Me identifico con que desaparezca el supuesto de aborto por malformación”
El ministro apunta a que el médico que autorice el aborto no podrá trabajar en la clínica que lo practica
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. / Bernardo Perez
Dice que, si tuviera que renunciar a un proyecto de ley en el que
creyera, dimitiría. Dice que, por tanto, la ley del aborto que prepara
es tan suya como del PP. Y dice que no será un
retroceso de 30 años, sino “la ley más avanzada” que ha tenido España.
Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 1958), ministro de Justicia, no parece
preocupado por la controversia que esa reforma legislativa pueda
provocar. Tampoco se atreve a vaticinar que la ley
reducirá el número de abortos; sostiene que la ha impulsado por otras
razones: “éticas y constitucionales”.
Pregunta. Con la ley del aborto que prepara, ¿las mujeres que hoy abortan en España podrían seguir haciéndolo o tendrían que irse al extranjero?
Respuesta. Podrían seguir haciéndolo siempre que se adecúen a los supuestos de la ley, igual que con la ley de 1985 [del PSOE].
P. ¿Será como la ley de 1985?
R. La filosofía es la misma: la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional: un sistema de indicaciones, de supuestos. Se reconoce la protección de los derechos de la mujer y del no nacido. Y cuando el conflicto entre ambos surge, se resuelve en los casos que determine el legislador.
P. ¿Qué diferencia habrá entre su ley y la de 1985?
R. Regularemos algunas... malas aplicaciones, diría yo, de aquella ley. No es una modificación sustancial, sino corregir defectos de aplicación. E incorporaremos, eso sí, el mandato de la ONU para la no discriminación de las personas con discapacidad.
P. Ha dicho que el daño para la madre deberá “acreditarse”. Ahora ya tiene que acreditarse [desde la semana 14ª] y con la ley de 1985 también. ¿Cuál será la diferencia?
R. Estableceremos un sistema que garantice el cumplimiento de lo que estableció la ley de 1985. Cuando presentemos la ley entraremos en los detalles.
P. ¿Cuáles eran las “malas aplicaciones” de la ley de 1985?
R. Vamos a buscar que aquello que preveía esa ley, que, insisto, sustancialmente va a coincidir [con la nueva], se cumpla.
P. ¿Considera una “mala aplicación” el hecho de que los médicos que diagnostican el daño para la mujer trabajen en el mismo centro que luego practica el aborto? ¿Va a cambiar eso?
R. Se debe garantizar la desvinculación absoluta, a la hora de emitir un dictamen, de cualquier tipo de concertación de servicio profesional.
P. ¿Los médicos que autoricen el aborto ya no serán los de las clínicas en las que se practica?
R. Insisto: los aspectos concretos, cuando presentemos la ley.
P. ¿Quién tendrá la última palabra para resolver ese conflicto entre los derechos de la madre y la protección del feto? ¿El médico?
R. En aquellos aspectos de carácter clínico, evidentemente el médico, como en la ley de 1985.
P. Y solo va a haber supuestos de carácter clínico, ¿no?
R. No, hay también la indicación ética [el supuesto de violación]
P. Usted apela a la sentencia del Constitucional de 1985 para justificar su proyecto de ley, pero esa sentencia dijo que el supuesto de malformación fetal es constitucional. ¿Por qué no respeta la sentencia en ese punto?
R. Porque después, en 2008, España suscribió el convenio de la ONU para la protección de los derechos de personas con discapacidad, y tenemos un requerimiento para modificar la ley en ese punto.
P. El convenio no obliga a cambiar la ley, solo hace recomendaciones. ¿Pesa eso más que lo que dijo el Constitucional?
R. No es incompatible. Y son obligaciones, es un convenio internacional.
P. Pues entre las “recomendaciones” de ese convenio, que usted interpreta como obligaciones, está por ejemplo que el Gobierno destine más dinero a la ayuda a la dependencia, y ustedes lo han recortado.
R. El hecho de que, por la crisis, haya unas partidas presupuestarias que disminuyan no significa que podamos legislar en contra de lo convenido con la ONU.
P. ¿Todas las malformaciones fetales van a quedar fuera del supuesto para abortar?
R. Le digo el principio genérico: la discapacidad no puede significar un trato desigual y una merma de derechos. Y esa no discriminación debe aplicarse también a los concebidos y no nacidos.
P. Cuando anunció la eliminación de ese supuesto recibió cartas de médicos especialistas que le explicaban cómo es la vida de personas que nacieron con malformaciones y enfermedades graves. ¿Se siente responsable de las vidas de esos futuros niños y de sus familias, en los casos en los que las madres quieran abortar y no puedan?
R. Recibí también muchas cartas de personas agradeciendo que desapareciese la discriminación por razón de discapacidad en España. Yo estoy profundamente identificado con eso.
P. ¿El aborto seguirá en la cartera de prestaciones de la sanidad pública, financiado por el Estado?
R. No hay modificación en eso.
P. ¿La Conferencia Episcopal le pidió que endurezca la ley?
R. No.
P. ¿Comparte la oposición de la Abogacía del Estado a la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos?
R. La Abogacía interviene solo para defender los intereses de la Hacienda pública, y ha entendido que en este caso no hay perjuicio a la Hacienda. Apoyo todas las decisiones que desde un análisis técnico, alejado de cualquier valoración política, realiza la Abogacía.
P. Un monárquico como usted, ¿cree que el Rey debe abdicar para proteger a la monarquía?
R. La mejor protección a la monarquía es el ejercicio de las funciones que el rey Juan Carlos está ejerciendo y que debe seguir ejerciendo.
P. ¿Qué propone hacer el ministro de Justicia si Cataluña convoca una consulta soberanista inconstitucional?
R. Plantear hipótesis sobre actos ilegales podría ser interpretado como una presunción de ilegalidad. Yo espero y confío en que la actuación de la Generalitat se adecúe a las obligaciones constitucionales. Creo que en Cataluña se ha ido imponiendo la racionalidad.
P. No es una presunción: la Generalitat ha dicho que lo va a hacer.
R. Pero no lo ha hecho, y yo confío en que no lo haga. Confío en que el seny de la sociedad catalana traslade al Gobierno de Artur Mas la conveniencia de dirigir todos los pasos dentro del marco constitucional.
P. Algo que la Generalitat sí está haciendo ya es no aplicar las sentencias que obligan a que el castellano sea vehicular en la escuela como el catalán. ¿El Gobierno hará algo para que se apliquen?
R. El Gobierno promueve la acción de la justicia, pero quien tiene la autoridad última para hacer cumplir la ejecución son los tribunales.
P. ¿A qué se refería el ministro del Interior cuando dijo que si la doctrina Parot es tumbada por el tribunal de Estrasburgo el Gobierno hará “ingeniería jurídica”?
R. El Gobierno aplicará la resolución de Estrasburgo en la forma que la resolución establezca.
P. ¿Saldrán de prisión los presos de ETA afectados si la sentencia les da la razón?
R. En ese caso, que confío en que no ocurra, la sentencia dirá si el caso que ha estudiado [el de la etarra Inés del Río] es extensible o no a otros condenados.
P. ¿Aplicará el fallo tal cual?
R. Como no puede ser de otra manera.
P. ¿Ha endurecido el Gobierno la política penitenciaria con los presos de ETA?
R. La política penitenciaria corresponde a Interior. Pero no habrá medidas de gracia para los condenados de ETA en ningún caso. En ningún caso. Ninguna.
P. Si a su casa va un grupo de gente a gritarle reclamando que cambie su posición sobre la Ley Hipotecaria, ¿qué hace usted?
R. El respeto al ámbito privado es lo que diferencia a las democracias liberales de los regímenes totalitarios. La violencia no es solo física, hay una violencia moral, intimidatoria, lo que se llama la vis compulsiva. Y hay que diferenciar la protesta, siempre legítima, contra el Gobierno por las cosas que hace o anuncia de esta otra presión. Me parece mucho más grave una violencia sobre el legislador para que legisle en una dirección determinada que una manifestación contra el Gobierno. ¿Qué pensaríamos si los magistrados del Supremo, antes de dictar sentencias, fuesen sometidos a esta violencia moral para condicionar su voluntad? Señalar y humillar al discrepante no es propio de regímenes democráticos. Y es lo que están haciendo estos movimientos.
P. ¿No son democráticos?
R. No actúan democráticamente.
P. ¿Son comportamientos nazis, como ha dicho el PP?
R. No son comportamientos democráticos. Esas conductas se dan en regímenes totalitarios. Debemos reflexionar sobre la gravedad de estos hechos. Y ver, sin miedo a las comparaciones históricas, cuándo y en qué regímenes se ha practicado esta técnica.
P. El presidente del Supremo ve en estas protestas un ejercicio de libertad de manifestación si no son violentas.
R. Discrepo rotundamente. Y sobre el tema de los desahucios, le digo: en nada ayuda la intimidación a la solución de esos problemas, lo que sí ayuda son las medidas del Gobierno.
P. Los escraches, las manifestaciones frente al Congreso, la pérdida de confianza de los grandes partidos... ¿Cree que está en cuestión la democracia representativa tal y como la conocemos?
R. Si se pone en cuestión la democracia representativa, se pone en cuestión la democracia. Si una minoría pretende condicionar lo que sí es la expresión de la voluntad de los ciudadanos no está respetando las reglas del juego. Me preocupa que haya una generación de españoles que por haber nacido en un régimen de libertades piense que esto siempre ha sido así y que siempre va a ser así.
P. Los registradores de la Propiedad se niegan a hacerse cargo del Registro Civil si Justicia no les garantiza unos ingresos vía aranceles. ¿Lo va a hacer?
R. Cualquier reforma del Registro pasará por que este siga siendo gratuito para los ciudadanos.
P. ¿Todo lo que ahora es gratis será gratis?
R. Todo lo que ahora es gratis será gratis.
P. Salvo los matrimonios civiles, que serán de pago porque los oficiarán los notarios...
R. El matrimonio ahora es de pago en algunos Ayuntamientos. Insisto en que los actos que se hagan en el Registro seguirán siendo gratuitos. Es evidente que si los registradores manifiestan que no tienen capacidad para abordar el Registro Civil, tendremos que seguir reflexionando para encontrar la solución más adecuada.
P. ¿Se está planteando renunciar a ese proyecto de que el Registro Civil pase a los registradores de la propiedad?
R. Seguimos trabajando en el borrador pero sí le digo que la solución, sea cual sea, pasará por dos supuestos: que no sean los jueces los que realicen esas tareas administrativas y que no suponga ningún coste para el ciudadano.
P. ¿Comparte la propuesta de su comité de expertos para introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de interrumpir la difusión de un medio de comunicación que publique sumarios judiciales secretos?
R. Me parece bien que el juez traslade al medio su inquietud de que esa publicación pueda perturbar la tutela judicial efectiva de la persona juzgada. Tengo dudas de que si el medio de comunicación insiste en seguir publicando información pueda tener sanción. No soy partidario de establecer consecuencias por esa vía.
P. ¿Dónde ha sentido usted que tenía más poder: como presidente autonómico, como alcalde o como ministro?
R. La transformación de la justicia que hemos abordado dejará una huella más importante que todas las infraestructuras que yo puse en marcha en Madrid.
P. ¿En cuál de los tres cargos ha tenido que renunciar a más cosas en las que creía?
R. El día que tenga que renunciar a algo esencial en mi pensamiento y convicciones, naturalmente abandonaré el puesto de responsabilidad en el que estoy.
P. ¿Dimitiría entonces antes que renunciar a defender un proyecto de ley en el que creyera?
R. Y ustedes también, y cualquier persona con convicciones.
Pregunta. Por lo que ha leído del sumario del caso Bárcenas, ¿cree que el PP se financió ilegalmente?
Respuesta. No tengo conocimiento de esas actuaciones judiciales. Lo que los órganos internos del PP nos han trasladado es que no hay financiación ilegal.
P. ¿Cómo explica que en la contabilidad oficial del PP aparezcan ingresos troceados de las donaciones que Bárcenas apuntó en su cuaderno, y que superaban el máximo legal?
R. La contabilidad está auditada por el Tribunal de Cuentas.
P. ¿Engañó el PP al Tribunal de Cuentas al trocear ingresos?
R. ¿Por qué da usted por hecho que se producía eso?
P. Porque en la contabilidad oficial se ve que en un mismo día aparecen siete ingresos que, sumados, coinciden con lo que ese día apuntó Bárcenas.
R. Usted parte de la premisa de dar por válidos los papeles atribuidos a Bárcenas...
P. ¿Cree usted que esos papeles son falsos de toda falsedad?
R. No debemos ser los políticos los que opinemos sobre eso, es algo sometido a los tribunales.
P. ¿Bárcenas hizo algo mal?
R. Al margen de lo que los tribunales digan sobre el origen del dinero, es inconcebible que el tesorero de un partido de Gobierno tenga una cuenta fuera de España y con esas cantidades. Es incompatible con el cargo. No tengo duda de que si el partido lo hubiera sabido le habría conminado a cesar inmediatamente.
P. ¿Usted ha tenido más de un sueldo alguna vez, como cargo electo y dirigente del PP?
R. Nunca.
P. ¿Qué le parece que la cúpula del PP haya estado años cobrando sobresueldos en forma de gastos de representación, además del sueldo de diputado?
R. Hay que distinguir lo que es un sueldo de lo que son gastos de representación. Yo no lo he tenido nunca pero establecer el sistema de que, en lugar de pasar las facturas de comidas o viajes, se establezcan unas cantidades... me parece legítimo.
P. En la contabilidad oficial del PP aparecen esas cantidades en 14 pagas, y además, los gastos por viajes o comidas.
R. En abstracto, no me parece mal que exista un gasto de representación además del sueldo.
P. ¿Le parece bien que alguien que cobra 4.000 euros como cargo público cobre cada mes otros 6.000 del partido, también con dinero público?
R. Eso depende de qué actividades le encomiende el partido.
P. ¿Ha recibido alguna presión del PP o del Gobierno para intentar frenar la investigación del caso Bárcenas?
R. No. Y habría sido inútil.
P. La Seguridad Social ha confirmado que Bárcenas fue dado de baja en el PP el 31 de enero. ¿Mintió Dolores de Cospedal?
R. No, Dolores de Cospedal explicó esa circunstancia.
P. No, dijo que Bárcenas había dejado el PP en 2010.
R. Yo entendí su explicación y me atengo a ella.
P. ¿A usted le avergüenza como dirigente del PP todo lo que se va sabiendo del caso Bárcenas?
R. Me irrita.
P. ¿Qué significa eso?
R. Me produce indignación descubrir que quien ha sido durante años responsable de las finanzas del partido ha tenido una actividad económica paralela.
P. ¿Le irrita el caso Gürtel en general y que haya tantos miembros del PP implicados?
R. Todo lo que signifique vulneración de la legalidad me produce repulsa. Y en los casos que afectan a compañeros de mi partido, además de repulsa, dolor.
Pregunta. Con la ley del aborto que prepara, ¿las mujeres que hoy abortan en España podrían seguir haciéndolo o tendrían que irse al extranjero?
Respuesta. Podrían seguir haciéndolo siempre que se adecúen a los supuestos de la ley, igual que con la ley de 1985 [del PSOE].
P. ¿Será como la ley de 1985?
R. La filosofía es la misma: la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional: un sistema de indicaciones, de supuestos. Se reconoce la protección de los derechos de la mujer y del no nacido. Y cuando el conflicto entre ambos surge, se resuelve en los casos que determine el legislador.
P. ¿Qué diferencia habrá entre su ley y la de 1985?
R. Regularemos algunas... malas aplicaciones, diría yo, de aquella ley. No es una modificación sustancial, sino corregir defectos de aplicación. E incorporaremos, eso sí, el mandato de la ONU para la no discriminación de las personas con discapacidad.
P. Ha dicho que el daño para la madre deberá “acreditarse”. Ahora ya tiene que acreditarse [desde la semana 14ª] y con la ley de 1985 también. ¿Cuál será la diferencia?
R. Estableceremos un sistema que garantice el cumplimiento de lo que estableció la ley de 1985. Cuando presentemos la ley entraremos en los detalles.
P. ¿Cuáles eran las “malas aplicaciones” de la ley de 1985?
R. Vamos a buscar que aquello que preveía esa ley, que, insisto, sustancialmente va a coincidir [con la nueva], se cumpla.
P. ¿Considera una “mala aplicación” el hecho de que los médicos que diagnostican el daño para la mujer trabajen en el mismo centro que luego practica el aborto? ¿Va a cambiar eso?
R. Se debe garantizar la desvinculación absoluta, a la hora de emitir un dictamen, de cualquier tipo de concertación de servicio profesional.
P. ¿Los médicos que autoricen el aborto ya no serán los de las clínicas en las que se practica?
R. Insisto: los aspectos concretos, cuando presentemos la ley.
P. ¿Quién tendrá la última palabra para resolver ese conflicto entre los derechos de la madre y la protección del feto? ¿El médico?
R. En aquellos aspectos de carácter clínico, evidentemente el médico, como en la ley de 1985.
P. Y solo va a haber supuestos de carácter clínico, ¿no?
R. No, hay también la indicación ética [el supuesto de violación]
P. Usted apela a la sentencia del Constitucional de 1985 para justificar su proyecto de ley, pero esa sentencia dijo que el supuesto de malformación fetal es constitucional. ¿Por qué no respeta la sentencia en ese punto?
R. Porque después, en 2008, España suscribió el convenio de la ONU para la protección de los derechos de personas con discapacidad, y tenemos un requerimiento para modificar la ley en ese punto.
P. El convenio no obliga a cambiar la ley, solo hace recomendaciones. ¿Pesa eso más que lo que dijo el Constitucional?
R. No es incompatible. Y son obligaciones, es un convenio internacional.
P. Pues entre las “recomendaciones” de ese convenio, que usted interpreta como obligaciones, está por ejemplo que el Gobierno destine más dinero a la ayuda a la dependencia, y ustedes lo han recortado.
R. El hecho de que, por la crisis, haya unas partidas presupuestarias que disminuyan no significa que podamos legislar en contra de lo convenido con la ONU.
P. ¿Todas las malformaciones fetales van a quedar fuera del supuesto para abortar?
R. Le digo el principio genérico: la discapacidad no puede significar un trato desigual y una merma de derechos. Y esa no discriminación debe aplicarse también a los concebidos y no nacidos.
P. Cuando anunció la eliminación de ese supuesto recibió cartas de médicos especialistas que le explicaban cómo es la vida de personas que nacieron con malformaciones y enfermedades graves. ¿Se siente responsable de las vidas de esos futuros niños y de sus familias, en los casos en los que las madres quieran abortar y no puedan?
R. Recibí también muchas cartas de personas agradeciendo que desapareciese la discriminación por razón de discapacidad en España. Yo estoy profundamente identificado con eso.
P. ¿El aborto seguirá en la cartera de prestaciones de la sanidad pública, financiado por el Estado?
R. No hay modificación en eso.
P. ¿La Conferencia Episcopal le pidió que endurezca la ley?
R. No.
P. ¿Comparte la oposición de la Abogacía del Estado a la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos?
R. La Abogacía interviene solo para defender los intereses de la Hacienda pública, y ha entendido que en este caso no hay perjuicio a la Hacienda. Apoyo todas las decisiones que desde un análisis técnico, alejado de cualquier valoración política, realiza la Abogacía.
P. Un monárquico como usted, ¿cree que el Rey debe abdicar para proteger a la monarquía?
R. La mejor protección a la monarquía es el ejercicio de las funciones que el rey Juan Carlos está ejerciendo y que debe seguir ejerciendo.
P. ¿Qué propone hacer el ministro de Justicia si Cataluña convoca una consulta soberanista inconstitucional?
R. Plantear hipótesis sobre actos ilegales podría ser interpretado como una presunción de ilegalidad. Yo espero y confío en que la actuación de la Generalitat se adecúe a las obligaciones constitucionales. Creo que en Cataluña se ha ido imponiendo la racionalidad.
P. No es una presunción: la Generalitat ha dicho que lo va a hacer.
R. Pero no lo ha hecho, y yo confío en que no lo haga. Confío en que el seny de la sociedad catalana traslade al Gobierno de Artur Mas la conveniencia de dirigir todos los pasos dentro del marco constitucional.
P. Algo que la Generalitat sí está haciendo ya es no aplicar las sentencias que obligan a que el castellano sea vehicular en la escuela como el catalán. ¿El Gobierno hará algo para que se apliquen?
R. El Gobierno promueve la acción de la justicia, pero quien tiene la autoridad última para hacer cumplir la ejecución son los tribunales.
P. ¿A qué se refería el ministro del Interior cuando dijo que si la doctrina Parot es tumbada por el tribunal de Estrasburgo el Gobierno hará “ingeniería jurídica”?
R. El Gobierno aplicará la resolución de Estrasburgo en la forma que la resolución establezca.
P. ¿Saldrán de prisión los presos de ETA afectados si la sentencia les da la razón?
R. En ese caso, que confío en que no ocurra, la sentencia dirá si el caso que ha estudiado [el de la etarra Inés del Río] es extensible o no a otros condenados.
P. ¿Aplicará el fallo tal cual?
R. Como no puede ser de otra manera.
P. ¿Ha endurecido el Gobierno la política penitenciaria con los presos de ETA?
R. La política penitenciaria corresponde a Interior. Pero no habrá medidas de gracia para los condenados de ETA en ningún caso. En ningún caso. Ninguna.
P. Si a su casa va un grupo de gente a gritarle reclamando que cambie su posición sobre la Ley Hipotecaria, ¿qué hace usted?
R. El respeto al ámbito privado es lo que diferencia a las democracias liberales de los regímenes totalitarios. La violencia no es solo física, hay una violencia moral, intimidatoria, lo que se llama la vis compulsiva. Y hay que diferenciar la protesta, siempre legítima, contra el Gobierno por las cosas que hace o anuncia de esta otra presión. Me parece mucho más grave una violencia sobre el legislador para que legisle en una dirección determinada que una manifestación contra el Gobierno. ¿Qué pensaríamos si los magistrados del Supremo, antes de dictar sentencias, fuesen sometidos a esta violencia moral para condicionar su voluntad? Señalar y humillar al discrepante no es propio de regímenes democráticos. Y es lo que están haciendo estos movimientos.
P. ¿No son democráticos?
R. No actúan democráticamente.
P. ¿Son comportamientos nazis, como ha dicho el PP?
R. No son comportamientos democráticos. Esas conductas se dan en regímenes totalitarios. Debemos reflexionar sobre la gravedad de estos hechos. Y ver, sin miedo a las comparaciones históricas, cuándo y en qué regímenes se ha practicado esta técnica.
P. El presidente del Supremo ve en estas protestas un ejercicio de libertad de manifestación si no son violentas.
R. Discrepo rotundamente. Y sobre el tema de los desahucios, le digo: en nada ayuda la intimidación a la solución de esos problemas, lo que sí ayuda son las medidas del Gobierno.
P. Los escraches, las manifestaciones frente al Congreso, la pérdida de confianza de los grandes partidos... ¿Cree que está en cuestión la democracia representativa tal y como la conocemos?
R. Si se pone en cuestión la democracia representativa, se pone en cuestión la democracia. Si una minoría pretende condicionar lo que sí es la expresión de la voluntad de los ciudadanos no está respetando las reglas del juego. Me preocupa que haya una generación de españoles que por haber nacido en un régimen de libertades piense que esto siempre ha sido así y que siempre va a ser así.
P. Los registradores de la Propiedad se niegan a hacerse cargo del Registro Civil si Justicia no les garantiza unos ingresos vía aranceles. ¿Lo va a hacer?
R. Cualquier reforma del Registro pasará por que este siga siendo gratuito para los ciudadanos.
P. ¿Todo lo que ahora es gratis será gratis?
R. Todo lo que ahora es gratis será gratis.
P. Salvo los matrimonios civiles, que serán de pago porque los oficiarán los notarios...
R. El matrimonio ahora es de pago en algunos Ayuntamientos. Insisto en que los actos que se hagan en el Registro seguirán siendo gratuitos. Es evidente que si los registradores manifiestan que no tienen capacidad para abordar el Registro Civil, tendremos que seguir reflexionando para encontrar la solución más adecuada.
P. ¿Se está planteando renunciar a ese proyecto de que el Registro Civil pase a los registradores de la propiedad?
R. Seguimos trabajando en el borrador pero sí le digo que la solución, sea cual sea, pasará por dos supuestos: que no sean los jueces los que realicen esas tareas administrativas y que no suponga ningún coste para el ciudadano.
P. ¿Comparte la propuesta de su comité de expertos para introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de interrumpir la difusión de un medio de comunicación que publique sumarios judiciales secretos?
R. Me parece bien que el juez traslade al medio su inquietud de que esa publicación pueda perturbar la tutela judicial efectiva de la persona juzgada. Tengo dudas de que si el medio de comunicación insiste en seguir publicando información pueda tener sanción. No soy partidario de establecer consecuencias por esa vía.
P. ¿Dónde ha sentido usted que tenía más poder: como presidente autonómico, como alcalde o como ministro?
R. La transformación de la justicia que hemos abordado dejará una huella más importante que todas las infraestructuras que yo puse en marcha en Madrid.
P. ¿En cuál de los tres cargos ha tenido que renunciar a más cosas en las que creía?
R. El día que tenga que renunciar a algo esencial en mi pensamiento y convicciones, naturalmente abandonaré el puesto de responsabilidad en el que estoy.
P. ¿Dimitiría entonces antes que renunciar a defender un proyecto de ley en el que creyera?
R. Y ustedes también, y cualquier persona con convicciones.
“Gürtel me produce repulsa y dolor por mis compañeros”
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. / Bernardo Perez
Respuesta. No tengo conocimiento de esas actuaciones judiciales. Lo que los órganos internos del PP nos han trasladado es que no hay financiación ilegal.
P. ¿Cómo explica que en la contabilidad oficial del PP aparezcan ingresos troceados de las donaciones que Bárcenas apuntó en su cuaderno, y que superaban el máximo legal?
R. La contabilidad está auditada por el Tribunal de Cuentas.
P. ¿Engañó el PP al Tribunal de Cuentas al trocear ingresos?
R. ¿Por qué da usted por hecho que se producía eso?
P. Porque en la contabilidad oficial se ve que en un mismo día aparecen siete ingresos que, sumados, coinciden con lo que ese día apuntó Bárcenas.
R. Usted parte de la premisa de dar por válidos los papeles atribuidos a Bárcenas...
P. ¿Cree usted que esos papeles son falsos de toda falsedad?
R. No debemos ser los políticos los que opinemos sobre eso, es algo sometido a los tribunales.
P. ¿Bárcenas hizo algo mal?
R. Al margen de lo que los tribunales digan sobre el origen del dinero, es inconcebible que el tesorero de un partido de Gobierno tenga una cuenta fuera de España y con esas cantidades. Es incompatible con el cargo. No tengo duda de que si el partido lo hubiera sabido le habría conminado a cesar inmediatamente.
P. ¿Usted ha tenido más de un sueldo alguna vez, como cargo electo y dirigente del PP?
R. Nunca.
P. ¿Qué le parece que la cúpula del PP haya estado años cobrando sobresueldos en forma de gastos de representación, además del sueldo de diputado?
R. Hay que distinguir lo que es un sueldo de lo que son gastos de representación. Yo no lo he tenido nunca pero establecer el sistema de que, en lugar de pasar las facturas de comidas o viajes, se establezcan unas cantidades... me parece legítimo.
P. En la contabilidad oficial del PP aparecen esas cantidades en 14 pagas, y además, los gastos por viajes o comidas.
R. En abstracto, no me parece mal que exista un gasto de representación además del sueldo.
P. ¿Le parece bien que alguien que cobra 4.000 euros como cargo público cobre cada mes otros 6.000 del partido, también con dinero público?
R. Eso depende de qué actividades le encomiende el partido.
P. ¿Ha recibido alguna presión del PP o del Gobierno para intentar frenar la investigación del caso Bárcenas?
R. No. Y habría sido inútil.
P. La Seguridad Social ha confirmado que Bárcenas fue dado de baja en el PP el 31 de enero. ¿Mintió Dolores de Cospedal?
R. No, Dolores de Cospedal explicó esa circunstancia.
P. No, dijo que Bárcenas había dejado el PP en 2010.
R. Yo entendí su explicación y me atengo a ella.
P. ¿A usted le avergüenza como dirigente del PP todo lo que se va sabiendo del caso Bárcenas?
R. Me irrita.
P. ¿Qué significa eso?
R. Me produce indignación descubrir que quien ha sido durante años responsable de las finanzas del partido ha tenido una actividad económica paralela.
P. ¿Le irrita el caso Gürtel en general y que haya tantos miembros del PP implicados?
R. Todo lo que signifique vulneración de la legalidad me produce repulsa. Y en los casos que afectan a compañeros de mi partido, además de repulsa, dolor.
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