Independientemente de lo que en materia legal se resuelva la próxima semana sobre la suspensión provisional de la exhibición del estupendo documental Presunto culpable, de Roberto Hernández y Geoffrey Smith, la sociedad mexicana asiste hoy a un fenómeno singular: la victoria moral que obtuvo un ciudadano encarcelado injustamente sobre el sistema judicial responsable del atropello, y su enorme resonancia mediática.
Este triunfo del joven tianguista José Antonio Zúñiga Rodríguez, acusado sin evidencias físicas de un homicidio calificado, habría sido impensable sin la intervención oportuna de dos abogados, Roberto Hernández y Layda Negrete, quienes lograron filmar en el Reclusorio Oriente la parte final del proceso y capturar de modo impecable un procedimiento de careo (confrontación del acusado con los policías que lo arrestaron y con su único testigo acusador), que reveló inconsistencias y contradicciones, pero cuyo registro quedó totalmente excluido en un expediente final condenatorio.
Al apelarse la sentencia de 20 años de cárcel, los abogados presentaron en la Corte el material filmado, lo que condujo a que se discutiera el tema de la duda razonable, que finalmente benefició al acusado procurándole su liberación inmediata, luego de más de dos años de reclusión arbitraria. Rafael Heredia, abogado defensor de Zúñiga Rodríguez, denuncia en la cinta la naturaleza perversa de un sistema de procuración de justicia, en el que previamente al juicio se arma un expediente que ninguna persona tiene derecho a cuestionar, cuya función es proteger a la procuraduría y volver irrelevante el juicio mismo.
El documental ofrece testimonios aún más perturbadores, como el de un policía que explica su curiosa concepción de la lucha contra el crimen: “Al acusado le tenemos que inventar delitos, o exagerar las acusaciones, para que pase más tiempo en la cárcel, de lo contrario los abogados lo sacan antes y se vuelve un peligro para la sociedad”. Existen además policías premiados por el número de personas detenidas y acusadas, añaden los abogados que realizan la cinta.
Esta corrupción generalizada es posible, en parte, porque en México prevalece la presunción de culpa, según la cual el acusado tiene que probar su inocencia, en lugar de ser la policía la encargada de probar la culpabilidad del detenido.
Presunto culpable insta al espectador a luchar porque termine esta presunción de culpa que propicia la arbitrariedad y la corrupción en el sistema de impartición de justicia, y presenta también dos noticias, una buena: la reforma constitucional que pone el 2016 con plazo para aplicar en nuestro país la presunción de inocencia, y otra mala: la inclusión en esa misma reforma de una cláusula que autoriza desde ahora detenciones de hasta 80 días sin necesidad de acusación. La aberración jurídica cobra tintes de novela de Franz Kafka.
Por si esto no fuera suficiente, una juez federal ordenó esta semana suspender la exhibición de Presunto culpable por atentar contra la imagen pública, el honor y los intereses personales del mismo testigo acusador que, de no haber intervenido el documental y sus abogados, habría sido cómplice exitoso en el proceso amañado que pretendía cancelar la libertad de un hombre inocente.
Pero hay un despropósito más: en el debate actual pesa mucho más el derecho a la intimidad de una persona (por dolosa que haya sido su actuación), que el daño moral ocasionado al acusado que finalmente obtuvo su libertad por irregularidades flagrantes en el juicio y por falta de pruebas, ambas anomalías graves cobijadas hoy bajo la figura eufemística de la “duda razonable”. La pregunta se impone: ¿Quién resarcirá a Antonio Zúñiga por los años perdidos en la cárcel o por la sórdida maquinación de leguleyos hasta el momento impunes?
La victoria moral de la cinta es evidente, y el intento de su censura (llámesele como se quiera, la percepción general no es otra) sólo conseguirá lo que en años recientes obtuvieron embestidas similares contra La ley de Herodes o El crimen del padre Amaro: incrementar exponencialmente su popularidad en lugar de silenciarla, fomentar su distribución en la misma red de piratería que se pretende combatir, y exhibir a escala internacional, en momentos de poderío creciente de las redes sociales, una corrupción judicial que ninguna argucia burocrática es capaz de ocultar mínimamente.
Efectos colaterales de la censura: Presunto culpable se exhibe con éxito creciente en salas comerciales y en la Cineteca, y se vende masivamente en el mercado informal del video.
carlos.bonfil@gmail.com
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