Carlos Castresana, un español honesto.

El español Carlos Castresana fue jefe durante 3 años de La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y tuvo que abandonar el país por las constantes amenazas de muerte en su contra.

Inició una investigación que hace unos días culminó con la detención en Madrid de Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación de Guatemala, por su presunta implicación en la ejecución extrajudicial de siete presos.

También logró la detención y juicio al expresidente Alfonso Portillo, por lavado de fondos públicos.

Hace un par de meses dejó el cargo y volvió a España, donde ocupa una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo. La campaña de acoso y derribo desatada contra él, así como el serio riesgo que corría su vida, fueron el desencadenante de su regreso.

"Tengo un documento que se incautó a unos grupos clandestinos que decía que yo era incorruptible, lo cual les agradezco".

Carlos Castresana Fernández (Madrid, 1957) cree que Guatemala está muy mal, pero que si se organiza debidamente, tiene salvación y no es un país condenado a convertirse en un Estado fallido. Cuando él llegó allí en 2007 era el flamante comisionado designado por la ONU, pero no tenía personal, ni sede, ni presupuesto, ni infraestructura.

Cuando aterrizó de lleno, se dio cuenta de que la situación era peor de lo que él mismo creía: había una corrupción endémica, una situación casi de colapso del sistema de seguridad y justicia, de forma tal que el 98 por ciento de los delitos quedaban impunes. No solo las instituciones eran ineficientes, sino que estaban infiltradas y controladas por estructuras criminales muy poderosas que las impedían funcionar.

En el año 1996, tras los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en Guatemala, los grupos que hasta entonces habían estado envueltos en la violación de derechos humanos, en el tráfico de armas o de drogas deciden apoderarse de la policía y la judicatura para garantizarse su impunidad. Esos grupos, explica hoy Castresana, vienen a decir: "Pongamos nosotros a nuestros peones dentro del sistema judicial para asegurarnos de que ninguna acción que pueda dirigirse contra nosotros pueda prosperar".

"Lo primero que hice fue limpiar la Policía Nacional Civil, la fiscalía general y el organismo judicial. Con la dificultad de que remover a los jueces era más difícil porque la presidencia de la República no podía incidir en ese sistema. En el primer año contribuimos a la destitución del director y subdirector de la policía, que estaban involucrados en la estructura de corrupción. En 2009 metimos en la cárcel a los siguientes directores de la policía por narcotráfico. La policía era la institución que estaba peor. Comprobamos con hechos que toda la cúpula del ministerio fiscal estaba involucrada y el propio fiscal era incapaz de hacer frente a la impunidad. Por eso me fui a ver al presidente de la República y le pedí que lo destituyera. Así, en julio de 2009 fue destituido el fiscal Juan Luis Florido y fue nombrado otro fiscal general, que pidió la renuncia de todos los jefes de las fiscalías más importantes, a la vez que se creaba la fiscalía especial de la CICIG.

-¿Y la judicatura?

-En octubre de 2009 aprovechamos la renovación de la Corte Suprema y conseguimos que tres magistrados fueran removidos después de ser electos y que otros tres no llegaran a ser electos. Eso tuvo unos efectos muy benéficos: fue un mensaje muy claro para el resto de los jueces ordinarios, que pensaron que si la comisión internacional era capaz de remover magistrados de la Corte Suprema, podrían remover a cualquiera. Y hubo un cambio de actitud.

-Su pelea por el nombramiento de jueces y fiscales limpios en Guatemala fue una constante durante su mandato. Otra de estas batalla fue el caso del fiscal general Conrado Reyes, ¿no?

-Lo que sucedió es que el presidente de la República, Álvaro Colom, nombró inopinadamente en 2010 a una persona que claramente no era idónea. En una semana tuvimos las evidencias de que estaba abriendo la puerta a los sectores más corruptos y algunos vinculados al crimen organizado. Ese fue uno de los detonantes de mi renuncia porque yo le había pedido al presidente reiteradamente que no nombrase a esta persona. Después de nombrarla, le pedí con mucha contundencia que le destituyera. El presidente nunca le destituyó. En esas condiciones, yo no podía seguir trabajando porque mi contraparte principal era el fiscal general. Afortunadamente, mi renuncia sirvió como revulsivo y tres días después la Corte de Constitucionalidad destituyó a Reyes.

Otro asunto en el que Castresana intervino decisivamente fue en el arresto de Alfonso Portillo, presidente de Guatemala entre 2000 y 2004. Para ello tuvo que conseguir que la fiscalía federal de Manhattan (Estados Unidos) le acusara de lavado de dinero. "Eso supuso un cambio histórico en la percepción que en Guatemala había sobre la administración de justicia", recuerda el fiscal español con orgullo. "Permitió a los guatemaltecos albergar la esperanza de que el sistema de justicia funcione al demostrar que no hay nadie por encima de la ley. Ese era un mensaje que Guatemala necesitaba.

El fiscal pudo comprobar el altísimo índice de criminalidad que padece el país centroamericano. No solo por la delincuencia común tradicional, sino por las maras, que son auténticos ejércitos con miles de miembros, menores de edad, que no tienen ningún respeto por la vida, junto con las bandas de crimen organizado locales y transnacionales.

Lo sabe bien Castresana, que explica: "El fenómeno delictivo es desbordante y la capacidad del Estado ha quedado rebasada. En ese contexto fue cuando Guatemala acudió a la ONU y le pidió ayuda a la vista de que el resultado de sus tribunales era tan escuálido como que el 98 por ciento de los delitos quedaban impunes. Después de 36 años de guerra civil, se estima que hay 300 mil armas de fuego en circulación fuera de control. Es una situación explosiva".

Pero ahí no acaban los acuciantes problemas del país, azotado por lo que se conoce como limpieza social: la manera brutal y despiadada de eliminar a prostitutas, toxicómanos, niños de calle, jóvenes miembros de las maras...

La tentación es tomarse la justicia por propia mano. Y hay un sector muy importante de la sociedad guatemalteca que todavía hoy bendice esa clase de acciones y dice: como el delincuente va a ser absuelto, mejor matémosle y así nos ahorramos el juicio y nos aseguramos de que no vuelve a hacer daño.

Esa especie de escuadrones de la muerte han existido durante todos los Gobiernos desde la firma de los acuerdos de paz... y los sigue habiendo con el actual presidente, Colom, según Castresana. Como tampoco se aprecia una disminución en esa terrible tragedia que supone el asesinato de mujeres (un promedio de 700 cada año), víctimas de la violencia de género.

-Esa labor suya de limpieza no sería pacífica... Supongo que usted y sus colaboradores sufrirían amenazas. ¿En algún momento temió por su integridad?

En el último año hicimos 150 capturas de personajes de primer nivel: un ex presidente de la República, un ministro de Defensa, un ministro de Finanzas, cuatro ministros de Gobernación, dos directores generales de la policía, dos fiscales generales, tres magistrados de la Corte Suprema... El éxito en esas investigaciones nos dio un apoyo popular, pero también una acumulación creciente de enemigos en los partidos y los poderes fácticos.

-¿Se sintió usted en peligro?

-Sí. En mi última etapa, mi jefe de seguridad llegó a pedirme que saliera del país y dirigiera la comisión fuera de Guatemala. Había una incipiente organización de un atentado que habría culminado con un intento de matarme. Había una trama constituida para matarme.

-Durante su mandato hubo quienes le acusaron de cobrar un sueldo de 25.000 dólares al mes, además de mantener unas relaciones adúlteras con una abogada jamaicana que estaba a sus órdenes y a la que había colocado.

Yo había padecido cosas parecidas en España, pero aquí eso no incidía de una manera tan significativa en el trabajo ni en los resultados. Allí, en Guatemala, llegó un momento en el que sí afectaba. Era una campaña de dos individuos de extrema derecha.

-Dice que intentaron desprestigiarle y matarle. ¿No intentaron corromperle?

-No, nunca lo intentaron. Tengo guardado un documento que se incautó a unos grupos clandestinos en el que se decía que yo era incorruptible, lo cual les agradezco. Habían pensado corromperme. Pero el documento decía literalmente: "Descartado; es incorruptible".

-¿Qué piensa de la justicia universal?

-Creo que la CICIG es un modelo intermedio entre la justicia estrictamente doméstica y la justicia internacional pura. La comunidad internacional, desde Naciones Unidas, puede ayudar a un Estado miembro que se encuentre en graves apuros de seguridad y justicia. Una fiscalía internacional que ayude a la fiscalía local a traer casos ante los tribunales locales está demostrándose como un remedio eficaz y no tan invasivo como la justicia puramente internacional, que implica una cierta lesión a la soberanía, al llevarse a los inculpados a La Haya.

-¿No está habiendo en España un cuestionamiento, un retroceso, en el concepto de justicia internacional?

Castresana fue pionero en la lucha contra la corrupción en España. Ahora que ha vuelto a casa, después de tres años de ausencia, se ha encontrado con asuntos como el caso Malaya, el caso Gürtel y otros que salpican a políticos e instituciones.

-Viniendo desde fuera se percibe en la vida pública una crispación que no está justificada. El país no está tan mal. No hay más que comparar con América Latina, donde hay pobreza extrema.

-¿Qué se puede hacer?

-Yo creo que hay que hacer pedagogía y decirles a los ciudadanos: ustedes son los dueños, los políticos son solo gestores, y no pueden tolerar esa clase de conducta. ¿Queremos parecernos a una república bananera o a un Estado de derecho donde los bolsillos de los gobernantes son de cristal? Yo creo que tenemos que aspirar a que los bolsillos de los gobernantes sean de cristal.

Carlos Castresana deja en Guatemala un legado de trabajo honesto, por el cual fue amenazado de muerte.

La justicia tarda en aplicarse, por lo que debe ser más expedita para que la sociedad recupere la confianza en el sistema judicial.