El presidente electo de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha decretado el cierre de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas del país, así como el toque de queda en Abiyán, capital económica clave en el enfrentamiento con Laurent Gbagbo, el exmandatario que se aferra al poder. La prohibición de salir a la calle -vigente hasta el domingo entre las 21.00 y las 06.00 locales- la establecía hasta ahora Gbagbo, informa Efe. Se trata de un gesto significativo en la lucha por el poder de Ouattara y Gbagbo, iniciada tras las polémicas elecciones de noviembre y que hoy ha dado un giro con el cerco de las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI), fieles a Ouattara, a esta ciudad clave.
Gbagbo, presidente de Costa de Marfil desde 2000, ha anunciado que no dimitirá
Casi un millón de personas han huido de sus casas por la violencia de los enfrentamientos
La presión sobre Gbagbo crece sin parar: EE UU ha subrayado que la oportunidad para dejar el poder de forma pacífica se agota y ha pedido a los seguidores del exlíder que se entreguen "en las próximas horas" para evitar "un baño de sangre" en Abiyán. "Todavía hay una oportunidad para Gbagbo deje el poder pacíficamente y anime a sus partidarios a hacer lo mismo, pero esta oportunidad se está agotando", ha declarado el secretario adjunto de Estado norteamericano, Johnie Carson.
Ante los enfrentamientos, que han provocado la huida de casi un millón de personas de sus casas, los cascos azules han tomado el aeropuerto, y Francia, por su parte, ha desplegado tropas en la costa de la antigua capital, según Reuters.
En un discurso retransmitido por radio y televisión, Ouattara ha asegurado que "a pesar de los llamamientos a Laurent Gbagbo y su entorno para una transferencia pacífica del poder, la única respuesta a esta mano extendida ha sido la violencia". Ha hecho un llamamiento a que los militares fieles a Gbagbo se unan a sus fuerzas y por tanto a la "legalidad". Varios generales del expresidente ya han seguido su recomendación, según AFP. Guillaume Soro, el primer ministro de Ouattara, ha asegurado a Reuters que al exlíder le quedan "dos o tres horas en el poder". "El juego ha terminado", ha zanjado.
Frente al avance militar de su opositor, el asesor de Gbagbo, Alain Toussaint, ya ha respondido que éste no dimitirá. "Soro ha lanzado un ultimátum que no lo compromete más que a él. Es una tentativa de golpe de Estado iniciada en 2002. En Abdiyán hay una verdadera campaña militar orquestada por medios internacionales", ha asegurado. Gbagbo pidió ayer un alto el fuego y anunció una retirada táctica del Ejército, pero advirtió, a través de un portavoz, de que podría usar su "derecho legítimo de defensa".
Abiyán, cercada
Abiyán, la antigua capital y la ciudad más poblada del país, con más de 4 millones de habitantes, era considerada hasta ayer por los favorables a Gbagbo como "inexpugnable". Sin embargo, las últimas informaciones apuntaban hoy a disparos de artillería pesada en el centro de la ciudad, y a la presencia de soldados pro Gbagbo apostados cerca del palacio presidencial, según testigos que cita Reuters. Además, unos 5.000 presos de la mayor cárcel del país, en esa misma ciudad, han escapado tras un tiroteo, supuestamente entre activistas a favor de Ouattara y los funcionarios del centro.
Las tropas leales al presidente electo han entrado asimismo a uno de los principales puertos, San Pedro, por donde salen la mayor parte de las exportaciones de cacao, y ayer consiguieron hacerse con el control de la capital, Yamusukro.
La lucha por el control de zonas estratégicas deja un creciente número de víctimas entre la población civil. Casi un millón de personas han huido de sus casas por la violencia, la mayoría en Abiyán, y por lo menos 462 personas han muerto desde diciembre, según la ONU. Los últimos de los que se tiene conocimiento son 10 civiles abatidos en Abiyán por fuerzas de Gbagbo cuando participaban en una manifestación a favor de Ouattara, según un informe de Naciones Unidas. Cruz Roja Internacional ha alertado hoy de que la situación humanitaria sigue deteriorándose, y ha pedido 17 millones de euros para atender a los desplazados.
Sanciones de la ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer por unanimidad una resolución que contempla nuevas sanciones contra Laurent Gbagbo por su negativa a abandonar el poder. Los 15 miembros del máximo órgano internacional de seguridad votaron a favor de aprobar la resolución 1975 propuesta por Francia y Nigeria, en la que endurece las sanciones contra Gbagbo y su círculo de colaboradores más cercano, al tiempo que le piden que traspase el poder al ganador de las elecciones de noviembre, Alassane Ouattara, a quien la comunidad internacional ha reconocido repetidamente como vencedor de esos comicios.
La adopción de la resolución se produjo el mismo día en que la capital marfileña, Yamusukro, cayó en manos de las fuerzas de Ouattara.
El documento señala a Gbagbo como principal responsable de la crisis humanitaria que atraviesa Costa de Marfil. El texto exige el "cese inmediato de la violencia contra los civiles" y pide a ambas partes que "respeten la voluntad del pueblo marfileño y la elección de Ouattara como presidente del país", como lo reconoció la Comunidad Económica de Estados de Africa occidental (Cedeao) y la Unión Africana (UA).
La resolución da "todo el apoyo" a la Misión de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (Onuci) para usar "todas las medidas necesarias" para llevar a cabo su mandato de "proteger a la población civil". A partir de ahora Gbagbo, su esposa Simone Gbagbo, y colaboradores verán sus activos en el exterior congelados, además de que se les impone una restricción a todos sus viajes al exterior "por incitar al odio y a la violencia".
Entre el resto de personas sobre las que se centra la resolución destaca Alcide Djédjé, quien fuera embajador de Costa de Marfil ante las Naciones Unidas y actualmente al frente de la cartera de Asuntos Exteriores en el "ilegítimo Gobierno de Gbagbo", según el proyecto de resolución.
Los otros dos colaboradores de Gbagbo a los que la ONU impone sanciones son Désiré Tagro, quien, además de participar en ese Gobierno que no reconoce la comunidad internacional está "envuelta en la represión violenta de los movimientos populares de los pasados febrero, noviembre y diciembre"; así como Pascal Affi N'Guessan, presidente del FPI.
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