Víctimas de violaciones masivas testificarán en el juicio a Ríos Montt
El proceso se reanuda este lunes. La defensa intenta demostrar que no hubo genocidio
José Elías
Ciudad de Guatemala
1 ABR 2013 - 01:24 CET9
Tras el receso obligado por las celebraciones de Semana Santa, este lunes se reinicia el juicio contra el ex jefe de Estado guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Entre los testimonios previstos, se espera que por lo menos diez mujeres víctimas de abusos sexuales masivos
por parte de los soldados narren su tragedia. Junto al viejo militar se
juzga a quien fuera su jefe de Inteligencia militar, la temida G-2, el
también general Mauricio Rodríguez Sánchez.
El hecho, sin precedentes, de que un tribunal local siente
en el banquillo al hombre que en la década de los ochenta ejerció un
poder absoluto, respaldado por un Ejército acostumbrado a no rendir
cuentas, ha despertado un interés inusitado más allá de las fronteras
centroamericanas. Sobre todo porque ocurre en un país que ha cobrado
fama por la impunidad con la que actúan las bandas criminales: solo un
3% de los delitos llega a juicio y una mínima parte de este porcentaje
tiene una sentencia, por la fragilidad de las pruebas aportadas por la
fiscalía.
Si bien es cierto que la nueva oficialidad se ha formado
bajo parámetros democráticos, también es verdad que los halcones (en el
Ejército de los años ochenta no había palomas, todos eran ‘Rambos’),
ahora aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala
(Avemilgua), no están dispuestos ni por asomo a dar su brazo a torcer.
Para empezar, han iniciado una intensa campaña mediática en la que se
conmina a los jueces a buscar la justicia y desterrar el revanchismo.
Sin dejar en el tintero amenazas nada veladas como las proferidas por el
general José Luis Quilo Ayuso, expresidente de Avemilgua y un ‘duro’
donde los haya, quien ha anunciado que una condena podría traer
consecuencias graves.
Esto último deja a los jueces en una vulnerabilidad
extrema, lo que haría aconsejable una mayor presencia de la comunidad
internacional, particularmente la europea, que hasta la fecha ha actuado
con mucha prudencia y que, acorde a los vientos que soplan, centra su
actividad en el campo económico. En la primera etapa del juicio solo se
vio la presencia al más alto nivel de Estados Unidos y los países
nórdicos, estos señalados por los militares de la vieja guardia como
“alcahuetes de los comunistas”.
En tanto, la defensa de Ríos insiste en boicotear el proceso.
La última estratagema, que el 26 de marzo retrasó por más de hora y
media la presentación de testimonios, consistió en un intento de apartar
a la juez Jazmín Barrios, por medio de recursos ya declarados sin
lugar. Ahora ponen todo su esfuerzo en demostrar que “no hubo
genocidio”, extremo que será determinado por una comisión especial.
más información
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Si impera la legalidad, el intento está condenado al
fracaso. El abogado y periodista Luis Morales Chúa, en su columna
dominical en el matutino Prensa Libre
del 24 de marzo, explica que en Guatemala “solo el Ministerio Público
(fiscalía) y los tribunales de justicia están autorizados para calificar
si un hecho es delito, o no. Y ya se pronunciaron: sí hubo genocidio”.
En estas mismas páginas, el coronel Prudencio García, un
protagonista de primera fila en el proceso de paz (la guerrilla rindió
las armas a militares españoles), afirmaba el 29 de marzo que el Derecho
Internacional impone al jefe militar “la obligación ineludible de
impedir, denunciar o sancionar las acciones criminales de sus
subordinados”.
Nada de lo anterior parece calar en Ríos y su equipo, por
lo que existe expectación sobre lo que pueda ocurrir este lunes a las
08:30 (16:30 hora peninsular española), cuando dé inicio la presentación
de testigos, todavía de la parte acusadora.
Hasta el martes 26 habían prestado declaración 62 testigos.
El tribunal recibe, diariamente, los testimonios de 12 sobrevivientes
de las masacres. La fiscalía ha propuesto la declaración de 205 personas
entre testigos y peritos.
Para la segunda quincena de abril podrían declarar a favor
de Ríos Montt los generales retirados José Luis Quilo Ayuso y Carlos
Leonel Méndez Tejada. También Roberto Efraín Rodríguez, Benjamín Rafael
Francisco y Rodolfo Robles Espinoza, así como el abogado Manuel Conde
Orellana, primer negociador de la paz, quien hablará sobre la amnistía
que se firmó al final del conflicto.
Esa amnistía es otro de los argumentos esgrimidos por la defensa del
viejo general, a pesar de que Guatemala es signataria de diversos
convenios internacionales que niegan el olvido para los delitos de lesa
humanidad. La Constitución norma que “…en materia de derechos humanos,
los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala,
tienen preeminencia sobre el derecho interno”, según el Artículo 46.
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