El Gobierno plantea elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años
Un informe remitido por Empleo aboga por retrasar la edad de retiro
También propone subir el tiempo para cobrar la pensión máxima y cambiar el vínculo con el IPC Las medidas entran en las posibles consecuencias de la revisión del factor de sostenibilidad
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso. / ULY MARTÍN
El Gobierno baraja elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años
en un futuro para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones.
Esta es una de las principales conclusiones de un informe remitido por
el Ministerio de Empleo a los diputados y expertos sobre los efectos que
tendría la revisión del factor de sostenibilidad, que es uno de los
flecos que ha dejado pendientes la Ley de Estabilidad Presupuestaria
aprobada el pasado verano.
En el documento, trasladado este martes al Pacto de Toledo, también se aboga por ampliar el tiempo necesario para cobrar la pensión máxima, que de media se sitúa en los 40 años en Europa, o modificar el sistema por el que se calcula la actualización del poder adquisitivo de las prestaciones.
Tras los cambios aprobados en 2011, la ley ya establece que la edad de jubilación se vaya retrasando de forma paulatina desde los 65 años hasta alcanzar los 67 en 2027. Junto a este aplazamiento, la reforma también estableció una ventana para revisar cada cinco años los principales factores del sistema como cuantía de las prestaciones, periodo de cómputo para acceder a la pensión o edad de jubilación con vistas a garantizar su viabilidad. Sin embargo, aunque esta opción no se contemplaba hasta 2027, el Gobierno ha decidido acelerar su puesta en marcha ante la previsión de "un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones".
Para argumentar las propuestas, el informe recoge las iniciativas adoptadas en otros países de la UE para hacer frente “al envejecimiento de la población y la crisis económica con la finalidad de garantizar su sostenibilidad y conseguir pensiones adecuadas”.
En el capítulo de argumentos, el Ministerio de Empleo indica que en la última década se han producido "comportamientos perversos que el propio sistema de Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar en el tiempo", como el hecho de que la pensión media del sistema haya crecido en este periodo más que los salarios y más que la variación de los precios, así como la "insuficiencia" de las cotizaciones en relación con algunas prestaciones devengadas o las altas tasas teóricas de reemplazo de las prestaciones en España en comparación con las de otros países europeos.
En cualquier caso, la ministra Fátima Báñez ha trasladado a los sindicatos que el Gobierno no tiene en mente introducir medidas que afecten a "las pensiones ni a las prestaciones por desempleo" dentro del Plan Nacional de Reformas que se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes.
En el documento, trasladado este martes al Pacto de Toledo, también se aboga por ampliar el tiempo necesario para cobrar la pensión máxima, que de media se sitúa en los 40 años en Europa, o modificar el sistema por el que se calcula la actualización del poder adquisitivo de las prestaciones.
Tras los cambios aprobados en 2011, la ley ya establece que la edad de jubilación se vaya retrasando de forma paulatina desde los 65 años hasta alcanzar los 67 en 2027. Junto a este aplazamiento, la reforma también estableció una ventana para revisar cada cinco años los principales factores del sistema como cuantía de las prestaciones, periodo de cómputo para acceder a la pensión o edad de jubilación con vistas a garantizar su viabilidad. Sin embargo, aunque esta opción no se contemplaba hasta 2027, el Gobierno ha decidido acelerar su puesta en marcha ante la previsión de "un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones".
Para argumentar las propuestas, el informe recoge las iniciativas adoptadas en otros países de la UE para hacer frente “al envejecimiento de la población y la crisis económica con la finalidad de garantizar su sostenibilidad y conseguir pensiones adecuadas”.
En el capítulo de argumentos, el Ministerio de Empleo indica que en la última década se han producido "comportamientos perversos que el propio sistema de Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar en el tiempo", como el hecho de que la pensión media del sistema haya crecido en este periodo más que los salarios y más que la variación de los precios, así como la "insuficiencia" de las cotizaciones en relación con algunas prestaciones devengadas o las altas tasas teóricas de reemplazo de las prestaciones en España en comparación con las de otros países europeos.
En cualquier caso, la ministra Fátima Báñez ha trasladado a los sindicatos que el Gobierno no tiene en mente introducir medidas que afecten a "las pensiones ni a las prestaciones por desempleo" dentro del Plan Nacional de Reformas que se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes.
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