye de la organización a los países en los que se perpetre un golpe de Estado.
El documento señala que, en caso de "ruptura del orden constitucional", la secretaría del país que organiza la cumbre anual con el apoyo de la secretaría permanente convocará una reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores que, con asistencia del Gobierno legítimo del país afectado, podrá, por consenso, "suspender al Estado en que se hubiese materializado la ruptura del orden constitucional (...) hasta que el orden constitucional sea restablecido".
La fórmula es mucho más tímida que la aprobada en Guyana por los miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que prevé la imposición de sanciones económicas y el cierre de fronteras con el país afectado por un golpe de Estado y que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quería trasladar a la organización que agrupa a los países iberoamericanos.
Sin embargo, España, junto a otros socios, se opuso a la aplicación de medidas coercitivas y consiguió que se suavizara el acuerdo. La declaración final incluirá, no obstante, una condena del "intento de golpe de Estado" -en realidad, un motín policial- del pasado 30 de septiembre en Ecuador, como quería Correa.
La nueva cláusula democrática -que, paradójicamente, no afecta al régimen cubano- viene a dar carta de naturaleza al trato recibido por el Gobierno hondureño de Porfirio Lobo, al que la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de anfitriona, no ha invitado a la cumbre de Mar del Plata, por considerar que no ha lavado el pecado antidemocrático que supuso el derrocamiento de su antecesor, Manuel Zelaya .
España, que ya ha normalizado sus relaciones con Tegucigalpa, aspira a que los países sudamericanos se avengan a hacerlo cuando Zelaya pueda volver a su país.
Con notables ausencias -la del jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero , pero también las del venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales, el nicaragüense Daniel Ortega, en pleno contencioso fronterizo con Costa Rica; el cubano Raúl Castro, que nunca asiste a estos eventos, y el propio Lobo-, la cumbre fue inaugurada anoche.
Además de la introducción de la cláusula democrática, el principal resultado de la reunión será el compromiso de los países iberoamericanos de invertir unos 78.000 millones de euros adicionales a los previstos en educación hasta 2021; se harán evaluaciones del cumplimiento de esta meta. Más del 80% de los fondos saldrá de sus presupuestos y el resto se financiará con aportes de España, Portugal, organismos internacionales y empresas como BBVA y Telefónica.
De momento, se ha constituido un fondo con estas donaciones por 2.244 millones. Los empresarios iberoamericanos reunidos en Mar del Plata abogaron en un encuentro por diversificar la producción para que el crecimiento de la región no dependa solo de la actual bonanza de los precios de las materias primas.
La ausencia de Chávez llevó a que la reunión de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que se celebró antes de la Cumbre Iberoamericana, no eligiera al sucesor de Néstor Kirchner como su secretario general.
Por eso el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prefirió dedicarse a encuentros bilaterales antes que a Unasur. Los dos candidatos para suceder a Kirchner son la ex ministra de Exteriores colombiana María Emma Mejía y el ministro de Energía Eléctrica venezolano, Alí Rodríguez.
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