Rescatando ciudadanos
Surgen nuevas iniciativas frente a la ley antidesahucios del PP, que se prevé insuficiente
Se multiplican las iniciativas para intentar cortar la hemorragia
social de los desahucios de primeras viviendas. Al decreto andaluz de
expropiación temporal de casas vacías (en propiedad de bancos e
inmobiliarias) para ofrecerlas en alquiler barato se han sumado diversas
propuestas en línea similar por parte de los gobiernos autónomos de
Cataluña y Canarias. Mientras el primero busca, con su tasa a los pisos
desocupados, una recaudación pública que, indirectamente, estimule el
mercado del alquiler, el segundo es casi un calco del decreto andaluz
que el Ejecutivo de Paulino Rivero califica de “solvente
constitucionalmente” y capaz de dar respuesta al problema. No pocas
voces, sin embargo, auguran al decreto andaluz una complicada
aplicación.
No son las únicas iniciativas. El Consejo General del Poder Judicial ha firmado acuerdos con los Ejecutivos de Galicia y Valencia, y Madrid ha puesto en manos de Cáritas sus pisos de alquiler barato. Sin embargo, las de Cataluña y Canarias son, junto a la andaluza, las propuestas que más rápida y abiertamente pretenden superar los limitados efectos que, según los expertos, tendrá la ley antidesahucios que defiende el PP en solitario.
El Gobierno rechazó la propuesta andaluza. La consejera popular valenciana, Isabel Bonig, ha llegado a aconsejar que “ilustres socialistas y comunistas” pongan sus propiedades a disposición de los afectados. Pero la realidad es que incluso los antiguos socios políticos del PP, bien en Cataluña, bien en Canarias, se están desmarcando ahora por la vía de los hechos. Que tales iniciativas se lancen en paralelo mientras se tramita el proyecto de ley en el Parlamento y que continúe la movilización social contra los desahucios evidencia las pocas expectativas que despierta dicho proyecto.
El proyecto del Gobierno mejora la situación actual, pero es insuficiente para poner coto a las desproporcionadas consecuencias que supone el impago de buena fe de una hipoteca que, según los criterios legales aún vigentes, impone cláusulas abusivas con escaso parangón en el resto de Europa. Permitir intereses de demora de hasta el 12%, como señala el proyecto, recorta estos a la mitad en algunos casos, pero sigue siendo excesivo. Poder lanzar un desalojo tras solo tres impagos de la cuota hipotecaria no es razonable, como no lo es cerrarse siempre a la dación en pago, que en ciertas circunstancias los propios bancos están aceptando.
La UE ha elaborado ya un primer borrador de directiva con estándares mínimos para evitar cláusulas abusivas en todas las hipotecas europeas. Es un primer paso que tardará años en sustanciarse. La sociedad española no puede esperar tanto. Ni el Gobierno debería dejar pasar más tiempo sin dotar de mayor ambición a su proyecto. Cada día que pasa, un centenar de familias se ven privadas de su vivienda. Ninguna propuesta, proceda de Sevilla o de Barcelona, debería ser desechada sin discusión y valoración.
No son las únicas iniciativas. El Consejo General del Poder Judicial ha firmado acuerdos con los Ejecutivos de Galicia y Valencia, y Madrid ha puesto en manos de Cáritas sus pisos de alquiler barato. Sin embargo, las de Cataluña y Canarias son, junto a la andaluza, las propuestas que más rápida y abiertamente pretenden superar los limitados efectos que, según los expertos, tendrá la ley antidesahucios que defiende el PP en solitario.
El Gobierno rechazó la propuesta andaluza. La consejera popular valenciana, Isabel Bonig, ha llegado a aconsejar que “ilustres socialistas y comunistas” pongan sus propiedades a disposición de los afectados. Pero la realidad es que incluso los antiguos socios políticos del PP, bien en Cataluña, bien en Canarias, se están desmarcando ahora por la vía de los hechos. Que tales iniciativas se lancen en paralelo mientras se tramita el proyecto de ley en el Parlamento y que continúe la movilización social contra los desahucios evidencia las pocas expectativas que despierta dicho proyecto.
El proyecto del Gobierno mejora la situación actual, pero es insuficiente para poner coto a las desproporcionadas consecuencias que supone el impago de buena fe de una hipoteca que, según los criterios legales aún vigentes, impone cláusulas abusivas con escaso parangón en el resto de Europa. Permitir intereses de demora de hasta el 12%, como señala el proyecto, recorta estos a la mitad en algunos casos, pero sigue siendo excesivo. Poder lanzar un desalojo tras solo tres impagos de la cuota hipotecaria no es razonable, como no lo es cerrarse siempre a la dación en pago, que en ciertas circunstancias los propios bancos están aceptando.
La UE ha elaborado ya un primer borrador de directiva con estándares mínimos para evitar cláusulas abusivas en todas las hipotecas europeas. Es un primer paso que tardará años en sustanciarse. La sociedad española no puede esperar tanto. Ni el Gobierno debería dejar pasar más tiempo sin dotar de mayor ambición a su proyecto. Cada día que pasa, un centenar de familias se ven privadas de su vivienda. Ninguna propuesta, proceda de Sevilla o de Barcelona, debería ser desechada sin discusión y valoración.
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