La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile pidió hoy exhumar el cadáver del extinto presidente Salvador Allende para determinar cómo murió, además de que se presentaron 403 querellas judiciales por casos de violaciones a los derechos humanos, que no eran objeto de investigación tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
La acción judicial fue presentada por el abogado Eduardo Contreras, quien dijo entender “el dolor de la familia, pero lo más importante es la verdad histórica y la justicia”, en referencia a la muerte del mandatario socialista, en torno a quien todos los testimonios a la fecha sostienen que se suicidó de un balazo durante el golpe contra su gobierno.
La decisión sobre la solicitud, ante la cual no hay un pronunciamiento de la familia Allende, deberá ser tomada por el juez Mario Carroza, quien ya empezó interrogatorios al respecto. La muerte del mandatario nunca fue investigada por la justicia, hasta que este año la Corte Suprema decidió indagar 726 casos de violaciones a los derechos humanos jamás sometidos a análisis, e incluyó por primera vez el de Allende.
De acuerdo con fuentes judiciales, el juez Carroza aguarda un informe que realiza el Servicio Médico Legal sobre la necropsia que se hizo al líder de la Unidad Popular el 12 de septiembre de 1973. Además, el magistrado citó a declarar la próxima semana como testigo al médico Patricio Gijón, quien vio el cuerpo inerte del gobernante.
Frente a la versión oficial del suicidio, hay otros antecedentes del informe de la policía civil de investigaciones de aquella época en que se establece: la posición del cuerpo de Allende en el sillón donde se le encontró, en un salón frente a la puerta de Morandé 80 del Palacio de La Moneda, no era natural. Tampoco lo era la posición del fusil AK que tenía entre las piernas.
Además, se hizo notar que el disparo de un arma de esa potencia en la barbilla habría destruido por completo la cabeza del mandatario. Asimismo, Allende aparecía con más de 30 impactos de bala de fusil, algunos de los cuales los recibió con vida, detalle que fácilmente detecta un examen forense. Este informe nunca se tomó en cuenta ni se sabe si fue destruido.
“Hoy día estamos aquí realizando una acción de justicia a los hombres, a las mujeres, niños y adolescentes que fueron asesinados y que aún no tienen ni verdad ni justicia”, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Sonia Lira.
“Nada justifica que en todo este tiempo la justicia no haya investigado estos crímenes de lesa humanidad”, agregó Lira. Las denuncias, según explicó el abogado Eduardo Contreras, involucran a 566 víctimas de la dictadura de Pinochet, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Las querellas fueron presentadas este viernes, cuando se cumplen 20 años de la entrega del llamado Informe Rettig, que estimó en 3 mil las víctimas de la dictadura de Pinochet.
Los tribunales chilenos mantienen abiertas 350 causas por desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones que datan del periodo dictatorial, que involucran a unos 700 militares y agentes civiles.
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