Los 37 ministros de Hollande hacen público su patrimonio
La operación de transparencia ha suscitado las críticas de la oposición
Los miembros del Gobierno no mostrarán la declaración de la renta para proteger a sus cónyuges
Hollande, en una rueda de prensa el pasado miércoles. / P. KOVARIK/POOL (EFE)
¿Puro strip-tease político, mero golpe de efecto, o primeras pruebas
de la prometida República ejemplar? La duda asalta todavía a muchos
franceses, pero la primera medida ordenada por François Hollande para
responder al escándalo de su exministro de Hacienda —que esconde desde hace 20 años su dinero en cuentas secretas de Suiza y Singapur— ha dado este lunes un aire febril, y más humano, a la siempre principesca clase política francesa.
Según lo prometido la semana pasada por el presidente, los 37 ministros y viceministros del Gabinete socialista han publicado esta tarde en la web gubernamental, una declaración firmada en la que detallan su patrimonio económico, mobiliario e inmobiliario.
La lista revela que el Gobierno de Hollande tiene en su equipo algunos ricos y millonarios, ocho en concreto, y una larga mayoría de ministros que están muy lejos de poder ser considerados como gente de dinero. El más pudiente, como se esperaba, es el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, hijo de un acaudalado marchante de arte.
Fabius posee tres casas: una palaciega en París, valorada en 2,75 millones de euros, que compró en 2008; otra en Ariège, valorada en 680.000 euros, y una tercera en la Alta Normandía (le costó 465.000 euros, pero la adquirió con un préstamo de 515.000 euros)
Además, posee participaciones en una empresa por 1.218.874 euros; títulos de bolsa por 66.000 euros, un seguro de vida de 516.349 euros, inversiones diversas por 630.000 euros más y un plan de pensiones con un depósito de 222.351 euros. En las cuentas corrientes, números rojos: declara 5.432 euros en la BNP, y un saldo negativo de 30.000 euros en el HSBC.
Mientras tanto, el súper ministro de Finanzas, Pierre Moscovici, que ya había avanzado que vive en un apartamento alquilado, está entre los más humildes. Tiene un piso en Montbeliard, cerca de Dijon, tasado en 200.000 euros; 17.368 euros en acciones de la Société Générale, un seguro de vida de 7.574 euros, 13.400 euros en la cuenta corriente y 30.000 euros en valores mobiliarios.
Un poco más boyante anda el barcelonés Manuel Valls (Interior), que declara una propiedad inmobiliaria en Évry, cerca de París, de 88m2 (254.500 euros), y un piso en la capital de 44m2 (tasado en 315.000 euros). Sus cuatro cuentas reflejan un balance modesto: 108 euros; 16,9 euros, 985,3 euros y 478,8 euros, respectivamente Y tiene que pagar dos créditos. Uno de 70.000 euros (personal) y otro de 236.000 euros (hipotecario).
El primer ministro, Jean Marc Ayrault, profesor de profesión, y alcalde de Nantes desde hace muchos años, puede considerarse afortunado. Tiene una casa en la capital atlántica que vale 650.000 euros; otra en la bretona Sarzeau de 540.000 euros, además de un seguro de vida y un plan de Pensiones por 100.000 euros, y 78.000 más en cuentas corrientes y libretas de ahorro.
Michel Sapin (Trabajo) es terrateniente y le gusta invertir en ladrillo. Tiene casa y tierras agrícolas en Argenton-sur-Creuse por un valor total de unos 940.000 euros, un apartamento en París (distrito 7) de 55 metros cuadrados y 600.000 euros, y otras residencias en Notre-Dame-de-Belle-Combe e Ille D’Yeu (280.000 y 250.000 euros, respectivamente). Con 4.000 euros en la cuenta, y 146.000 ahorrados, debe 138.000 euros al banco y tiene un barquito de pesca de 4.000 euros.
Entre los ministros menos conocidos, la ministra de Justicia,
Christine Taubira, nacida en Cayena (Guyana Francesa), posee allí una
casa que vale 70.000 euros, varios terrenos tasados en 110.500, un
seguro de vida de 84.925 euros y 65.000 euros en la cuenta corriente.
Taubira declara también un coche Hyundai de 13.000 euros y tres
bicicletas -900 euros-.
Una decena de ministros había ido preparando el terreno en los últimos días adelantando sus patrimonios en la prensa. No por casualidad, Arnaud Montebourg (Recuperación Productiva), Marie-Arlette Carlotti (Exclusión Social), Cécile Duflot (Vivienda) y Pascal Canfin (Desarrollo) han revelado poseer unos bienes bastante exiguos, aunque desde luego superiores a los de la ministra más joven, y de lejos la más pobre de los 37, que es la titular de Igualdad y portavoz, la franco-marroquí Najat Vallaud-Belkacem.
A sus 35 años, NVB solo declara tener 25.000 euros de ahorros y una motocicleta que compró por 1.500 euros en 2008 y que ahora vale 500 euros.
Muy por encima se sitúa la ministra de Salud, Marisol Touraine, que ha admitido que paga el temido Impuesto sobre la Fortuna (ISF), una tasa que solo se aplica a los contribuyentes que poseen un patrimonio neto superior a 1,3 millones de euros.
Junto a ella, la ministra delegada para la Tercera Edad, Michèle Delaunay, está entre los dos o tres más pudientes del Gabinete. Su fortuna se eleva a 5,4 millones de euros, procedentes en su mayoría de una herencia, según explicó. “Sé que es un patrimonio importante, y que será difícilmente comprensible para la mayoría de franceses, que pasa dificultades”, dijo. “La oposición no dejará de deleitarse con mi imagen de la socialista rica”.
El presidente de la República no ha predicado con el ejemplo porque ya hizo público su patrimonio durante la campaña electoral. El viceministro del Sector Agroalimentario, Guillaume Garot, recordó que, al llegar al Elíseo, Hollande impuso una rebaja del 30% a su sueldo y al de los ministros.
El trámite de la auto declaración no incluye finalmente las hojas de las declaraciones de la renta para respetar la privacidad de terceros (cónyuges y demás parentela), pero así y todo ha suscitado agrias críticas de la oposición, que acusa a Hollande de fomentar el voyeurismo y las sospechas de los ciudadanos contra la clase política.
Según el líder de la UMP, Jean-François Copé, lo importante no es saber cuánto dinero tiene cada cuál, “sino si los políticos se han enriquecido o no gracias a la política. El resto es voyeurismo”. Copé ha rechazado publicar la lista de sus bienes hasta que la ley anunciada por Hollande le obligue a hacerlo.
Otros dirigentes de la derecha han salido al ruedo mediático para atacar la operación. El exministro de Agricultura Dominique Bussereau definió la confesión colectiva como “el gran strip-tease del Crazy Horse (un famoso cabaret) gubernamental”. Y Henri Guaino, el diputado que escribía los discursos de Sarkozy, y que es uno de los más intolerantes adversarios del matrimonio gay, señaló: “Estamos montando una sociedad de la sospecha, de la presunción de culpabilidad, de los celos y la envidia, de lo más detestable”.
Las encuestas revelan que el 63% de los franceses considera positivo que los cargos electos hagan públicos sus patrimonios, aunque un 70% añade que le produce indiferencia conocerlos en detalle.
La apuesta de Hollande ha molestado también a algunos dirigentes del Partido Socialista, como Claude Bartolone, presidente de la Asamblea Nacional, que ha advertido que la exigencia de transparencia total a todos los cargos públicos puede acabar alimentando el populismo.
En esa línea, el politólogo Pierre Birnbaum ha dicho en Le Monde que la diatriba de Hollande contra “la deriva del dinero y la oscuridad de la finanzas ocultas” recuerda a expresiones de los años veinte y treinta que pertenecen al “viejo fondo semántico de la extrema izquierda y la extrema derecha”.
La reacción de Hollande, que se explica por la necesidad de replicar rápido y con firmeza al escándalo Cahuzac, desprende cierto tufo a propaganda. En realidad, las medidas por la ejemplaridad y contra el conflicto de intereses estaban ya en su programa electoral. La paradoja es que, ahora, algunas son más leves de lo que eran, e incluso más suaves de lo que recomendó el informe de la Comisión Jospin para moralizar la política, cuyas conclusiones Hollande recibió en noviembre.
Por ejemplo, la obligación de que los bancos publiquen sus filiales país por país y expliquen la naturaleza de sus actividades existe ya en la ley bancaria que se debate en el Parlamento, aunque es bastante más descafeinada que la promesa electoral que anunció que los bancos no podrían ejercer en paraísos fiscales.
Dominique Rousseau, profesor en la Sorbona y miembro de la comisión Jospin, ha escrito que lo urgente “es exigir la imparcialidad de los gestores del dinero público, no su transparencia”, y que es esencial que en los órganos de control no haya “enarcas” (diplomados de la Escuela Nacional de Administración, como el propio Hollande), pues estos copan las cúpulas de bancos y empresas privadas y públicas.
El plan de choque moralizador presenta otros riesgos políticos, dicen sus críticos, porque los franceses nunca han tolerado la riqueza, y el morbo de las cifras podría volverse contra los socialistas si el público cree que el tren de vida de sus gobernantes es demasiado confortable para la crisis económica y el elevado paro que sufre el país. Pero Hollande trata de hacer de la necesidad virtud, y cree, al revés, que solo una transparencia ejemplar le permitirá superar el escándalo del evasor que luchaba contra el fraude fiscal.
Según lo prometido la semana pasada por el presidente, los 37 ministros y viceministros del Gabinete socialista han publicado esta tarde en la web gubernamental, una declaración firmada en la que detallan su patrimonio económico, mobiliario e inmobiliario.
La lista revela que el Gobierno de Hollande tiene en su equipo algunos ricos y millonarios, ocho en concreto, y una larga mayoría de ministros que están muy lejos de poder ser considerados como gente de dinero. El más pudiente, como se esperaba, es el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, hijo de un acaudalado marchante de arte.
Fabius posee tres casas: una palaciega en París, valorada en 2,75 millones de euros, que compró en 2008; otra en Ariège, valorada en 680.000 euros, y una tercera en la Alta Normandía (le costó 465.000 euros, pero la adquirió con un préstamo de 515.000 euros)
Además, posee participaciones en una empresa por 1.218.874 euros; títulos de bolsa por 66.000 euros, un seguro de vida de 516.349 euros, inversiones diversas por 630.000 euros más y un plan de pensiones con un depósito de 222.351 euros. En las cuentas corrientes, números rojos: declara 5.432 euros en la BNP, y un saldo negativo de 30.000 euros en el HSBC.
Mientras tanto, el súper ministro de Finanzas, Pierre Moscovici, que ya había avanzado que vive en un apartamento alquilado, está entre los más humildes. Tiene un piso en Montbeliard, cerca de Dijon, tasado en 200.000 euros; 17.368 euros en acciones de la Société Générale, un seguro de vida de 7.574 euros, 13.400 euros en la cuenta corriente y 30.000 euros en valores mobiliarios.
Un poco más boyante anda el barcelonés Manuel Valls (Interior), que declara una propiedad inmobiliaria en Évry, cerca de París, de 88m2 (254.500 euros), y un piso en la capital de 44m2 (tasado en 315.000 euros). Sus cuatro cuentas reflejan un balance modesto: 108 euros; 16,9 euros, 985,3 euros y 478,8 euros, respectivamente Y tiene que pagar dos créditos. Uno de 70.000 euros (personal) y otro de 236.000 euros (hipotecario).
El primer ministro, Jean Marc Ayrault, profesor de profesión, y alcalde de Nantes desde hace muchos años, puede considerarse afortunado. Tiene una casa en la capital atlántica que vale 650.000 euros; otra en la bretona Sarzeau de 540.000 euros, además de un seguro de vida y un plan de Pensiones por 100.000 euros, y 78.000 más en cuentas corrientes y libretas de ahorro.
Michel Sapin (Trabajo) es terrateniente y le gusta invertir en ladrillo. Tiene casa y tierras agrícolas en Argenton-sur-Creuse por un valor total de unos 940.000 euros, un apartamento en París (distrito 7) de 55 metros cuadrados y 600.000 euros, y otras residencias en Notre-Dame-de-Belle-Combe e Ille D’Yeu (280.000 y 250.000 euros, respectivamente). Con 4.000 euros en la cuenta, y 146.000 ahorrados, debe 138.000 euros al banco y tiene un barquito de pesca de 4.000 euros.
Los patrimonios de los ministros
Jean-Marc Ayrault (primer ministro)
- Una casa en Nantes (650.000 euros)
- Otra en Sarzeau (540.000 euros)
- Seguro de Vida y plan de Pensiones por 100.000 euros
- Cuentas corrientes conjuntas y libretas: Unos 78.000 euros
Laurent Fabius (Asuntos Exteriores)
- Apartamento en París: 2,75 millones
- Casa en Ariège 680.000
- Casa en Alta Normandía: 465.000 euros, comprada con un préstamo de 515.000 euros
- Una Sicav de 1.218.874 euros
- Títulos en PME energía solar. 66.000 euros
- Seguro de Vida: 516.349
- Cuentas corrientes: 5.432 en la BNO y -30.000 euros en el HSBC
- Otros valores mobiliarios. 630.000 euros
- Plan Pensiones: 222.351 euros
Pierre Moscovici (Economía y Finanzas)
- Piso en Montbeliarde: 200.000 euros
- Bolsa: 17.368 (Societé Generale)
- Seguro de vida: 7.574 euros
- Cuentas corrientes: 13.400 euros
- Otros bienes mobiliarios: 30.000 euros
Manuel Valls (Interior)
- Una casa en Evry de 88m2: 254.500 euros
- Un piso en París de 44m2: 315.000 euros
- Cuentas: 108 euros, 16,9, 985,3 y 478,8
- Créditos: 70.000 euros (personal) y 236.000 euros (hipotecario)
Michel Sapin (Trabajo)
- Casa en Argenton-sur-Creuse de 700 metros. 350.000 euros
- Tierras agrícolas: 590.000 euros
- Apartamento en París (distrito 7) de 55 metros: 600.000 euros
- Casa en Notre-Dame-de-Belle-Combe de 11 metros: 280.000 euros
- Casa en Ille D’Yeu: 250.000 euros
- Cuentas corrientes: 4.000 euros
- Otros bienes mobiliarios: 146.000 euros
- Barco de pesca. 4.000 euros
- Préstamos: 138.000 euros (2009).
Christine Taubira (Justicia)
- Una casa en Cayenne: 70.000 euros
- Terrenos en Cayenne y Rouza: 110.500 euros
- Seguro de vida : 84.925 euros
- Cuentas corrientes: 65.000 euros
- Un coche Hyundai: 13.000 euros
- Tres bicicletas: 900 euros
Una decena de ministros había ido preparando el terreno en los últimos días adelantando sus patrimonios en la prensa. No por casualidad, Arnaud Montebourg (Recuperación Productiva), Marie-Arlette Carlotti (Exclusión Social), Cécile Duflot (Vivienda) y Pascal Canfin (Desarrollo) han revelado poseer unos bienes bastante exiguos, aunque desde luego superiores a los de la ministra más joven, y de lejos la más pobre de los 37, que es la titular de Igualdad y portavoz, la franco-marroquí Najat Vallaud-Belkacem.
A sus 35 años, NVB solo declara tener 25.000 euros de ahorros y una motocicleta que compró por 1.500 euros en 2008 y que ahora vale 500 euros.
Muy por encima se sitúa la ministra de Salud, Marisol Touraine, que ha admitido que paga el temido Impuesto sobre la Fortuna (ISF), una tasa que solo se aplica a los contribuyentes que poseen un patrimonio neto superior a 1,3 millones de euros.
Junto a ella, la ministra delegada para la Tercera Edad, Michèle Delaunay, está entre los dos o tres más pudientes del Gabinete. Su fortuna se eleva a 5,4 millones de euros, procedentes en su mayoría de una herencia, según explicó. “Sé que es un patrimonio importante, y que será difícilmente comprensible para la mayoría de franceses, que pasa dificultades”, dijo. “La oposición no dejará de deleitarse con mi imagen de la socialista rica”.
El presidente de la República no ha predicado con el ejemplo porque ya hizo público su patrimonio durante la campaña electoral. El viceministro del Sector Agroalimentario, Guillaume Garot, recordó que, al llegar al Elíseo, Hollande impuso una rebaja del 30% a su sueldo y al de los ministros.
El trámite de la auto declaración no incluye finalmente las hojas de las declaraciones de la renta para respetar la privacidad de terceros (cónyuges y demás parentela), pero así y todo ha suscitado agrias críticas de la oposición, que acusa a Hollande de fomentar el voyeurismo y las sospechas de los ciudadanos contra la clase política.
Según el líder de la UMP, Jean-François Copé, lo importante no es saber cuánto dinero tiene cada cuál, “sino si los políticos se han enriquecido o no gracias a la política. El resto es voyeurismo”. Copé ha rechazado publicar la lista de sus bienes hasta que la ley anunciada por Hollande le obligue a hacerlo.
Otros dirigentes de la derecha han salido al ruedo mediático para atacar la operación. El exministro de Agricultura Dominique Bussereau definió la confesión colectiva como “el gran strip-tease del Crazy Horse (un famoso cabaret) gubernamental”. Y Henri Guaino, el diputado que escribía los discursos de Sarkozy, y que es uno de los más intolerantes adversarios del matrimonio gay, señaló: “Estamos montando una sociedad de la sospecha, de la presunción de culpabilidad, de los celos y la envidia, de lo más detestable”.
Las encuestas revelan que el 63% de los franceses considera positivo que los cargos electos hagan públicos sus patrimonios, aunque un 70% añade que le produce indiferencia conocerlos en detalle.
La apuesta de Hollande ha molestado también a algunos dirigentes del Partido Socialista, como Claude Bartolone, presidente de la Asamblea Nacional, que ha advertido que la exigencia de transparencia total a todos los cargos públicos puede acabar alimentando el populismo.
En esa línea, el politólogo Pierre Birnbaum ha dicho en Le Monde que la diatriba de Hollande contra “la deriva del dinero y la oscuridad de la finanzas ocultas” recuerda a expresiones de los años veinte y treinta que pertenecen al “viejo fondo semántico de la extrema izquierda y la extrema derecha”.
La reacción de Hollande, que se explica por la necesidad de replicar rápido y con firmeza al escándalo Cahuzac, desprende cierto tufo a propaganda. En realidad, las medidas por la ejemplaridad y contra el conflicto de intereses estaban ya en su programa electoral. La paradoja es que, ahora, algunas son más leves de lo que eran, e incluso más suaves de lo que recomendó el informe de la Comisión Jospin para moralizar la política, cuyas conclusiones Hollande recibió en noviembre.
Por ejemplo, la obligación de que los bancos publiquen sus filiales país por país y expliquen la naturaleza de sus actividades existe ya en la ley bancaria que se debate en el Parlamento, aunque es bastante más descafeinada que la promesa electoral que anunció que los bancos no podrían ejercer en paraísos fiscales.
Dominique Rousseau, profesor en la Sorbona y miembro de la comisión Jospin, ha escrito que lo urgente “es exigir la imparcialidad de los gestores del dinero público, no su transparencia”, y que es esencial que en los órganos de control no haya “enarcas” (diplomados de la Escuela Nacional de Administración, como el propio Hollande), pues estos copan las cúpulas de bancos y empresas privadas y públicas.
El plan de choque moralizador presenta otros riesgos políticos, dicen sus críticos, porque los franceses nunca han tolerado la riqueza, y el morbo de las cifras podría volverse contra los socialistas si el público cree que el tren de vida de sus gobernantes es demasiado confortable para la crisis económica y el elevado paro que sufre el país. Pero Hollande trata de hacer de la necesidad virtud, y cree, al revés, que solo una transparencia ejemplar le permitirá superar el escándalo del evasor que luchaba contra el fraude fiscal.
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