Guerra de pobres en Tierra Caliente
EL PAÍS viaja al Estado mexicano de Michoacán, donde varios pueblos sobreviven sitiados desde hace semanas por el sanguinario cartel de los Caballeros Templarios
Miembros de la autodefensa ciudadana en La Ruana (Michoacán). / PEP COMPANYS
Viajar por carretera por algunas zonas de México se ha convertido en
un deporte extremo. Para llegar a La Ruana, un pequeño pueblo de unos
10.000 habitantes del Estado de Michoacán, al suroeste del país, llamado
oficialmente en los mapas Felipe Carrillo Puerto, hay que contar
primero con la protección de la Policía Federal, salvar después un
control de los Caballeros Templarios y ganarse luego la confianza del
grupo de autodefensa local, que se ha levantado en armas contra ese
cartel.
El pueblo, como el vecino Tepalcatepec y otros de la zona, sobrevive sitiado desde hace varias semanas por este grupo de narcotraficantes, escisión de La Familia Michoacana, que dirige un antiguo maestro de escuela, Servando Gómez Martínez, apodado La Tuta. No es una mafia cualquiera. En pleno territorio de los antiguos indios purépechas reivindica un pasado medieval de cómic y tiene un carácter sectario-religioso: convoca manifestaciones políticas, establece treguas como hizo cuando el papa Ratzinger visitó México en 2012 o le da por imponer la ley seca en sus territorios.
Ahora, los habitantes de La Ruana han dicho basta. Se han armado y se niegan a pagar las extorsiones —cuotas— que les imponen los Templarios. Con pocos víveres, sin muchas medicinas y sin gas ni gasolina —empresas como Bimbo, Coca-Cola o Pemex, entre otras, ya no se atreven a distribuir sus productos por allí—, este pueblo dedicado al cultivo del limón resiste en una guerra fantasmal, propia de un pasado que parecía definitivamente apagado. Una guerra de pobres en la que solo existe una certeza: en esta zona del país, Tierra Caliente de Michoacán, y no es la única, el Estado mexicano no existe.
Tras pasar el retén de los Templarios instalado a la salida de la
localidad de Apatzingán —unos cuantos jóvenes encapuchados armados han
cortado la autopista con viejos neumáticos— se llega a
Buenavista-Tomatlán. A la entrada, en una pancarta se lee: “Bienvenidos
al pueblo de Buenavista, libre de cuotas y de caballeros templarios”.
Cerca, un pequeño altar agujereado a balazos recuerda a Nazario Moreno González, alias El Chayo, El Doctor o El Más Loco, fundador de la Familia Michoacana, muerto a tiros en 2010 en un incidente no suficientemente claro.
Unos 30 kilómetros más adelante se encuentra La Ruana, una tierra de limoneros, granados, melones y aguacates. Junto a una carretera sin asfaltar a las afueras del pueblo está la base —una casamata y un chamizo— del grupo de autodefensa. Casquillos de varios calibres y una furgoneta calcinada dan cuenta del último enfrentamiento con los Templarios a finales de abril. Hasta ahora, 20 personas han muerto. Un grupo de hombres de todas las edades, armados con viejas escopetas y relucientes AK-47, la mayoría enmascarados, soportan un sol inclemente.
La víspera, el viernes 10 de abril, día de la Madre, el cartel había prometido una matanza. Los vecinos se reunieron a rezar por la noche mientras las autodefensas mantenían la guardia. No ocurrió nada. Un nuevo día y más cansancio.
Hipólito Mora, de 58 años, nacido aquí, es su jefe. Lleva pantalón y sombreros blancos y un polo negro con un pequeño logo de un casino de Las Vegas. Dice que con el ganado y los limones le va bien. Luce al cinto con orgullo una Browning 9 milímetros, recién comprada, a la que afirma estar dándole “buen uso”. La Tuta ofrece dos millones de pesos (poco menos de 130.000 euros) por su cabeza, y un hermano, recientemente asesinado, del actual alcalde, que vive en Apatzingán, llegó a ofrecer, según dice, “hasta 50 kilos de ice [cristal de coca] de recompensa” a quien acabara con él.
La noticia del día es la propuesta que le llega a través de un vídeo
por parte de uno de los jefes templarios, Dionisio Loya Plancarte, El
Tío. Le ofrece “un pacto por la paz y la civilidad” para evitar “más
muertes inocentes y hogares enlutados”. A partir de ahí, el México
bronco empieza a ponerse surrealista. “Si no llegamos a un acuerdo”,
continúa, “le reto a un duelo a muerte”. Tras la amenaza se despide con
un formal y desconcertante: “Siempre a sus órdenes”.
El jefe dice que el vídeo, “más que darle miedo, se le hace cómico”. “No le había visto nunca, no tengo ningún problema con él, no le he ofendido. No estamos en los tiempos del Viejo Oeste, pero si quiere un duelo, aquí tengo a mis gallos”, y señala a uno de sus jóvenes lugartenientes, que asiente con una mirada que indica que es capaz de asumir ese reto y bastantes más.
Cuenta Hipólito Mora que las cosas comenzaron a torcerse años atrás, cuando los Caballeros Templarios sustituyeron a La Familia Michoacana en el control del territorio. El pueblo llevaba décadas cultivando marihuana y en los últimos tiempos también cocinaba droga (metanfetamina). Pero a los narcos el negocio no les rentaba lo suficiente y empezaron a extorsionar a los vecinos. Cien pesos (6 euros) por vivir en tu propia casa, 150 (9 euros) por cada máquina en la tienda de videojuegos, 2.000 (130 euros) por saltarse un badén de la calle con el automóvil… y empezaron a duplicar el precio de los productos. “Todo lo dobletearon”, dice un vecino. Lo peor llegó cuando se hicieron con el control de las cinco empaquetadoras de limón del pueblo, la fuente de su riqueza, y comenzaron a pagar 2 pesos (0,12 céntimos de euros) por kilo cuando su precio en el mercado era de 3,5 (0,22 céntimos).
La Ruana se rebeló y la policía comunitaria, una institución
tradicional en el México rural, se convirtió en grupo de autodefensa.
También llegaron las armas. Existe la sospecha de que se las proporciona
el cartel Jalisco, Nueva Generación, rival de los Templarios y
considerados aliados del cartel de Sinaloa, que dirige Joaquín el Chapo
Guzmán. Los vecinos armados lo niegan de una manera poco convincente.
Aseguran que vienen a vendérselas al pueblo y que las pagan “poco a
poquito” con el dinero que sacan del limón. Como dice su jefe,
“empezamos con escopetas y ahora nos sentimos chingones con las armas
que traemos”. No cabe duda. Un adolescente presume de su subfusil, un
Ruger Mini-14, con un alcance de 1.000 metros y más ligero que un AK-47.
Dice que cuesta entre 32.000 y 35.000 pesos (entre 2.000 y 2.250
euros).
“Este es un movimiento de pobres, solo queremos que se retiren y nos dejen trabajar. No estamos en guerra, solo nos defendemos y esto no va a terminar aunque me maten a mí”, dice Hipólito Mora, orgulloso de haberles quitado la plaza a los Templarios. “Estamos abandonados, para el Estado es como si no existiéramos. Los municipales estaban con ellos y para el gobernador aquí no está pasando nada. Al presidente Peña Nieto le pediría que nos ponga un poquito de atención, no mucha, solo un poquito”, añade este admirador del expresidente Felipe Calderón, michoacano, que inició en este Estado la guerra contra el narco y sacó aquí por primera vez el Ejército a las calles.
Seis años después de que comenzara esa tragedia, en la que han muerto
más de 60.000 personas, los vecinos de La Ruana no pueden entrar en
Apatzingán a comprar o a que les vea un médico. Un retén de los
templarios a la entrada de esa localidad les pide la cédula electoral y
al ver que son de La Ruana les impiden el paso.
El estado de sitio se agudiza cada día. Dos de cada tres comercios del pueblo están cerrados y los que siguen abiertos ofrecen una imagen desoladora, desabastecidos o con productos caducados. La gasolinera está cerrada, los pocos cigarrillos que quedan son de la marca Glory, que incitan a dejar el vicio, y las medicinas escasean. Los coyotes que vienen de los Estados vecinos de Colima y Jalisco con lo más básico inflan los precios: el litro de gasolina Premium (súper) lo venden a 15 pesos cuando en el resto del país está a 11,32.
Hombres y adolescentes armados hasta los dientes a bordo de camionetas patrullan unas calles casi desiertas. La dueña de una farmacia dice que el desabastecimiento es del 50% y que las ventas han caído en picado. Ya son las cinco de la tarde y ha hecho una caja de tan solo 65 pesos (unos 4 euros). “Nunca pensé que iba a vivir una cosa así”, dice a punto de romper en llanto. “Llevo 40 años en este pueblo. ¿Adónde voy a ir yo ahora? Estamos aislados y el Gobierno no hace nada”. El cerco es particularmente cruel con la gente mayor. Una dependienta cuenta que los pocos médicos que no se han marchado se las ingenian para recetar medicinas sustitutivas con las que van quedando.
De la carnicería solo queda el nombre. Apenas algo de embutido y unos pequeños pedazos de carne de res. “La mayoría de la gente no tiene dinero para comprar, ahora compran a poquito”, afirma la mujer tras un mostrador metálico e impoluto. Juan Ramón, dueño de una tienda de abarrotes con los estantes vacíos, está hasta la madre. “No podemos salir a comprar a Atpazingán ni los camiones de reparto entran en el pueblo. No me quedan cigarrillos, ni cacahuetes, ni refrescos, ni cerveza, ni yogures. Tampoco vendo nada. Lo estamos pasando mal”.
El alcalde de Tepalcatepec, a unos 20 kilómetros y también sitiado, ha declarado que entre el 20% y el 30% de los vecinos se han marchado. De La Ruana también se fue el cura tras ser amenazado por apoyar a la gente. El nuevo padrecito, José Luis Suárez Barragán, de 57 años, lleva una semana, pero ya estuvo aquí antes y conoce la zona. Es la autoridad moral del pueblo frente al nuevo poder real del jefe del grupo de autodefensa.
Es un hombre modesto, cauto, pero tiene algunas ideas muy claras: “Estamos peor, el pueblo está cercado, y la gente, triste, angustiada, pero la situación no es nueva. Aquí, como en todo México, nunca ha habido ley para los pobres, y cuando hay violencia son a ellos a quienes matan y secuestran. ¿Dónde está el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, dónde están? ¿Quién votó por esas autoridades?”.
El martes, dos hombres aparecieron colgados en el arco metálico que da la bienvenida a la comunidad de Limón de Luna, municipio de Buenavista-Tomatlán. Los cadáveres presentaban señales de tortura, una bala en el cráneo y un pequeño cartel que decía textualmente: “Esto les paso por saber lo que estaban planeando los de Jalisco, ay te dejo tu gente ipolito”.
El jueves, el Gobierno del PRI anunció una nueva estrategia de seguridad para Michoacán, “municipio por municipio”. Otra más.
En el vecino Estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, la actividad de diferentes carteles de narcotraficantes, grupos de autodefensa vecinales, maestros en lucha contra la reforma educativa aprobada el pasado diciembre, normalistas (alumnos de escuelas de magisterio rurales) que exigen que se les garanticen puestos de trabajo y vestigios de grupos guerrilleros de los años setenta han generado una situación que se puede calificar de desgobierno, si no de verdadero Estado fallido.
En Acapulco, el antiguo paraíso turístico y capital económica del Estado, diversos grupos del crimen organizado libran una guerra de todos contra todos, que alienta a su vez la delincuencia común como se ha visto en los últimos meses con los ataques a turistas. La autopista del Sol, que une Ciudad de México con las famosas playas, destino natural de los capitalinos en fines de semana y vacaciones, es frecuentemente bloqueada durante horas por protestas de maestros y normalistas para desesperación de los viajeros.
En otras zonas, algunas comunidades han creado grupos de autodefensa para proteger sus tierras del robo y el terror de algunos carteles. Instalan retenes en las carreteras y han formado tribunales populares donde juzgan a los supuestos culpables, al tiempo que algunos de ellos son armados por bandas rivales.
En el Estado de Tamaulipas, en el noreste, frontera con Estados Unidos, tres antiguos gobernadores priistas están huidos de la justicia por corrupción, y se vive una guerra abierta por su control entre el cartel del Golfo y los Zetas, grupo formado por desertores del Ejército, hasta el extremo de que las agencias de la ONU han dejado de acudir allí por el peligro que representa. En la Comarca Lagunera, en el centro norte del país, y en algunos puntos de los Estados de Zacatecas, Sinaloa o Veracruz, el crimen organizado asesina, tortura, secuestra y extorsiona para imponer su ley. Víctimas propiciatorias son los periodistas y otros profesionales, así como pequeños comerciantes y la gente más humilde.
Pero la violencia no es estática. En su guerra por el control del tráfico de drogas, los carteles se desplazan de un Estado a otro en función de sus victorias y derrotas. Este factor, unido a políticas de seguridad exitosas, ha hecho disminuir en los últimos tiempos la tasa de homicidios en lugares como Ciudad Juárez, Tijuana y el Estado de Nuevo León, que durante años ocuparon las páginas de la prensa mundial.
Por el contrario, la acción de grupos criminales y otros intereses oscuros han logrado desestabilizar en los últimos meses los Estados de Guerrero y Michoacán, generando una situación que se ha convertido para muchos observadores en la otra cara de la agenda de reformas del presidente Enrique Peña Nieto, tan elogiada internacionalmente. Tras ser criticado por su inacción, el Gobierno mexicano se decidió al fin el pasado jueves a intentar rescatar a Michoacán de la inseguridad. Un general de división, con manos libres para nombrar a sus colaboradores, será a partir de ahora el encargado de poner orden en el Estado.
El Gobierno del PRI llegó al poder en diciembre con la promesa de aplicar una nueva estrategia de seguridad, basada en la reducción de la violencia, pero aún no está claramente definida, ni tampoco ha dado frutos. El número de muertos desde entonces, más de 3.500, se mantiene en el promedio de los años del expresidente Felipe Calderón, y el número de secuestros también permanece estable. Los denunciados entre enero y febrero de 2011 fueron 217 y en los dos primeros meses de este año han sido 226, según datos del experto en seguridad Alejandro Hope. La formación de un nuevo cuerpo policial, la Gendarmería Nacional, sobre el modelo de la Guardia Civil española, que debería contar con 10.000 agentes a fines de año, ha suscitado dudas sobre su puesta en marcha por razones presupuestarias y de encaje con otras instituciones como el Ejército, la Marina y las policías federal, estatal y municipal.
El investigador Raúl Benítez, editor junto con el profesor Sergio Aguayo del Atlas de la seguridad y la defensa de México 2012, publicado en abril, opina que México libra tres guerras a la vez: “La del Estado contra las organizaciones criminales, la de estas entre sí y la de la parte limpia del Estado contra la contaminada. Y sin esta guerra contra la corrupción no tendrá éxito la otra”.
El pueblo, como el vecino Tepalcatepec y otros de la zona, sobrevive sitiado desde hace varias semanas por este grupo de narcotraficantes, escisión de La Familia Michoacana, que dirige un antiguo maestro de escuela, Servando Gómez Martínez, apodado La Tuta. No es una mafia cualquiera. En pleno territorio de los antiguos indios purépechas reivindica un pasado medieval de cómic y tiene un carácter sectario-religioso: convoca manifestaciones políticas, establece treguas como hizo cuando el papa Ratzinger visitó México en 2012 o le da por imponer la ley seca en sus territorios.
Ahora, los habitantes de La Ruana han dicho basta. Se han armado y se niegan a pagar las extorsiones —cuotas— que les imponen los Templarios. Con pocos víveres, sin muchas medicinas y sin gas ni gasolina —empresas como Bimbo, Coca-Cola o Pemex, entre otras, ya no se atreven a distribuir sus productos por allí—, este pueblo dedicado al cultivo del limón resiste en una guerra fantasmal, propia de un pasado que parecía definitivamente apagado. Una guerra de pobres en la que solo existe una certeza: en esta zona del país, Tierra Caliente de Michoacán, y no es la única, el Estado mexicano no existe.
Los habitantes de La Ruana han dicho basta. Se han armado y se niegan a pagar las extorsiones que les exigen
Unos 30 kilómetros más adelante se encuentra La Ruana, una tierra de limoneros, granados, melones y aguacates. Junto a una carretera sin asfaltar a las afueras del pueblo está la base —una casamata y un chamizo— del grupo de autodefensa. Casquillos de varios calibres y una furgoneta calcinada dan cuenta del último enfrentamiento con los Templarios a finales de abril. Hasta ahora, 20 personas han muerto. Un grupo de hombres de todas las edades, armados con viejas escopetas y relucientes AK-47, la mayoría enmascarados, soportan un sol inclemente.
La víspera, el viernes 10 de abril, día de la Madre, el cartel había prometido una matanza. Los vecinos se reunieron a rezar por la noche mientras las autodefensas mantenían la guardia. No ocurrió nada. Un nuevo día y más cansancio.
Hipólito Mora, de 58 años, nacido aquí, es su jefe. Lleva pantalón y sombreros blancos y un polo negro con un pequeño logo de un casino de Las Vegas. Dice que con el ganado y los limones le va bien. Luce al cinto con orgullo una Browning 9 milímetros, recién comprada, a la que afirma estar dándole “buen uso”. La Tuta ofrece dos millones de pesos (poco menos de 130.000 euros) por su cabeza, y un hermano, recientemente asesinado, del actual alcalde, que vive en Apatzingán, llegó a ofrecer, según dice, “hasta 50 kilos de ice [cristal de coca] de recompensa” a quien acabara con él.
En esta tierra de limoneros y granados los repartidores de alimentos, medicinas o gasolina no entran
El jefe dice que el vídeo, “más que darle miedo, se le hace cómico”. “No le había visto nunca, no tengo ningún problema con él, no le he ofendido. No estamos en los tiempos del Viejo Oeste, pero si quiere un duelo, aquí tengo a mis gallos”, y señala a uno de sus jóvenes lugartenientes, que asiente con una mirada que indica que es capaz de asumir ese reto y bastantes más.
Cuenta Hipólito Mora que las cosas comenzaron a torcerse años atrás, cuando los Caballeros Templarios sustituyeron a La Familia Michoacana en el control del territorio. El pueblo llevaba décadas cultivando marihuana y en los últimos tiempos también cocinaba droga (metanfetamina). Pero a los narcos el negocio no les rentaba lo suficiente y empezaron a extorsionar a los vecinos. Cien pesos (6 euros) por vivir en tu propia casa, 150 (9 euros) por cada máquina en la tienda de videojuegos, 2.000 (130 euros) por saltarse un badén de la calle con el automóvil… y empezaron a duplicar el precio de los productos. “Todo lo dobletearon”, dice un vecino. Lo peor llegó cuando se hicieron con el control de las cinco empaquetadoras de limón del pueblo, la fuente de su riqueza, y comenzaron a pagar 2 pesos (0,12 céntimos de euros) por kilo cuando su precio en el mercado era de 3,5 (0,22 céntimos).
Uno de los líderes templarios ofrece al grupo de autodefensa
un “pacto por la paz” o “un duelo a muerte”
“Este es un movimiento de pobres, solo queremos que se retiren y nos dejen trabajar. No estamos en guerra, solo nos defendemos y esto no va a terminar aunque me maten a mí”, dice Hipólito Mora, orgulloso de haberles quitado la plaza a los Templarios. “Estamos abandonados, para el Estado es como si no existiéramos. Los municipales estaban con ellos y para el gobernador aquí no está pasando nada. Al presidente Peña Nieto le pediría que nos ponga un poquito de atención, no mucha, solo un poquito”, añade este admirador del expresidente Felipe Calderón, michoacano, que inició en este Estado la guerra contra el narco y sacó aquí por primera vez el Ejército a las calles.
“Empezamos con escopetas y ahora nos sentimos chingones con las armas que traemos”, dice el jefe de los vecinos
El estado de sitio se agudiza cada día. Dos de cada tres comercios del pueblo están cerrados y los que siguen abiertos ofrecen una imagen desoladora, desabastecidos o con productos caducados. La gasolinera está cerrada, los pocos cigarrillos que quedan son de la marca Glory, que incitan a dejar el vicio, y las medicinas escasean. Los coyotes que vienen de los Estados vecinos de Colima y Jalisco con lo más básico inflan los precios: el litro de gasolina Premium (súper) lo venden a 15 pesos cuando en el resto del país está a 11,32.
Hombres y adolescentes armados hasta los dientes a bordo de camionetas patrullan unas calles casi desiertas. La dueña de una farmacia dice que el desabastecimiento es del 50% y que las ventas han caído en picado. Ya son las cinco de la tarde y ha hecho una caja de tan solo 65 pesos (unos 4 euros). “Nunca pensé que iba a vivir una cosa así”, dice a punto de romper en llanto. “Llevo 40 años en este pueblo. ¿Adónde voy a ir yo ahora? Estamos aislados y el Gobierno no hace nada”. El cerco es particularmente cruel con la gente mayor. Una dependienta cuenta que los pocos médicos que no se han marchado se las ingenian para recetar medicinas sustitutivas con las que van quedando.
De la carnicería solo queda el nombre. Apenas algo de embutido y unos pequeños pedazos de carne de res. “La mayoría de la gente no tiene dinero para comprar, ahora compran a poquito”, afirma la mujer tras un mostrador metálico e impoluto. Juan Ramón, dueño de una tienda de abarrotes con los estantes vacíos, está hasta la madre. “No podemos salir a comprar a Atpazingán ni los camiones de reparto entran en el pueblo. No me quedan cigarrillos, ni cacahuetes, ni refrescos, ni cerveza, ni yogures. Tampoco vendo nada. Lo estamos pasando mal”.
El alcalde de Tepalcatepec, a unos 20 kilómetros y también sitiado, ha declarado que entre el 20% y el 30% de los vecinos se han marchado. De La Ruana también se fue el cura tras ser amenazado por apoyar a la gente. El nuevo padrecito, José Luis Suárez Barragán, de 57 años, lleva una semana, pero ya estuvo aquí antes y conoce la zona. Es la autoridad moral del pueblo frente al nuevo poder real del jefe del grupo de autodefensa.
Es un hombre modesto, cauto, pero tiene algunas ideas muy claras: “Estamos peor, el pueblo está cercado, y la gente, triste, angustiada, pero la situación no es nueva. Aquí, como en todo México, nunca ha habido ley para los pobres, y cuando hay violencia son a ellos a quienes matan y secuestran. ¿Dónde está el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, dónde están? ¿Quién votó por esas autoridades?”.
El martes, dos hombres aparecieron colgados en el arco metálico que da la bienvenida a la comunidad de Limón de Luna, municipio de Buenavista-Tomatlán. Los cadáveres presentaban señales de tortura, una bala en el cráneo y un pequeño cartel que decía textualmente: “Esto les paso por saber lo que estaban planeando los de Jalisco, ay te dejo tu gente ipolito”.
El jueves, el Gobierno del PRI anunció una nueva estrategia de seguridad para Michoacán, “municipio por municipio”. Otra más.
Territorios sin Estado
Michoacán no es un caso aislado. La violencia y una conflictividad social de muy diferentes causas ponen diariamente contra las cuerdas al Estado mexicano en amplias zonas del país. Tal vez porque, como sostienen muchos analistas e historiadores, nunca estuvo en ellas.En el vecino Estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, la actividad de diferentes carteles de narcotraficantes, grupos de autodefensa vecinales, maestros en lucha contra la reforma educativa aprobada el pasado diciembre, normalistas (alumnos de escuelas de magisterio rurales) que exigen que se les garanticen puestos de trabajo y vestigios de grupos guerrilleros de los años setenta han generado una situación que se puede calificar de desgobierno, si no de verdadero Estado fallido.
En Acapulco, el antiguo paraíso turístico y capital económica del Estado, diversos grupos del crimen organizado libran una guerra de todos contra todos, que alienta a su vez la delincuencia común como se ha visto en los últimos meses con los ataques a turistas. La autopista del Sol, que une Ciudad de México con las famosas playas, destino natural de los capitalinos en fines de semana y vacaciones, es frecuentemente bloqueada durante horas por protestas de maestros y normalistas para desesperación de los viajeros.
En otras zonas, algunas comunidades han creado grupos de autodefensa para proteger sus tierras del robo y el terror de algunos carteles. Instalan retenes en las carreteras y han formado tribunales populares donde juzgan a los supuestos culpables, al tiempo que algunos de ellos son armados por bandas rivales.
En el Estado de Tamaulipas, en el noreste, frontera con Estados Unidos, tres antiguos gobernadores priistas están huidos de la justicia por corrupción, y se vive una guerra abierta por su control entre el cartel del Golfo y los Zetas, grupo formado por desertores del Ejército, hasta el extremo de que las agencias de la ONU han dejado de acudir allí por el peligro que representa. En la Comarca Lagunera, en el centro norte del país, y en algunos puntos de los Estados de Zacatecas, Sinaloa o Veracruz, el crimen organizado asesina, tortura, secuestra y extorsiona para imponer su ley. Víctimas propiciatorias son los periodistas y otros profesionales, así como pequeños comerciantes y la gente más humilde.
Pero la violencia no es estática. En su guerra por el control del tráfico de drogas, los carteles se desplazan de un Estado a otro en función de sus victorias y derrotas. Este factor, unido a políticas de seguridad exitosas, ha hecho disminuir en los últimos tiempos la tasa de homicidios en lugares como Ciudad Juárez, Tijuana y el Estado de Nuevo León, que durante años ocuparon las páginas de la prensa mundial.
Por el contrario, la acción de grupos criminales y otros intereses oscuros han logrado desestabilizar en los últimos meses los Estados de Guerrero y Michoacán, generando una situación que se ha convertido para muchos observadores en la otra cara de la agenda de reformas del presidente Enrique Peña Nieto, tan elogiada internacionalmente. Tras ser criticado por su inacción, el Gobierno mexicano se decidió al fin el pasado jueves a intentar rescatar a Michoacán de la inseguridad. Un general de división, con manos libres para nombrar a sus colaboradores, será a partir de ahora el encargado de poner orden en el Estado.
El Gobierno del PRI llegó al poder en diciembre con la promesa de aplicar una nueva estrategia de seguridad, basada en la reducción de la violencia, pero aún no está claramente definida, ni tampoco ha dado frutos. El número de muertos desde entonces, más de 3.500, se mantiene en el promedio de los años del expresidente Felipe Calderón, y el número de secuestros también permanece estable. Los denunciados entre enero y febrero de 2011 fueron 217 y en los dos primeros meses de este año han sido 226, según datos del experto en seguridad Alejandro Hope. La formación de un nuevo cuerpo policial, la Gendarmería Nacional, sobre el modelo de la Guardia Civil española, que debería contar con 10.000 agentes a fines de año, ha suscitado dudas sobre su puesta en marcha por razones presupuestarias y de encaje con otras instituciones como el Ejército, la Marina y las policías federal, estatal y municipal.
El investigador Raúl Benítez, editor junto con el profesor Sergio Aguayo del Atlas de la seguridad y la defensa de México 2012, publicado en abril, opina que México libra tres guerras a la vez: “La del Estado contra las organizaciones criminales, la de estas entre sí y la de la parte limpia del Estado contra la contaminada. Y sin esta guerra contra la corrupción no tendrá éxito la otra”.
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