sábado, 4 de mayo de 2013

Ana Torroja, y la Ley

Con Hacienda me colé

Un entramado de empresas con ramas en Panamá y las Antillas y una cabecera: Ana Torroja

La exvoz de Mecano, acusada de cinco delitos fiscales, se enfrenta a más de tres años de cárcel

Ella guarda silencio en sus horas más difíciles

La cantante Ana Torroja, acusada de cinco delitos fiscales. / beatriz velasco

Siempre fue una artista sin estridencias, cautelosa con su vida personal. Incluso en la época más exitosa de Mecano. Sin embargo, Ana Torroja ha regresado al termómetro de la popularidad por un escándalo ajeno a los escenarios. La cantante fue golpeada por la Operación Relámpago contra el fraude fiscal y blanqueo de capitales en abril de 2007, al desnudarse la red del bufete Feliu de Palma que gestionaba sus rentas y las de otra clientela vip (Michael Douglas, que posee una mansión en S’Estaca, en Deià, entre ellos). La fiscalía, la policía y la Agencia Tributaria filtraron sus archivos y las alambicadas mallas societarias de sus clientes. Reconstruyeron el quién es quién y el cuánto. Cerca de 500 millones de euros pasaron por ese nido-buzón de empresas y patrimonios en una década.
Esta semana, el juez de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcias, dictó auto de apertura de juicio oral contra Torroja. Está acusada de cinco delitos fiscales por supuesta evasión y fraude al derivar sus ingresos a países extranjeros y paraísos fiscales. La Abogacía del Estado le pide más de tres años de cárcel. La fiscalía lo rebaja a 18 meses porque ve "reparación del daño, confesión y colaboración con la justicia”. Torroja depositó a cuenta 700.000 euros. Hacienda entiende que aún no cubre el fraude. El juez le marcó una fianza de dos millones. Hasta el día del juicio puede pactar, pagar y reconocerse defraudadora y evitar el banquillo.
Hasta el día del juicio puede pactar, pagar y reconocerse defraudadora
Hacienda destapó una colección de compañías “para ocultar sus rentas, patrimonio y otros hechos imponibles que han de tributar en España”. Y sostiene que Ana Torroja Fungairiño (Madrid, 1959) “ha simulado ante las autoridades fiscales españolas residir en Reino Unido”. En 1991 hizo la última declaración nacional y en 2008 “retornó” tras estallar el escándalo del bufete.
El abogado del Estado dice que “se ha servido de una estructura societaria” con dos ramas en Panamá y las Antillas Holandesas, paraísos fiscales, “siendo la cabecera de tal entramado Ana Torroja, última propietaria de las mismas”. A la artista le aplicaron el mismo método de investigación que el fiscal Pedro Horrach recetó a Iñaki Urdangarin: el “levantamiento del velo”, un mecanismo de Hacienda para bucear en una trama de empresas e identificar al propietario real que se oculta, con sus bienes, en la última ficha de un rompecabezas “con utilización abusiva” de compañías.
El abanico de sus compañías es curioso: Cloverland Corporation BV, en las Antillas Holandesas; Thara Holding BV, en Holanda; Laurie Trading, SA, y Lenina Inversiones, en Panamá. Detrás de estas firmas, en España, Torroja tiene Sa Cadireta, SL; Carlitos Way, SL; Devon y Ragam.
En su gira Frágil, dejó de pagar 375.437 euros al fisco español
En su gira Frágil, dejó de pagar 375.437 euros al fisco español, según la acusación. Al emular los éxitos de Mecano con el tour La fuerza del destino, en 2006 y 2007, dejó de tributar 653.000 euros. Con su estatus de residente “no residente” en Reino Unido no pagó impuestos ni en España ni “en ningún país”, advierte Hacienda.
Javier Adrados, su portavoz de prensa, no ha querido comentar “temas particulares”. Sí ha dicho que no tiene “ni disco ni gira” en perspectiva. El año pasado sumó un plus de notoriedad al formar parte del jurado del talent show de Antena 3 El número uno, cuya segunda edición se estrenará a finales de este mes. Desde la cadena no confirman si repetirá: “Aún estamos cerrando el jurado”.
Su vida personal también experimentó un vuelco cuando sufrió en 2008 un grave accidente de tráfico en Cádiz junto a su amiga Esther Arroyo, que obtuvo recientemente la invalidez por las secuelas físicas que arrastra. Declarada “amante incondicional” de Tarifa desde los ochenta, en enero, en uno de sus últimos actos públicos, Torroja amadrinó el stand de la feria de turismo Fitur. En la localidad gaditana regenta un hotel de autor, Casa Blanco, cuya propiedad y explotación deriva a Carlitos Way. El hotel Misiana, del que también era socia, se vendió en 2007 por una cantidad estimada en dos millones. “Tengo un hotelito en Tarifa, y la gente flipa al ver que les atiendo, no se me caen los anillos”, ha declarado.
Hija de dos familias acomodadas, los Torroja —reconocidos ingenieros; Franco otorgó a su abuelo el marquesado de Torroja— y los Fungairiño —su tío Eduardo fue fiscal estrella—, comenzó de relaciones públicas de una tortillería de Madrid, Don Huevón. Estudió dos años Económicas y un verano fue camarera en Menorca.
La mayor de nueve hermanos, veraneó de niña en Mallorca y en 2003 se casó en su mar, en una goleta de época, con el ingeniero de sonido Rafael Duque. En 2005 nació su hija, Jara. Buceadora consumada, ha probado su resistencia atlética en los escenarios.
La leyenda de otro artista se cruzó en su vida: Tomás Harris, experto en Goya, mecenas del Prado y supuesto agente doble británico que murió en accidente en Mallorca. Torroja, a través de su sociedad Sa Cadireta, compró una casita marinera que poseía Harris en Camp de Mar, en Andratx, propiedad controlada por otras dos sociedades de Panamá.
La acusación dice que Torroja lo controló todo, sin separación alguna de su esfera personal o empresarial, “existiendo plena confusión” entre el patrimonio propio y el que atribuye a sus empresas. A la intérprete le intervinieron comunicaciones con su ya exabogado de Palma Gabriel Feliu, condenado y coimputado en su caso.
Ante la prensa se ha negado a comentar el proceso penal. Tampoco le pudo interrogar en dos ocasiones el juez Garcias. El magistrado ordenó la apertura del juicio tras meses y meses de esperar a que los defensores de Torroja terminaran de negociar con el fiscal Juan Carrau y Hacienda un pacto global de conformidad, el pago de todo lo defraudado y la multa millonaria. Su caso habría acabado rápido, pero ella recurrió para anular la causa y buscó amparo en el Constitucional.

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