Lagarde se libra de la imputación en el caso ‘Tapie’
La exministra francesa ha declarado durante cerca de 20 horas
Los jueces han decidido que de momento sea calificada como “testigo asistido”
El empresario dice que le quedan menos de 100 millones de los 403 millones que cobró
Lagarde, a su llegada este viernes a la Corte Judicial de la República, en París. / FRED DUFOUR (AFP)
Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y exministra de Economía con Nicolas Sarkozy entre
2007 y 20011, ha sido declarada esta noche “testigo asistido” por los jueces que instruyen el caso Tapie.
El estatuto de testigo asistido es una figura penal más leve que la
imputación y más grave que la de simple testigo, que permite a los
abogados de Lagarde acceder al sumario y que no supone su absolución
definitiva, aunque la coloca en una posición mucho más desahogada de lo
que hubiera supuesto la imputación.
Durante el día, Lagarde hizo saber a través de un portavoz que no dimitiría de su cargo en Washington aunque los jueces decidieran imputarla; la no imputación es una buena noticia a medias para el FMI, porque la gravedad del escándalo y de las acusaciones que pesaban contra Lagarde amenazaban con abrir una nueva crisis en la cúpula del organismo que vigila las finanzas mundiales, tras el aparatoso derrumbe de su antecesor, el también francés Dominique Strauss-Kahn, acusado de violación en mayo de 2011.
Lagarde declaró durante 12 horas el jueves,
y regresó este viernes ante la Corte de Justicia de la República (CJR,
competente para procesar a los ministros) a las 08.15. Permaneció
encerrada con los tres magistrados que instruyen la causa durante todo
el día. La directora del FMI salió del palacio de la CJR, situado muy
cerca del monumento a los Inválidos, sobre las 21.40 horas, e hizo una
breve declaración a la prensa en francés y en inglés. Dijo que sus
explicaciones le han permitido “aclarar las decisiones” que tomó en su
día, y que el desenlace “no es una sorpresa” para ella porque siempre
actuó “en defensa del interés del Estado y conforme a la ley”. “Ahora
vuelvo a Washington para proseguir mi misión en el Fondo Monetario
Internacional”, concluyó.
Considerada por los jueces como sospechosa de “complicidad en falsedad de documento público y en malversación de caudales públicos” desde agosto de 2011, un mes después de tomar el relevo de Strauss-Kahn, Lagarde se libra de momento de un juicio y de una posible condena de hasta 15 años de prisión, diez por el primer delito y cinco por el segundo, aunque el estatuto de testigo asistido implica que los jueces todavía tienen dudas sobre su actuación. Las acusaciones de la fiscal de la CJR, Cécile Petit, sostenían que la actual directora del FMI se implicó “personalmente” en un proceso de arbitraje privado lleno de “anomalías e irregularidades”.
La historia se remonta a 1993, cuando CL revendió la compañía Adidas, controlada hasta ese momento por el matrimonio Tapie. Según el empresario, la operación generó unas plusvalías que perjudicaban sus intereses. Tras una primera sentencia judicial favorable a la entidad financiera, Lagarde decidió no esperar a conocer el recurso presentado por Tapie y ordenó constituir un comité privado (formado por tres árbitros), que en julio de 2008 dio la razón al empresario. Aunque el banco llevaba tiempo quebrado, el consorcio de liquidación (banco malo) creado por el Estado en 1995 para gestionar los activos dudosos tuvo que pagar a Tapie una indemnización bruta de 403 millones de euros (285 millones netos, que acabaron siendo 304 gracias a un posterior cambio fiscal).
Según la fiscalía, Lagarde, conocida como “La Gran Dama” por su círculo de colaboradores en Bercy, privilegió el arbitraje privado frente a la vía judicial ordinaria, y no recurrió el fallo del comité de sabios pese a que los técnicos ministeriales le aconsejaron que lo hiciera por ser lesivo para el Estado. La causa contra Lagarde se abrió en la primavera de 2011, a raíz de una denuncia del fiscal del Tribunal Supremo, que acusó a la ministra de haber actuado contra el interés público, de conocer la parcialidad de dos de los árbitros, y de haber modificado el protocolo de arbitrajes para incluir la figura del daño moral, lo que favoreció aun más a Tapie.
El contrato que Lagarde firmó al llegar al FMI le obliga a “respetar
las reglas más elevadas en materia de ética, de acuerdo con los valores
de integridad, imparcialidad y discreción”, y a “evitar incluso la
apariencia de cualquier mala conducta”, por lo que la imputación podría
haberla puesto en una situación complicada.
Otra variante difícil de predecir es la implicación de otras personas en el caso. Entre ellos están Nicolas Sarkozy y su mano derecha Claude Guéant, ex secretario general del Elíseo. En paralelo al proceso de la CJR, la fiscalía de París abrió en septiembre una investigación por “abuso de poder y ocultación de ese delito”, que puede salpicar a numerosos altos cargos y funcionarios. Sarkozy parece a salvo, porque goza de la inmunidad presidencial para los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, aunque, según ha publicado Le Monde, recibió a Tapie varias veces durante los meses calientes del litigio, antes y después de llegar al Elíseo, y se vio también con uno de los árbitros.
Lagarde siempre ha dicho que tomó las decisiones por “propia apreciación”, pensando que era “lo mejor para el Estado”. Las frases tratan de desmentir un secreto a voces: que su jefe, Sarkozy, presionó siempre en esa dirección. Tapie, fugaz ministro con el socialista François Mitterrand, decidió en 2007 dar su apoyo público a Sarkozy en plena campaña presidencial, y repitió en 2012. Ahora, el amigo del expresidente afirma que la suerte judicial de la exministra no le incumbe “en absoluto”, ya que él está “en un bando, y Lagarde en otro”.
Tapie ha añadido que, aunque el Estado recurra el fallo de 2008, no podría devolver el dinero porque le quedan “menos de 100 millones” de los 300 millones netos que cobró (403 millones brutos). El empresario considera, en todo caso, que la gestión de Lagarde “evitó al Estado pagar miles de millones”, ya que habría obtenido “mucho más” en un proceso ordinario. El exdirector del Gabinete de Lagarde en Economía, Stéphane Richard, hoy consejero delegado de France Telecom y también implicado, ha afirmado que, si se prueba que hubo fraude, sería “lógico” que el Estado recurra.
Durante el día, Lagarde hizo saber a través de un portavoz que no dimitiría de su cargo en Washington aunque los jueces decidieran imputarla; la no imputación es una buena noticia a medias para el FMI, porque la gravedad del escándalo y de las acusaciones que pesaban contra Lagarde amenazaban con abrir una nueva crisis en la cúpula del organismo que vigila las finanzas mundiales, tras el aparatoso derrumbe de su antecesor, el también francés Dominique Strauss-Kahn, acusado de violación en mayo de 2011.
Apoyo desde el FMI
Pocos después de conocerse la noticia de que Lagarde no será imputada por el 'caso Tapie', el portavoz del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, emitió una breve declaración con la que el organismo apoya a su directora gerente: "El Consejo Ejecutivo ha sido informado sobre este asunto varias veces y en cada ocasión, ha expresadosu confianza en la capacidad de la directora gerente para cumplir sus responsabilidades. El Consejo será informada de nuevo en los próximos días". hace dos días el FMI también expresó su respaldo a Lagarde, y señaló que de momento se trataba de una cuestión entre Lagarde y el sistema judicial francés y que antes de hablar de los pasos que iba a seguir el FMI era necesario saber si tras la investigación los jueces abrían a no un procedimiento.Considerada por los jueces como sospechosa de “complicidad en falsedad de documento público y en malversación de caudales públicos” desde agosto de 2011, un mes después de tomar el relevo de Strauss-Kahn, Lagarde se libra de momento de un juicio y de una posible condena de hasta 15 años de prisión, diez por el primer delito y cinco por el segundo, aunque el estatuto de testigo asistido implica que los jueces todavía tienen dudas sobre su actuación. Las acusaciones de la fiscal de la CJR, Cécile Petit, sostenían que la actual directora del FMI se implicó “personalmente” en un proceso de arbitraje privado lleno de “anomalías e irregularidades”.
¿Qué papel jugó en el arbitraje?
Sonriente —pero menos que el día anterior—, vestida con su sobrio traje de chaqueta gris y su inevitable fular, Lagarde, nacida en París como Christine Lallouette, hace 57 años, trató de aclarar a los jueces qué papel jugó en el arbitraje privado que ella misma impulsó en 2007 para resolver el largo contencioso que enfrentaba al empresario Bernard Tapie con el banco público Crédit Lyonnais (CL).La historia se remonta a 1993, cuando CL revendió la compañía Adidas, controlada hasta ese momento por el matrimonio Tapie. Según el empresario, la operación generó unas plusvalías que perjudicaban sus intereses. Tras una primera sentencia judicial favorable a la entidad financiera, Lagarde decidió no esperar a conocer el recurso presentado por Tapie y ordenó constituir un comité privado (formado por tres árbitros), que en julio de 2008 dio la razón al empresario. Aunque el banco llevaba tiempo quebrado, el consorcio de liquidación (banco malo) creado por el Estado en 1995 para gestionar los activos dudosos tuvo que pagar a Tapie una indemnización bruta de 403 millones de euros (285 millones netos, que acabaron siendo 304 gracias a un posterior cambio fiscal).
Según la fiscalía, Lagarde, conocida como “La Gran Dama” por su círculo de colaboradores en Bercy, privilegió el arbitraje privado frente a la vía judicial ordinaria, y no recurrió el fallo del comité de sabios pese a que los técnicos ministeriales le aconsejaron que lo hiciera por ser lesivo para el Estado. La causa contra Lagarde se abrió en la primavera de 2011, a raíz de una denuncia del fiscal del Tribunal Supremo, que acusó a la ministra de haber actuado contra el interés público, de conocer la parcialidad de dos de los árbitros, y de haber modificado el protocolo de arbitrajes para incluir la figura del daño moral, lo que favoreció aun más a Tapie.
La causa contra Lagarde se abrió en la primavera de 2011, a raíz de una denuncia del fiscal del Tribunal Supremo
Otra variante difícil de predecir es la implicación de otras personas en el caso. Entre ellos están Nicolas Sarkozy y su mano derecha Claude Guéant, ex secretario general del Elíseo. En paralelo al proceso de la CJR, la fiscalía de París abrió en septiembre una investigación por “abuso de poder y ocultación de ese delito”, que puede salpicar a numerosos altos cargos y funcionarios. Sarkozy parece a salvo, porque goza de la inmunidad presidencial para los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, aunque, según ha publicado Le Monde, recibió a Tapie varias veces durante los meses calientes del litigio, antes y después de llegar al Elíseo, y se vio también con uno de los árbitros.
Lagarde siempre ha dicho que tomó las decisiones por “propia apreciación”, pensando que era “lo mejor para el Estado”. Las frases tratan de desmentir un secreto a voces: que su jefe, Sarkozy, presionó siempre en esa dirección. Tapie, fugaz ministro con el socialista François Mitterrand, decidió en 2007 dar su apoyo público a Sarkozy en plena campaña presidencial, y repitió en 2012. Ahora, el amigo del expresidente afirma que la suerte judicial de la exministra no le incumbe “en absoluto”, ya que él está “en un bando, y Lagarde en otro”.
Tapie ha añadido que, aunque el Estado recurra el fallo de 2008, no podría devolver el dinero porque le quedan “menos de 100 millones” de los 300 millones netos que cobró (403 millones brutos). El empresario considera, en todo caso, que la gestión de Lagarde “evitó al Estado pagar miles de millones”, ya que habría obtenido “mucho más” en un proceso ordinario. El exdirector del Gabinete de Lagarde en Economía, Stéphane Richard, hoy consejero delegado de France Telecom y también implicado, ha afirmado que, si se prueba que hubo fraude, sería “lógico” que el Estado recurra.
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