Hace rato que ha amanecido en El Cairo, una ciudad que tarda en irse a dormir, a pesar del toque de queda, y es perezosa despertando. En Garden City, un barrio de clase alta, cercano a la plaza de la Liberación (Tahrir), se oye un chasquido y después un chisporroteo seguidos de sendos alaridos.
Varios militares ayudados por un policía zarandean a un hombre desnudo de cintura para arriba al que golpean con un látigo mientras le interrogan: "¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¡Ladrón! ¡Matón!" De cuando en cuando le acercan una porra eléctrica. Al cuerpo, a la cara, a la boca. El hombre se retuerce y chilla.
La noche anterior la escena fue similar. Dos hombres son detenidos en un control militar. Se les vacían los bolsillos y se les golpea violentamente: detrás de las piernas, en la espalda. Uno de los soldados les da palmaditas tranquilizándoles antes de abrirse paso a un lado para que su compañero le meta a uno la porra eléctrica en la boca y aplique una descarga. La oscuridad se rompe con el chispazo.
Les acusan de ladrones. Al hombre que han capturado a primera hora afirman haberle confiscado un machete de grandes proporciones, dos teléfonos móviles y 3.000 libras egipcias (unos 400 euros). Lo llevan a un callejón con valla que da acceso a una vivienda sin inquilinos. Le golpean sin cesar.
Un militar le echa un jarro de agua por encima antes de que su compañero le ponga la porra eléctrica encima haciendo que caiga de rodillas. De vez en cuando le dan un descanso y se van turnando para pegarle con el látigo o la porra. Los vecinos y curiosos se acercan a contemplar el espectáculo. Algunos intentan grabar a hurtadillas la escena con sus móviles.
Un portero se marcha tapándose la boca con la mano frustrado y señala lejos de los militares que no pueden hacer nada. Nada que decir. El grupo de soldados hace turnos en el barrio desde el 28 de enero. Han fumado y departido con los vecinos y han bebido té juntos. Durante las protestas en el mismo lugar tuvieron a un detenido atado a un árbol de pie toda la noche.
Media hora más tarde otros cinco varones son capturados en una calle cercana, les quitan las camisetas y les introducen en un garaje donde les atan las manos a la espalda y les golpean. Dicen que son ladrones y señalan los tatuajes que muchos llevan en brazos o manos. Algo que no justifica la violencia utilizada. Porque los soldados se emplean a fondo. Bromean, se pasan la porra. Dan un par de latigazos y vuelven a recostarse en los coches.
Finalmente les trasladan al callejón contiguo donde los chavales, ninguno de los cuales supera los 20 años, esperan aterrorizados y temblorosos la siguiente descarga., Poco a poco en sus espaldas brota la sangre y las marcas. Algunos intentan aflojar sus ligaduras. No les da tiempo. Una hora después se los llevan en un furgón policial. Pero antes, un soldado les despide junto a la verja con una descarga.
El 12 de febrero, un día después de que el presidente Hosni Mubarak claudicara, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas anunció que Egipto acataría los tratados internacionales de los que forma parte, entre ellos la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, desde 1987. El artículo 1 de este texto define tortura como "todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia".
Denuncias de organizaciones internacionales
La tortura es una práctica habitual en las cárceles y comisarías egipcias, según han denunciado durante años organizaciones internacionales de derechos humanos de todo el mundo, mientras desde Occidente se hacían tibias condenas y no verdaderas presiones para acabar con estos métodos. La policía ha sido la receptora de las principales acusaciones, aunque la hoja de servicios del Ejército no ha permanecido sin mácula.
El pasado 17 de febrero, Amnistía Internacional instaba al Ejército egipcio a través de un comunicado a adoptar medidas para poner fin al uso de la tortura y otros malos tratos contra detenidos, a medida que se conocían nuevos datos sobre abusos. El llamamiento se produjo después de que algunos detenidos declarasen a la organización de defensa de los derechos humanos que fueron torturados con técnicas que incluían la flagelación y las descargas eléctricas, tras ser arrestados por militares en los días previos a la dimisión del presidente Mubarak.
"Las autoridades militares egipcias se han comprometido públicamente a crear un clima de libertad y democracia después de tantos años de represión por parte del Estado. Ahora deben hacer realidad sus palabras con medidas directas e inmediatas", declaró Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional. Sin embargo, a un día de que se cumpla el primer mes de la caída de Mubarak, parece que las técnicas del viejo régimen permanecen intactas.
"Las autoridades militares deben intervenir para poner fin a la tortura y otros abusos contra los detenidos que, según sabemos ahora, se vienen cometiendo bajo custodia militar", seguía Smart. "Las autoridades deben dejar claro inmediatamente a todas las fuerzas de seguridad y miembros del Ejército que no se tolerarán ni la tortura ni otros malos tratos, y que los responsables de estos abusos responderán de sus actos", continuaba.
Un detenido, decorador de 29 años de la provincia de Gharbiya, al norte de El Cairo, dijo a Amnistía Internacional tras ser liberado que unos soldados le torturaron el 3 de febrero en un anexo del Museo de Antigüedades Egipcias: "Me llamaron traidor y agente extranjero y me obligaron a quitarme la ropa salvo la ropa interior y a tumbarme boca abajo en el suelo. Luego me golpearon con un látigo y me pisotearon con botas la espalda y las manos. Me dieron puntapiés. Muchos otros detenidos que estaban ahí también fueron golpeados con un látigo", dijo.
Después de ser interrogado por un hombre vestido de civil, el detenido, cuyo nombre no se da a conocer para proteger su seguridad, fue golpeado con una silla en la cabeza por un soldado, lo que le dejó inconsciente. Un día después, le trasladaron a otro centro, donde le sometieron a palizas y descargas eléctricas, y le amenazaron con violarlo, y luego le llevaron a una prisión militar en El Heikstep, al noreste de El Cairo, donde según su testimonio a la ONG, los soldados le propinaron palizas frecuentes hasta que fue puesto en libertad el 10 de febrero.
Otro joven denunciaba: "Me ataron las piernas con una cadena o una cuerda y me izaron, dejándome cabeza abajo. De vez en cuando me bajaban hasta un barril lleno de agua. Me ordenaron que confesara que había sido entrenado por Israel o Irán. Me dieron descargas eléctricas en el cuerpo y me desmayé", declaró.
"Quienes están ahora en el poder deben garantizar que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos se investiguen sin demora y de forma exhaustiva e imparcial; que los funcionarios responsables de estos abusos comparecen ante la justicia, y que las víctimas reciben una reparación completa."
Una epidemia
En 2010, la ONG Human Rights Watch denunciaba que la tortura en Egipto se ha convertido en una "epidemia", que afecta a un gran número de ciudadanos de a pie que se encuentran bajo custodia policial como sospechosos o están relacionados con investigaciones penales. Algunos culpan de esa impunidad a la Ley de Emergencia vigente desde 1981, que da amplios poderes a la policía y permite detenciones arbitrarias y abusos por parte de los agentes, y cuya derogación han exigido los manifestantes durante las revueltas.
"Las autoridades no investigan la gran mayoría de las denuncias de tortura a pesar de su obligación de hacerlo en la legislación egipcia e internacional", afirmaba la organización en su informe. "En los casos en que agentes de la policía ordinaria han sido procesados por tortura o malos tratos, los cargos fueron a menudo inapropiadamente indulgentes y las sanciones insuficientes", concluía.
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