La patronal de Guatemala cierra filas en torno al exdictador Ríos Montt
El empresariado denuncia errores procesales en la sentencia contra el exdictador
Los líderes del sector privado afirman que la sentencia tiene sello ideológico
Ríos Montt rodeado de periodistas tras recibir su sentencia de cárcel. / j .d. l. (REUTERS)
Con el argumento de que el fallo que condenó por genocidio y delitos de lesa humanidad al exdictador Efraín Ríos Montt
está plagado de vicios e inconstitucionalidades, la todopoderosa
patronal guatemalteca, aglutinada en el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),
ha pedido al Tribunal Constitucional la anulación de un proceso que,
desde el punto de vista empresarial, “abona a la polarización y deja una
percepción muy clara de que la justicia ha sido presa del conflicto
ideológico”.
En un anuncio de pago publicado hoy en diferentes medios locales, los empresarios muestran su preocupación por “las graves faltas al debido proceso” observadas a lo largo de todo el juicio, “lo que ha quedado de manifiesto en los diversos procedimientos incumplidos, la forma en que se vulneró la legítima defensa, el principio de inocencia y no retroactividad de la ley, y la desobediencia pública del tribunal a las resoluciones emitidas por otras instancias judiciales”.
El empresariado, que se declaró en sesión permanente a partir del mediodía del domingo 12, “para analizar los alcances de la condena”, demanda del Constitucional “contribuir a la gobernabilidad y asegurar un efectivo Estado de derecho”, mientras “lamenta la intromisión y presión ejercidas por personas y organizaciones extranjeras en un proceso judicial guatemalteco”.
Esta actitud gremial no causa sorpresa. Menos cuando en una parte de la sentencia se lee que “el exterminio contra los ixiles se implementó como una forma de defender los intereses de las élites nacionales”. Esto, en un país donde históricamente el Ejército ha estado al servicio del gran capital. Los dirigentes empresariales rechazan esa tesis.
El historiador José Cal considera que el apoyo de la patronal “es una manera de legitimar la represión” y confirma que esta contó, desde el principio, con su apoyo. Para Edgar Gutiérrez, quien fuera la mano derecha del obispo Juan Gerardi en la elaboración del informe Guatemala, Nunca Más, el primer documento histórico sobre la represión militar, “la Patronal sobreestima el impacto de la sentencia”, y recuerda que aquí no se juzga al Estado de Guatemala, sino a dos personas en particular.
Gutiérrez recuerda que a un Estado sólo se le puede juzgar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hay denegación local de justicia, “justo lo contrario de lo que ha ocurrido en estos días”. Gutiérrez considera que recurrir al fantasma del retorno a la violencia política “está totalmente fuera de lógica en momentos en que el proceso contra Ríos Montt demuestra que estamos llegando a una etapa de madurez democrática”.
En un anuncio de pago publicado hoy en diferentes medios locales, los empresarios muestran su preocupación por “las graves faltas al debido proceso” observadas a lo largo de todo el juicio, “lo que ha quedado de manifiesto en los diversos procedimientos incumplidos, la forma en que se vulneró la legítima defensa, el principio de inocencia y no retroactividad de la ley, y la desobediencia pública del tribunal a las resoluciones emitidas por otras instancias judiciales”.
El empresariado, que se declaró en sesión permanente a partir del mediodía del domingo 12, “para analizar los alcances de la condena”, demanda del Constitucional “contribuir a la gobernabilidad y asegurar un efectivo Estado de derecho”, mientras “lamenta la intromisión y presión ejercidas por personas y organizaciones extranjeras en un proceso judicial guatemalteco”.
Esta actitud gremial no causa sorpresa. Menos cuando en una parte de la sentencia se lee que “el exterminio contra los ixiles se implementó como una forma de defender los intereses de las élites nacionales”. Esto, en un país donde históricamente el Ejército ha estado al servicio del gran capital. Los dirigentes empresariales rechazan esa tesis.
El historiador José Cal considera que el apoyo de la patronal “es una manera de legitimar la represión” y confirma que esta contó, desde el principio, con su apoyo. Para Edgar Gutiérrez, quien fuera la mano derecha del obispo Juan Gerardi en la elaboración del informe Guatemala, Nunca Más, el primer documento histórico sobre la represión militar, “la Patronal sobreestima el impacto de la sentencia”, y recuerda que aquí no se juzga al Estado de Guatemala, sino a dos personas en particular.
Gutiérrez recuerda que a un Estado sólo se le puede juzgar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hay denegación local de justicia, “justo lo contrario de lo que ha ocurrido en estos días”. Gutiérrez considera que recurrir al fantasma del retorno a la violencia política “está totalmente fuera de lógica en momentos en que el proceso contra Ríos Montt demuestra que estamos llegando a una etapa de madurez democrática”.
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