La violencia irrumpió hasta en las aulas de las universidades… Ante la ineficacia de autoridades civiles y corporaciones policiacas para contenerla, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tomó sus propias medidas: diseñó un manual para que las comunidades universitarias prevengan y reduzcan los riesgos provocados por la guerra calderonista y los ataques del crimen organizado.
MÉXICO, DF., 25 de marzo (Proceso).- El joven estudiante de sociología Bernardo Romero Cabanillas escuchaba la exposición de su maestro en el salón de clase de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando, de pronto, un desconocido que había pedido permiso para ingresar al aula se levantó de su asiento, sacó su pistola y le disparó en cuatro ocasiones.
Cayó ensangrentado al piso. Sus compañeros gritaron, algunos salieron corriendo y otros quedaron paralizados en sus asientos. Aprovechando el pánico, el desconocido guardó su pistola y se marchó a grandes zancadas sin que nadie lo persiguiera.
Esto ocurrió el pasado 11 de febrero, en la Facultad de Historia de esa universidad. Hasta la fecha no se ha encontrado al sicario. Se supone que el incidente fue un ajuste de cuentas entre bandas rivales del narcotráfico.
Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), comenta que este es un caso más de la violencia que ya se introdujo a los campus, producto de la guerra contra el narco emprendida por el presidente Felipe Calderón:
“¡Cada día está peor! Ahora los asesinatos se están dando dentro de las aulas. Los matones ya entran directamente a las universidades para acribillar o secuestrar estudiantes.”
–¿Serán estudiantes vinculados a los cárteles de la droga? –se le pregunta.
–Lamentablemente, parece que así es, pues van directo contra un estudiante específico, matándolo frente a sus compañeros y maestros. A las autoridades judiciales les corresponde investigar si existen esos nexos.
En su despacho de la ANUIES –asociación que aglutina a las 159 universidades públicas y privadas más importantes del país–, López Castañares exclama con preocupación:
“¡Caray! Los homicidios de estudiantes eran sobre todo accidentales. Al principio de la guerra contra el narco a nuestros jóvenes les tocaban balas perdidas en algún fuego cruzado, y generalmente eso ocurría afuera de los campus. Ahora las cosas cambiaron. La violencia entró a las universidades.”
–¿A partir de cuándo?
–A partir de 2010, después de la muerte de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Ese fue el inicio de la escalada. Ahora me llegan reportes terribles sobre balaceras, granadazos y bombazos que ocurren a las afueras y dentro de las universidades.
“Me comentan sobre las esquirlas que alcanzaron a la directora de una facultad en Nuevo León, sobre las balaceras en los campus o sobre los levantones y secuestros que se están dando en los estacionamientos de las universidades. Los maleantes entran al estacionamiento, esperan al estudiante, lo sacan de su automóvil y lo introducen violentamente al vehículo de ellos. Luego se lo llevan.”
Indefensión
Cada vez con más frecuencia las policías ingresan a las universidades para capturar a presuntos narcoestudiantes. Así ocurrió el 3 de junio pasado, en Mexicali, cuando agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) irrumpieron en la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep).
A bordo de 10 patrullas, los policías rodearon primero las instalaciones de esa universidad privada. Luego se metieron sin orden de cateo. Iban encapuchados y fuertemente armados. Apuntaban con sus armas a los aterrados estudiantes. Hasta que encontraron al estudiante de derecho Roberto Carlos Morayla Medina, a quien capturaron por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
López Castañares señala:
“Ni la policía, el Ejército o los sicarios del narco deben entrar a las universidades, pues son un espacio académico para el estudio y la formación de los jóvenes. No queremos gente con armas que pueda provocar balaceras. Los estudiantes quedarían indefensos, a menos que se defiendan a librazos. Ni siquiera van armados los guardias de seguridad de las universidades, porque su función no es repeler ese tipo de ataques.”
–¿Cuáles son las universidades más peligrosas del país?
–Las de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán, Morelos y, últimamente, algunas universidades de la ciudad de Guadalajara. Entre el alumnado de esas instituciones se han dado muchas muertes, no sabemos cuántas porque carecemos de estadísticas al respecto.
Sin embargo, hay algunos intentos por llevar ese registro. En marzo del año pasado, Gloria Ramírez, investigadora de la UNAM y titular de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, informó que, hasta esa fecha, la violencia había arrojado un saldo de 55 estudiantes y nueve profesores muertos en el estado de Chihuahua. Para atender estos y otros casos, algunas organizaciones ya proponen crear un ombudsman de la educación.
Muchos de esos crímenes –en Chihua-hua y otros estados– ocurren afuera de las universidades, como pasó con los asesinatos, perpetrados en Torreón, de Mauricio Alberto Murra Valdez y Roberto Damián Cepeda Esparza, ambos estudiantes del campus Laguna del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Unos desconocidos los asesinaron mientras estaban en un bar, en mayo pasado.
Ese mismo mes, a las afueras de un centro comercial de Gómez Palacio, Durango, aparecieron decapitados los cuerpos de cuatro estudiantes de distintas universidades laguneras: Juan Jaramillo Montes, Paul Michell España, Abraham Alvarado Hernández y Cristian Guillermo Méndez.
Parálisis
En la sonada matanza de Villas de Salvárcar, ocurrida a principios del año pasado, en Ciudad Juárez, los 15 jóvenes masacrados eran también estudiantes. La mayoría cursaba educación media. Sólo uno de ellos era universitario, Marcos Piña Dávila, estudiante de relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). A todos ellos, el presidente Calderón los acusó de estar involucrados con el crimen organizado.
Otros estudiantes han logrado sobrevivir a las balas casi de milagro, como sucedió con José Darío Álvarez Orrantía, de 19 años, alumno de la UACJ. En octubre del año pasado, agentes de la Policía Federal dispararon contra él mientras participaba en una manifestación en Ciudad Juárez que pedía el cese a la violencia. Dos balas de alto poder le dieron en el abdomen y le sacaron las vísceras. El estudiante fue trasladado al Hospital General, donde se le salvó la vida. Su universidad interpuso una demanda por el delito de homicidio en grado de tentativa.
López Castañares sostiene que los jóvenes son un grupo “muy vulnerable” a los embates del crimen organizado, de ahí que las universidades en las que estudian también se vean afectadas.
“La policía o los carteles de la droga no atacan a la universidad como institución en sí. Incursionan en sus planteles porque son un espacio de población juvenil, un grupo muy vulnerable en esta guerra contra el narcotráfico”, explica.
–¿El quehacer académico se ve afectado por la violencia en las universidades?
–¡Muchísimo! ¡Muchísimo! Y le pongo un ejemplo. Para nosotros es fundamental la movilidad estudiantil, que los jóvenes de una universidad vayan a otras para intercambiar experiencias y adquirir otra visión de las cosas. Pero ahora los chavos tienen mucho miedo de salir. Y las autoridades universitarias sopesan los riesgos. Esa movilidad se está acabando. Sobre todo, quienes habían ido a las peligrosas universidades del norte del país ya se regresaron a sus universidades de origen.
“Lo mismo pasa con los estudiantes de universidades extranjeras que venían a las de México por algún tiempo. En sus países ya les están diciendo que no vengan porque les pueden dar un balazo. Para no exponer sus vidas, mejor se quedan allá. Todo esto empobrece mucho nuestra vida académica.
“En Tamaulipas, las cosas han llegado a tal extremo, que los rectores y otras autoridades universitarias ya ni siquiera se atreven a viajar por carretera, porque los asaltan y les quitan sus vehículos. Esto provocó la supresión de reuniones y de intercambios académicos. En el norte del país, el temor ha incrementado la llamada educación a distancia.”
Al igual que las escuelas de educación básica y media, también las universidades suspenden clases ante los rumores de supuestos enfrentamientos. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha cancelado sus labores por psicosis colectivas, ocasionadas por narcomantas que anuncian incursiones armadas.
Los académicos extranjeros no escapan al peligro. El pasado 11 de marzo, en Ciudad Juárez, un comando armado secuestró a una doctora en arqueología, de origen estadunidense, cuyo nombre no se dio a conocer para proteger su integridad física. La Universidad del Norte de Arizona (NAU, por sus siglas en inglés), donde labora la profesionista, informó escuetamente del secuestro.
La desaparición de la joven Adriana Morlett también sacudió a la comunidad universitaria. Estudiante de arquitectura en la UNAM, Morlett, de 22 años, desapareció desde el pasado 6 de septiembre. Nada se sabe de su paradero, pese a las manifestaciones estudiantiles frente a la Torre de Rectoría.
Manual de sobrevivencia
El problema en México es más grave incluso que en Colombia, donde la lucha contra el narcotráfico no afectó a su comunidad académica, según dijo Gilberto Giraldo Buitraso, rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza. “El tema para nosotros felizmente no llegó a las universidades”, aseguró Giraldo en un encuentro de rectores celebrado en Guadalajara en junio pasado.
Presionada por esta gravísima situación de violencia e inseguridad en las aulas, y por varios rectores que ya le piden tomar medidas, la ANUIES acaba de elaborar un manual de seguridad que será aplicado en las universidades del país.
López Castañares toma el manual de la mesa circular frente a la que está sentado. Son 77 páginas engargoladas. Las muestra con satisfacción, y comenta:
“El objetivo de este manual de seguridad es garantizar, dentro de los recintos universitarios, la integridad física y psicológica de alumnos, maestros, empleados administrativos y demás trabajadores.”
–¿Será un manual único para todas las universidades?
–Sí, único. Y lo repartiremos gratuitamente a todas las universidades en cuanto esté listo, pues por el momento lo enviamos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, para que lo revise y nos haga sus comentarios y sugerencias. Sólo falta afinarlo. A mediados de abril empezará a circular.
“Al manual se incorporaron las experiencias de algunas universidades que, de manera independiente, empezaron a tomar sus propias medidas de seguridad para enfrentar la violencia actual.”
López Castañares se refiere a instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Guanajuato o la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ya tienen sus manuales y llevan meses aplicando medidas de seguridad.
Agrega el dirigente de la ANUIES que el manual contiene un diagnóstico de la situación y, en otro apartado, una lista de medidas preventivas, así como de las acciones a tomar ante situaciones de riesgo.
Las universidades mexicanas –recomienda el manual– deben implementar sistemas de credencialización, bitácora de visitantes, sistemas de control de acceso y de salidas, un directorio telefónico con números internos de emergencia, equipos de vigilancia, mejoramiento en el alumbrado interno y externo, así como autobuses que transporten al alumnado a lugares seguros cerca de sus casas.
También recomienda realizar simulacros, charlas sobre seguridad o difusión de información en esa materia, con el fin de crear una “cultura de la participación” para afrontar colectivamente cualquier eventualidad.
Abunda López Castañares:
“Ante un tiroteo, es muy importante que los estudiantes se tiren al piso, pues quedarse parados o correr los hace un blanco más fácil para las balas. También deben detectar con rapidez en qué lugar se encuentran. Es muy distinto estar en la biblioteca, donde sólo hay libros y computadoras, a estar en un laboratorio donde hay tanques de oxígeno, de gas o de nitrógeno. Una balacera en estos lugares puede ocasionar tremendas explosiones.”
–¿Y cómo se mejorará el control del acceso?
–Mediante la credencialización, cosa que ya hacen muchas universidades privadas. Nada le cuesta al joven mostrar su credencial de alumno, ni al visitante mostrar su identificación oficial. Así ya no será tan fácil entrar a matar. Tenemos que saber quién entra, a dónde va y a quién busca.
“Muchos estudiantes nos comentan: ‘Salimos de noche, corremos peligro’. Bueno, por eso el manual recomienda mejorar el alumbrado y tener autobuses que lleven al estudiante, no directamente a su casa, pero sí a lugares céntricos y seguros.
“Otro grave problema son los locales externos a las universidades donde se vende, por ejemplo, alcohol. Aquí debemos coordinarnos con las autoridades locales para que muevan a otro espacio esos comercios. No queremos que los jóvenes caigan en las adicciones.”
–¿Les darán armamento a los guardias de las universidades para que puedan repeler una agresión?
–No, eso no lo haremos. Nuestros guardias deben seguir desarmados, porque están para vigilar y procurar que no haya robos de bolsos o laptops, o para evitar algún tipo de abuso sexual que pueda darse en los campus. Si les damos armas, hay el riesgo de que empiecen a disparar contra los propios estudiantes. Esa medida quedó descartada en el manual, lo mismo que la instalación de detectores de metales, pues no podemos estar revisando mochila por mochila a los alumnos.
–¿Qué harán con los hijos de los capos que ingresan a las universidades?
–En primer lugar, desconocemos quiénes son, y en segundo, no podemos negarle la educación a nadie. Sería una discriminación aberrante. No estamos en Estados Unidos, donde a los migrantes ilegales se les impide acceder a la educación.
López Castañares considera que la falta de recursos económicos de las universidades mexicanas es un serio obstáculo para la aplicación del manual de seguridad de la ANUIES:
“Las universidades públicas atraviesan por una grave crisis económica. Cada año nos estamos peleando para que se aumente el raquítico presupuesto a la educación superior. Ahora la violencia agravó la situación. Y se necesitan urgentes recursos para enfrentarla.”
Sin embargo, comenta que algunas universidades, a costa de grandes esfuerzos, han aumentado sus partidas presupuestales destinadas a seguridad.
Es el caso del Instituto Politécnico Nacional, que ya incrementó en 20% ese gasto. La UACJ, según informó su rector, Jorge Mario Quintana, este año incrementó en 200% su presupuesto en el rubro. Mientras que la Universidad de Morelos lo elevó en 100%.
“Las universidades están haciendo descomunales esfuerzos para proteger la vida y la integridad física de sus jóvenes. Es un gasto prioritario que no debe desdeñarse. En la ANUIES, en cuyas universidades estudia 83% de la matrícula nacional, también estamos buscando recursos para seguridad.”
–¿Qué puertas ha tocado usted?
–Primero acudimos a la Secretaría de Educación Pública. Ahí nos dijeron que lo lamentaban mucho, pero que no tenían recursos para ese rubro. Nos mandaron a la Secretaría de Hacienda, donde también nos dijeron que no podían apoyar a las universidades. Actualmente estamos en pláticas con la Secretaría de Gobernación, que promete apoyarnos indirectamente, a través de recursos destinados a los municipios. Seguiremos tocando puertas.
–¿Cuál es la postura de la ANUIES ante la actual guerra contra el narco emprendida por el gobierno federal?
–Como universidades, sostenemos que a través de la educación podemos resolver ese y muchos otros problemas. Pero necesitamos que el gobierno nos explique el porqué de su guerra. Ya estamos cansados de tanta violencia y muerte. Nos hemos reunido con el presidente Calderón y con otros de sus funcionarios, y les hemos dicho en corto: “Oigan, ya bájenle”.
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