El Gobierno admite que “la imputación no beneficia a la marca España”
Margallo afirma que existe una "enorme preocupación en el PP y el Gobierno"
LA INFANTA, "PREOCUPADA". Un
día después de su imputación, la Infanta ha acudido esta mañana a
trabajar a su puesto en La Caixa. El abogado de Urdangarin reconoce que
doña Cristina está "preocupada”.
Preocupación por la imagen de la Monarquía y, por ende, de la de
España. Es la primera reacción que ha transmitido el Gobierno, por boca
del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, tras la imputación de la infanta Cristina por el caso Urdangarin. Hasta ahora, tanto el PP
como el Ejecutivo habían tratado de mantenerse en un segundo plano. El
fiscal recurrirá mañana la decisión del juez instructor José Castro.
Margallo ha afirmado que la citación "causa una enorme preocupación en el PP y en el Gobierno" y ha pedido que se "sustancie rápidamente porque, efectivamente, beneficiar, no beneficia a la marca España". A lo que ha agregado: "Cualquier cosa que afecte a una institución que ha sido capital en la Transición española y que es capital para el prestigio de España en el exterior, causa una enorme preocupación".
El ministro, en declaraciones a los medios a la salida de un acto oficial, ha reiterado que, "como todas las decisiones judiciales", esta también la respeta el Ejecutivo.
Pero, sobre todo, Margallo se ha mostrado preocupado por la difusión
de la noticia fuera de España. “Como responsable de exteriores, soy
consciente del papel de la Corona en la difusión de la marca España, que
ha permitido que el sector exterior alivie en parte las penalidades que
atraviesa el país”, ha asegurado.
Sobre la posibilidad de que la Infanta renuncie a sus derechos a la Corona el ministro de Exteriores ha asegurado que “cualquier ciudadano debe respetar la presunción de inocencia, una de las libertades que incluye la Constitución”.
A preguntas de los periodistas, García Margallo ha explicado que no ha tenido ocasión de hablar con el Rey, tampoco con sus homólogos en el exterior. “He visto los medios en el extranjero, pero todavía no he tenido tiempo de tener contacto con mis colegas en el exterior”, ha explicado.
Por otro lado, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado también, en la cadena SER, su "respeto y lealtad" a la Monarquía, porque "es y va a seguir siendo la institución que más estabilidad" dé a España, a la vez que se ha negado a opinar sobre la imputación. "Hay que dejar que la justicia actúe", ha señalado.
"El Gobierno no se pronuncia sobre las decisiones de los tribunales porque en nuestro país hay separación de poderes. Yo soy parte de ese poder ejecutivo y hemos de dejar al poder judicial que trabaje y que lo haga porque yo confío en la justicia", ha dicho Pastor.
Esta es la misma postura que mantuvo ayer el PP, y también el PSOE, que mantuvieron en sus primeras reacciones una posición de responsabilidad institucional como partidos con opciones de Gobierno, al menos en sus declaraciones públicas.
En cambio, el diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, se ha salido de la línea oficial y ha acusado al juez José Castro de querer “protagonismo personal” al citar como imputada a la infanta Cristina. “Lo políticamente correcto sería decir ‘respeto total a la actuación del juez’, pero yo creo que algunas de sus actuaciones están movidas más por un deseo de protagonismo personal que por la "búsqueda de la verdad”, ha declarado en una entrevista en RNE.
El presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, ha considerado también que la imputación de la Infanta es "una malísima noticia" para España, porque considera que es "malo" todo lo que signifique "profundizar en la inestabilidad" de las instituciones democráticas. En una entrevista en esRadio, González ha dicho que la justicia "debe actuar", y ha instado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón para que "se resuelva cuanto antes" este tema y que "no lo tenga abierto durante meses o años".
En privado, la reacción de PP y PSOE era ya ayer de suma preocupación por la estabilidad institucional y la imagen de España, en un momento de especial zozobra económica y política y de desafección evidente de los ciudadanos ante las instituciones. Así, diferentes miembros del Gobierno sostenían en vísperas de esa imputación que lo último que necesitaría España en este momento es poner en cuestión la Jefatura del Estado, por más incomodidad que provoquen los escándalos que afectan a la Corona.
Hasta ahora, los dos principales partidos se habían ceñido a remitirse al respeto a las decisiones de la justicia. Así, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró en una rueda de prensa, nada más conocerse la imputación, que “es una decisión judicial y el PSOE la respeta, como cualquier otra decisión judicial”. El líder de la oposición ha añadido que, en todo caso, es una muestra de que la justicia es igual para todos.
Los dirigentes del PP, como mantienen la costumbre de no celebrar ruedas de prensa, no se han visto siquiera en la obligación de responder sobre este asunto. Además, el PP es especialmente prudente porque sabe que un siguiente paso puede ser la imputación de cargos públicos de su partido que, como Rita Barberá y Francisco Camps, pagaron a Nóos. La imputación de la alcaldesa de Valencia sería otro grave problema para Mariano Rajoy y su partido.
El resto de los partidos con representación parlamentaria mantuvieron ayer una posición completamente distinta, celebrando la decisión judicial, dando por hecho que era inevitable y, en algunos casos, pidiendo medidas de respuesta y ejemplaridad similares a las que se exigen para los responsables políticos.
Margallo ha afirmado que la citación "causa una enorme preocupación en el PP y en el Gobierno" y ha pedido que se "sustancie rápidamente porque, efectivamente, beneficiar, no beneficia a la marca España". A lo que ha agregado: "Cualquier cosa que afecte a una institución que ha sido capital en la Transición española y que es capital para el prestigio de España en el exterior, causa una enorme preocupación".
El ministro, en declaraciones a los medios a la salida de un acto oficial, ha reiterado que, "como todas las decisiones judiciales", esta también la respeta el Ejecutivo.
más información
- El juez cita como imputada a la infanta Cristina en el ‘caso Urdangarin’
- Cristina de Borbón ya es como Ana María Tejeiro
- EDITORIAL: La imputación
- Un año de investigación judicial para dar el salto a la Casa del Rey
- Preocupación en PP y PSOE por la imagen de España
- DESCARGABLE Consulta el auto con la citación
- ESPECIAL Toda la información sobre el 'caso Urdangarin'
Sobre la posibilidad de que la Infanta renuncie a sus derechos a la Corona el ministro de Exteriores ha asegurado que “cualquier ciudadano debe respetar la presunción de inocencia, una de las libertades que incluye la Constitución”.
A preguntas de los periodistas, García Margallo ha explicado que no ha tenido ocasión de hablar con el Rey, tampoco con sus homólogos en el exterior. “He visto los medios en el extranjero, pero todavía no he tenido tiempo de tener contacto con mis colegas en el exterior”, ha explicado.
Por otro lado, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado también, en la cadena SER, su "respeto y lealtad" a la Monarquía, porque "es y va a seguir siendo la institución que más estabilidad" dé a España, a la vez que se ha negado a opinar sobre la imputación. "Hay que dejar que la justicia actúe", ha señalado.
"El Gobierno no se pronuncia sobre las decisiones de los tribunales porque en nuestro país hay separación de poderes. Yo soy parte de ese poder ejecutivo y hemos de dejar al poder judicial que trabaje y que lo haga porque yo confío en la justicia", ha dicho Pastor.
Esta es la misma postura que mantuvo ayer el PP, y también el PSOE, que mantuvieron en sus primeras reacciones una posición de responsabilidad institucional como partidos con opciones de Gobierno, al menos en sus declaraciones públicas.
En cambio, el diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, se ha salido de la línea oficial y ha acusado al juez José Castro de querer “protagonismo personal” al citar como imputada a la infanta Cristina. “Lo políticamente correcto sería decir ‘respeto total a la actuación del juez’, pero yo creo que algunas de sus actuaciones están movidas más por un deseo de protagonismo personal que por la "búsqueda de la verdad”, ha declarado en una entrevista en RNE.
El presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, ha considerado también que la imputación de la Infanta es "una malísima noticia" para España, porque considera que es "malo" todo lo que signifique "profundizar en la inestabilidad" de las instituciones democráticas. En una entrevista en esRadio, González ha dicho que la justicia "debe actuar", y ha instado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón para que "se resuelva cuanto antes" este tema y que "no lo tenga abierto durante meses o años".
En privado, la reacción de PP y PSOE era ya ayer de suma preocupación por la estabilidad institucional y la imagen de España, en un momento de especial zozobra económica y política y de desafección evidente de los ciudadanos ante las instituciones. Así, diferentes miembros del Gobierno sostenían en vísperas de esa imputación que lo último que necesitaría España en este momento es poner en cuestión la Jefatura del Estado, por más incomodidad que provoquen los escándalos que afectan a la Corona.
Hasta ahora, los dos principales partidos se habían ceñido a remitirse al respeto a las decisiones de la justicia. Así, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró en una rueda de prensa, nada más conocerse la imputación, que “es una decisión judicial y el PSOE la respeta, como cualquier otra decisión judicial”. El líder de la oposición ha añadido que, en todo caso, es una muestra de que la justicia es igual para todos.
Los dirigentes del PP, como mantienen la costumbre de no celebrar ruedas de prensa, no se han visto siquiera en la obligación de responder sobre este asunto. Además, el PP es especialmente prudente porque sabe que un siguiente paso puede ser la imputación de cargos públicos de su partido que, como Rita Barberá y Francisco Camps, pagaron a Nóos. La imputación de la alcaldesa de Valencia sería otro grave problema para Mariano Rajoy y su partido.
El resto de los partidos con representación parlamentaria mantuvieron ayer una posición completamente distinta, celebrando la decisión judicial, dando por hecho que era inevitable y, en algunos casos, pidiendo medidas de respuesta y ejemplaridad similares a las que se exigen para los responsables políticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario