Madrid se opone al uso obligatorio del casco para ciclistas en vías urbanas
Los cuatro grupos municipales respaldan una iniciativa contra el proyecto de la DGT
Consideran que reducirá el uso de este medio de transporte en la ciudad
Un hombre circula con bicicleta plegable por un carril bici en el centro de Madrid. / CRISTÓBAL MANUEL
El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad una
declaración institucional en contra del uso obligatorio del casco para
ciclistas en vías urbanas, tal y como propone la Dirección General de
Tráfico (DGT) en su borrador de modificación del Reglamento General de Circulación.
Así, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida y Unión
Progreso y Democracia “instan al Gobierno (PP) a reconsiderar esta
propuesta, teniendo en cuenta las opiniones de usuarios y asociaciones a
favor de implantar medidas de seguridad activas para mejorar la
prevención de los accidentes”.
En la declaración institucional se afirma que “el uso del casco no es exigible en los países con un elevado uso de la bicicleta como medio de transporte”, y se apunta que su imposición “afectará negativamente tanto al uso del servicio público de alquiler”, que en este momento no existe en Madrid, “como al de la bicicleta particular”. “Todo ello podría conllevar una reducción de usuarios, y por tanto una disminución de seguridad de los ciclistas”, se añade, que afectaría “a los negocios y puestos de trabajo directamente relacionados con el sector”.
Tanto el PSOE como más de una veintena de Ayuntamientos de distinto color político se han mostrado en contra del proyecto de la DGT, que se ha reafirmado sin embargo en su propósito: “Si me quieren tirar tomates, que me los tiren”, ha dicho su directora, María Seguí. Tanto en Barcelona como en Madrid hay pleno consenso de todos los grupos municipales contra el plan. Seguí presentará mañana el texto del nuevo código de circulación ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.
“No hay una sola medida de prevención que haya sido recibida favorablemente por todo el mundo. Ni el cinturón de seguridad delante, ni el cinturón de seguridad detrás, ni el casco de motocicleta, ni el casco de ciclomotor”, ha señalado Seguí. La DGT defiende la utilidad del casco “para reducir la probabilidad de lesión craneal”. Las asociaciones ciclistas coinciden, pero argumentan que la accidentalidad en el sector es muy reducida.
En 2011, murieron 49 ciclistas, y de ellos 12 en ciudad. Según el Barómetro de la Bicicleta, tres millones de personas usan este medio de transporte casi a diario, y 15,5 millones lo hacen con alguna frecuencia. “Tenemos evidencias de que estos datos infraestiman el número de ciclistas lesionados”, considera la DGT, que apunta que 3.767 personas sufrieron lesiones por el uso de la bicicleta en 2011, según las bases de datos sanitarias.
En marzo, el Ayuntamiento de Madrid se mostró dispuesto a estudiar la reducción de la velocidad máxima en determinadas vías urbanas de 50 a 30 kilómetros por hora. El Partido Popular rechazó la proposición de Izquierda Unida de aplicar este límite a toda las calles residenciales (afectaría a los barrios, pero no a la M-30 o a la Castellana, por ejemplo). Sin embargo, sí aceptó considerar la propuesta caso a caso, en el marco del nuevo plan local de movilidad, ahora en preparación, y una vez la Dirección General de Tráfico fije el marco normativo.
En su último borrador del Reglamento General de Circulación, la DGT propone que el límite general en vías urbanas sea 50 kilómetros por hora, pudiéndose rebajar de forma discrecional a 30 en las calles de un solo carril y sentido único, y a 20 en aquellas con una plataforma única para vehículos y peatones.
En la declaración institucional se afirma que “el uso del casco no es exigible en los países con un elevado uso de la bicicleta como medio de transporte”, y se apunta que su imposición “afectará negativamente tanto al uso del servicio público de alquiler”, que en este momento no existe en Madrid, “como al de la bicicleta particular”. “Todo ello podría conllevar una reducción de usuarios, y por tanto una disminución de seguridad de los ciclistas”, se añade, que afectaría “a los negocios y puestos de trabajo directamente relacionados con el sector”.
Tanto el PSOE como más de una veintena de Ayuntamientos de distinto color político se han mostrado en contra del proyecto de la DGT, que se ha reafirmado sin embargo en su propósito: “Si me quieren tirar tomates, que me los tiren”, ha dicho su directora, María Seguí. Tanto en Barcelona como en Madrid hay pleno consenso de todos los grupos municipales contra el plan. Seguí presentará mañana el texto del nuevo código de circulación ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.
“No hay una sola medida de prevención que haya sido recibida favorablemente por todo el mundo. Ni el cinturón de seguridad delante, ni el cinturón de seguridad detrás, ni el casco de motocicleta, ni el casco de ciclomotor”, ha señalado Seguí. La DGT defiende la utilidad del casco “para reducir la probabilidad de lesión craneal”. Las asociaciones ciclistas coinciden, pero argumentan que la accidentalidad en el sector es muy reducida.
En 2011, murieron 49 ciclistas, y de ellos 12 en ciudad. Según el Barómetro de la Bicicleta, tres millones de personas usan este medio de transporte casi a diario, y 15,5 millones lo hacen con alguna frecuencia. “Tenemos evidencias de que estos datos infraestiman el número de ciclistas lesionados”, considera la DGT, que apunta que 3.767 personas sufrieron lesiones por el uso de la bicicleta en 2011, según las bases de datos sanitarias.
En marzo, el Ayuntamiento de Madrid se mostró dispuesto a estudiar la reducción de la velocidad máxima en determinadas vías urbanas de 50 a 30 kilómetros por hora. El Partido Popular rechazó la proposición de Izquierda Unida de aplicar este límite a toda las calles residenciales (afectaría a los barrios, pero no a la M-30 o a la Castellana, por ejemplo). Sin embargo, sí aceptó considerar la propuesta caso a caso, en el marco del nuevo plan local de movilidad, ahora en preparación, y una vez la Dirección General de Tráfico fije el marco normativo.
En su último borrador del Reglamento General de Circulación, la DGT propone que el límite general en vías urbanas sea 50 kilómetros por hora, pudiéndose rebajar de forma discrecional a 30 en las calles de un solo carril y sentido único, y a 20 en aquellas con una plataforma única para vehículos y peatones.
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